5 obras estatales que son íconos de sobrecostos y atrasos

Nota del editor: Esta nota se publicó originalmente en la edición especial digital de la revista Obras, en enero de 2018, El diseño robotizado, ¿enemigo o aliado?

La inversión física de la actual administración federal es la más baja de los últimos 10 años y la proyección para 2018 no cambia la tendencia.

En contraste, el gasto para estados y municipios se ha mantenido, con cargo para la infraestructura nacional y sus grandes proyectos ahora detenidos. Tan solo entre 2016 y 2017, la inversión física tuvo una reducción de 24.6%, calcula Ernesto Cervera, el director general del Grupo de Economistas y Asociados (GEA), 

En el presupuesto 2018, el Ejecutivo destina a la construcción de obra pública (salarios, operación, generación del proyecto, proyecto de preinversión, entre otros) 2.5% del Producto Interno Bruto (PIB), la proporción más baja registrada desde 2007, cuando fue de 2.8%, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Proyecto del Presupuesto de Egresos 2018.

Ernesto Cervera ha calificado como "ajuste bestial" la caída del gasto programable, de 10.6%, que signifi ca que la inversión directa está cayendo a tasas de 25%, con un costo que se verá en algunos años.

Explica que ese ajuste tan "draconiano" ha permitido seguir financiando a estados y municipios, los que "pueden decir que la estatua que acaban de construir es inversión pública".

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Justo en el gasto federalizado que traslada el Gobierno de la República a estados y municipios, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) aplicó 4,168 auditorías entre 2013 y 2016, de las cuales 123 correspondieron a a inversiones físicas, es decir, obra que estados y municipios construyeron con recursos de la Federación, de las que derivaron 557 solicitudes de aclaración, 407 recomendaciones, 384 promociones de responsabilidad administrativa, 150 pliegos de observación y sólo un fincamiento de responsabilidad administrativa que correspondió al gobierno de Javier Durante, en Veracruz.

Lo auditado equivale a un monto por recuperar o aclarar por 23,358.4 millones de pesos (mdp) solo para el caso de la inversión física del gasto federalizado. En octubre pasado, la ASF emitió un informe especial sobre la problemática en materia de obra pública y servicios relacionados con las misma en 2011-2016.

Allí analizó 15 contratos celebrados por 12 entidades (Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Veracruz, Yucatán y Zacatecas) y un gobierno municipal (León, Guanajuato).

El insuficiente desarrollo de los proyectos ejecutivos y distintos problemas de índole social que retrasaron obras, especialmente los relacionados con los derechos de vía, la tenencia de la tierra y la servidumbre de paso, fueron los resultados.

También destacó el incrementos en los importes contratados de hasta 99.7% y desfases de 356 a 1,583 días naturales, que significaron un aumento de 238.1% respecto de los plazos originales. Obras presenta aquí algunos ejemplos de las auditorías a obra pública estatal entre 2013 y 2016.

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Obras presenta aquí algunos ejemplos de las auditorías a obra pública estatal entre 2013 y 2016.

 

1. Aguascalientes
Hospital Hidalgo
Auditado en 2015 y 2016

Esta obra se inició en 2008, se pagó en 2010 y no se concluyó. En 2015 se retomaron los trabajos para terminarlos en 2016, con una inversión de 954.3 mdp del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, de la subcuenta del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos. Hasta mayo de 2016, la obra presentaba un avance de 45 por ciento. La ASF determinó que el gobierno del priista Carlos Lozano de la Torre adjudicó de manera indebida los contratos: Vo.Bo 0533-185 y Vo.Bo.-0532-184 a la empresa Epccor y con ello el costo de la obra aumentó 33.5 millones de pesos. Por esa razón no se obtuvieron las mejores condiciones disponibles en cuanto a recio, calidad, financiamiento y oportunidad. A la fecha, esta obra tiene en seguimiento tres recomendaciones, una solicitud de aclaración y una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria por la asignación irregular de los contratos.

2. Puebla

Segundo Piso Autopista México-Puebla
Auditada en 2014 y 2015

Fue concesionado por el gobierno de Puebla a Autovías Concesionadas OHL, SA de CV, como pago de una indemnización por el rescate del Libramiento Norte de la Ciudad de Puebla. El presupuesto planeado de 10,000 mdp se elevó a 10,500 mdp. Tan solo para 2014 pasó de 2,500 a 3,098 mdp. En la revisión de la Cuenta Pública de 2014, la ASF advirtió que los automovilistas pagaban un costo por kilómetro de 4.14 pesos, contra 94 centavos que pagaban en la autopista federal México-Puebla, 339.9% más. La ASF determinó 1,342 mdp por aclarar o recuperar, casi la tercera parte del costo total de la obra. Están vigentes tres promociones de responsabilidad administrativa y ocho solicitudes de aclaración.

