El IMCO alerta por riesgo de corrupción en el Tren México-Toluca
El Tren México-Toluca, uno de los grandes proyectos de infraestructura del gobierno de Enrique Peña Nieto, ha tenido un proceso de contratación desorganizado y opaco, pues faltan documentos que puedan mostrar cómo se invirtió el presupuesto, advirtió este miércoles el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
De acuerdo con una investigación del Instituto, la obra tiene un sobrecosto de más de 50%, ya que el Tren México-Toluca fue cotizado en 38,000 millones de pesos, aunque en el proyecto de Presupuesto de Egresos de 2018 el costo asciende a 59,000 millones de pesos.
El análisis costo-beneficio del Tren México-Toluca menciona que si el costo de la obra es mayor a 25% del original, el proyecto deja ser socialmente rentable. Es decir, de acuerdo con la misma Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la obra ha dejado de ser rentable, destaca el IMCO en un boletín emitido este miércoles.
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"No sabemos cuánto se ha gastado, ni cuánto va a costar finalmente. Preguntamos también sobre la obra hecha en diferentes tramos y no recibimos respuesta", indicó Max Kaiser, director de Anticorrupción del IMCO, en conferencia de prensa.
La entrada en operaciones del Tren Interurbano estaba programada para diciembre de 2017. Sin embargo, aún no hay una fecha oficial para la inauguración.
A mediados de febrero, Guillermo Nevárez, director general de Transporte Ferroviario y Multimodal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dijo que se tienen contempladas las pruebas operativas para finales de septiembre y podrían tardar tres meses, por lo que el sistema arrancaría a inicios del 2019.
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Max Kaiser explicó que es normal que las obras públicas tengan sobrecosto, por lo que la Ley de Adquisiciones Públicas admite modificaciones en los contratos, aunque éstas deben estar justificadas, deben ser públicas y aclarar si van a presentar un sobrecosto en la obra. En el caso del Tren México-Toluca, el IMCO no pudo obtener los documentos que le permitieran saber si hubo modificaciones sustantivas en los contratos o sobrecostos excesivos.
"Una de las prácticas que queremos impulsar es que haya claridad en tiempo real de cómo se está ejerciendo el presupuesto de las obras públicas", indicó Kaiser.
El organismo también señala que la planeación del proyecto fue deficiente, ya que, por ejemplo, no hay un mapa público georreferenciado que muestre el trazo final que seguirá la obra. Además, la SCT le indicó que hasta agosto de 2017, no contaba con la totalidad de los derechos de vía asegurados para el tramo de proyecto.
"Esto es gravísimo. En el momento de iniciar el procedimiento de contratación es fundamental contar con los derechos de vía", dijo Kaiser.
El IMCO recomienda que para evitar más casos así, las prácticas en transparencia en la obra pública se conviertan en prioridad nacional.
En los contratos se debe incluir el objeto social, los socios y los beneficiarios finales de las empresas contratadas y si éstas se encuentran registradas en CompraNet y tienen un historial de cumplimiento de otros contratos con el gobierno. En el caso de Tren Interurbano, no se cuenta con esta información,
También se debe regular que los contratos puedan modificarse solo en casos específicos y, de ser así, justificarse y que el expediente electrónico se actualice inmediatamente.