En noviembre de 2016, la ASF comprobó que la obra no tenía autorizado en su totalidad el proyecto ejecutivo ni se contaba con la documentación que acreditara las modificaciones efectuadas, pero ya estaba concluida y en operación.

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3. Puebla
Transporte Masivo de la Cuenca Norte-Sur de la Zona Metropolitana Auditada en 2015

Mediante licitación pública nacional, el gobierno de Puebla adjudicó el contrato OP/LPNN15/SI- 20130197 para la construcción del proyecto a Cemex Concretos, por 350.8 mdp que provinieron del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin). Al 30 de junio de 2015, y concluida la obra, su costo se elevó a 612.7 mdp, 74.7% más respecto del original. La ASF encontró que el gobierno de Puebla pagó obras no ejecutadas y autorizó 575 precios extraordinarios, aun cuando algunos no contaron con el soporte ni los apoyos que permitieran examinarlos. Se emitieron ocho promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y ocho pliegos de observaciones por un probable daño o perjuicio a la hacienda federal por 86.2 mdp. Siguen vigentes 8 promociones de responsabilidad administrativa y hay por aclarar 2.1 mdp.

4. Quintana Roo
Construcción del Hospital de Especialidades
de Chetumal (1a Etapa).
Auditadas en 2015 y 2016

En octubre de 2014 el Seguro Popular autorizó al gobierno del priista Roberto Borge, recursos para la construcción de la primera etapa del hospital para la atención de enfermedades oncológicas. El contrato se adjudicó a Promotora NC, y fijó un plazo de 279 días para concluir la obra con un costo de 184.8 mdp. Dos días después del inicio, el gobierno de Borge firmó un convenio para ampliar a 156 días el plazo, con fecha de entrega el 10 de mayo de 2016. Eso implicó un incremento de 104 mdp. La ASF comprobó en 2016 que los "conceptos de concurso se modificaron de manera importante y se incluyeron conceptos extraordinarios que incrementaron significativamente el monto y el plazo originales del contrato". Y que la obra tenía "evidentes deficiencias en el procedimiento constructivo". Casi dos años después de su inicio, la construcción estaba suspendida y había sólo un avance de 40.3 por ciento. El contrato fue rescindido en enero de 2017 por el gobierno de Carlos Joaquín Gonzáez.

5. Jalisco
Edificio para Salas de Juicios Orales en Materia Penal en el Municipio de Tonalá Auditado en 2015.

Esta obra, construida frente al penal de Puente Grande concluyó en 2016. Su costo se previó en 197.03 mdp; tuvo un incremento de 90.4% y un desfasamiento de 90 días por "indefinición de especificaciones generales y particulares de construcción", según la ASF. La Auditoría encontró que la obra se realizó con base en una licitación y contratación que no corresponden con lo ejecutado. Emitió 18 observaciones: tres promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y observaciones por probable daño a la hacienda federal por 11.2 mdp.

 

6. Nuevo León
Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo
Metrorrey
Auditada en 2014, 2015 y 2016

Arrancó en marzo de 2013 con un presupuesto previsto de 5,692.50 mdp; elevó su costo 47.2 por ciento, su apertura estaba prevista para 2015. Bajo el argumento de falta de recursos, el entonces gobernador neoleonés Jaime Rodríguez frenó las obras. En 2017 con la liberación de 600 millones de pesos se reanudó la construcción. Se prevé que otro monto similar se otorgue en enero 2018 para conseguir su puesta en operación a finales de este año. Producto de las tres auditorías aplicadas, la obra tiene un monto de 100.3 mdp por recuperar o aclarar y 35 acciones en seguimiento, entre ellas, una promoción de responsabilidad administrativa, 20 solicitudes de aclaración y 14 pliegos de observaciones. Desde 2014, la ASF advirtió que la obra no contaba con la ingeniería ni el proyecto ejecutivo y en 2015 detectó pagos indebidos por conceptos fuera de catálogo en las obras, por diferencias en la integración de precios unitarios y entre los volúmenes pagados y cuantificados en el proyecto, así como por la duplicación de pago en trabajos y por no aplicar retenciones a los contratistas por incumplimiento en el contrato.

7. Yucatán
Construcción del Hospital Materno-Infantil de 160 Camas en Mérida
Auditado en 2016

Esta obra tenía un presupuesto previsto de 261 mdp tuvo un retraso de 270 días en la construcción. En su informe 2016, la ASF encontró en la obra trabajos de mala calidad que no cumplieron los requerimientos técnicos. También advirtió que el gobierno de Rolando Zapata Bello no evaluó correctamente la propuesta técnica de dos licitantes debido a que no presentaron los documentos requeridos en las bases de la licitación, lo cual era causa de descalificación. No obstante, el gobierno adjudicó a uno de ellos el contrato de obra pública. A la fecha la obra tiene pendientes de 7.3 mdp por aclarar o recuperar, y tres promociones de responsabilidad administrativa por cumplir. Su inauguración se prevé este 2018.