10 escándalos en obras y construcción del sexenio de Peña

En el 'corte caja' de la administración de Enrique Peña Nieto, la construcción se cuenta como uno de los protagonistas más polémicos. Casos de presuntos sobornos y corrupción fueron los más sonados. Firmas como Grupo Higa, OHL y Odebrecht se llevaron las primeras planas.

En el sexenio que termina también se cuenta la caída del trono de empresas legendarias como ICA y Geo, y de otra viviendera señalada por mentir en sus informes financieros, Homex.

Aquí un breve recuento del sexenio, visto desde de la construcción y la obra pública:

“No vasta cambiarse de nombre” y publicar una carta de buenas prácticas para dar por terminada una historia de corrupción, dijo hace un par de días el abogado Paulo Díez Gargari en referencia a Aleatica, la firma nacida de la venta de OHLMéxico, a IFM Investors tras los escándalos de corrupción.

Díez Gargari representa a uno de los accionistas de OHL México defraudado en la transacción mediante la cual la firma española se convirtió en Aleatica.

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Las acciones les fueron pagadas en apenas 27 pesos a los poseedores mexicanos; en contraste, a los accionistas españoles les fueron adquiridas en 47pesos.

El abogado argumenta que el valor de la compra divulgado en distintos momentos por Juan Miguel VillaMir, fundador de OHL, fue 2,700 millones de euros, por lo que el valor al que fueron pagadas las acciones debió ser mucho mayor, incluso de 47 pesos por acción.

Los escándalos de OHL México se remontan a los primeros días de mayo de 2015, cuandouna serie de conversaciones telefónicas grabadas comenzó a circular por la red. En una de ellas se escuchaba:

—Estoy casi seguro, con lo mañoso que somos, que sí. Sí están los gastos de inversión de las tres.
—Pues entonces, Pablo, esto es un fraude.
—Sí.
—Vamos a meter unos gastos de una fase que nunca vamos a construir. Estamos cobrando las tarifas como si ya hubiéramos construido eso. ¡Eso es un fraude!

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Eran Pablo Wallentin, quien fungía como director de Relaciones Institucionales de OHL México, y José Andrés de Oteyza, entonces presidente del Consejo de Administración.

En la grabación, ambos hablaban de un aparente cobro extra por un tramo del Viaducto Elevado Bicentenario, en el Estado de México. La filtración, a la que se sumarían otras en los meses siguientes, que presuntamente involucran arreglos con funcionarios, marcaban el inicio de un nuevo escándalo en la industria de la construcción en México, y la afectación de una marca en términos legales y de reputación.

En 2017, tras los escándalos de corrupción, la empresa OHL México se aprestaba para deslistarse de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), en la que cotizaba desde noviembre de 2010. La salida se efectuaría en octubre de ese año, si se concretaba la compra de sus acciones públicas por parte de IFM Global Infrastructure Fund.

Al dejar de cotizar en la Bolsa, OHL México ya no estaría obligada a difundir sus estados financieros. Sergio Hidalgo, director general de la compañía, aseguraba que "de ninguna forma estamos pensando en no ser transparentes, sino todo lo contrario. Voy a tener que seguir reportando bajo estándares internacionales a distintos inversionistas".

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Infraiber –empresa de medición de aforos vehiculares que se ha enfrentado judicialmente a OHL México– acusó entonces en un desplegado que la compra de acciones por parte de IFM, que se realizaba a través de Magenta, filial de OHL México, permitía a IFM el ahorro de 10,000 mdp en la compra accionaria, pues el "precio mínimo por acción [debería ser] igual al que resulte mayor de (entre otros) el valor contable por acción, [que en este caso] tendría que ser de por lo menos 41.32 pesos por acción".

La compra de IFM se concretó y este año nació formalmente Aleatica, que quedó con las concesiones de OHL México, entre éstas el Circuito Exterior Méxiquense, del que el abogado Diez Gargari dice : "Todo es soborno y corrupción", pues acusa que, para empezar se le otorga a OHL siendo el único participante en presentar propuesta económica, y reporta inversiones realizadas en el mismo que son "falsas".

La constructora brasileña comenzó su legado hace 94 años con la fundación de la primera compañía nombrada con el apellido que hoy tiene a una decena de países latinoamericanos salpicados de corrupción: Emilio Odebrecht & Cía.

En 1953, ya con Norberto Odebrecht al frente, la empresa realizó su primera obra para Petrobras: el proyecto Oleoducto Catu-Candeias, en Bahía, Brasil, considerado el ojo del huracán.

La pequeña compañía del inmigrante alemán comenzó a forjar un imperio constructor, ahora con presencia en 25 países del mundo. En 1992 llegó a México, donde inauguró su poderío con la construcción de la Presa de Los Huítes, en Sinaloa.

A raíz de la operación Lava Jato (lavado de autos) de la Fiscalía General de Brasil, que investiga actos ilícitos en Petrobras, se destapó el caso Odebrecht y la red de sobornos a funcionarios públicos.

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De acuerdo con la investigación brasileña, a través de la División de Operaciones Estructuradas, llamada 'departamento de sobornos' Odebrecht repartía dinero a cambio de contratos que le favorecieran.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó en diciembre de 2016 que se entregaron 788 millones de dólares (mdd) a servidores públicos de 12 países. De esa cifra, 10.5 mdd llegaron a México entre 2010 y 2014.

Aunque la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Procuraduría General de la República (PGR) investigan cómo se habría desarrollado la red de corrupción, aún no han dado a conocer nombres de los posibles implicados. Incluso a través de solicitudes de transparencia, las dependencias informaron que el expediente está reservado de uno a cinco años, por haber una causa penal en curso.

Ha sido por medio de investigaciones periodísticas como se ha esbozado la ruta que siguieron los sobornos en el país. El 1 de junio de 2017 la fiscalía brasileña liberó el expediente con testimonios de exempleados de Odebrecht a las autoridades mexicanas para que sigan con sus investigaciones.

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Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que el gobierno de Veracruz recibió por medio de una empresa fantasma más de 3.75 mdd durante la administración de Javier Duarte, periodo en el que estaban en curso los proyectos para modernizar la refinería de Minatitlán y la planta de Etileno XXI en Coatzacoalcos, aprobados en el sexenio de Felipe Calderón.

Con información obtenida de la investigación en Brasil, MCCI también dio a conocer que en 2010 el 'departamento de sobornos' de Odebrecht hizo transferencias por 383,000 dólares para la presa Francisco J. Múgica, en Michoacán, proyecto aprobado cuando Lázaro Cárdenas Batel fue gobernador, y que tuvo un sobrecosto de 95% durante el mandato del perredista Leonel Godoy.

Los primeros datos revelados por Estados Unidos pusieron en la mira a Petróleos Mexicanos (Pemex) como principal receptora de sobornos, señalamiento que alcanzó al entonces director de la petrolera Emilio Lozoya Austin, quien en un comunicado negó haber recibido 5 mdd de la constructora, como lo afirmaba el testimonio de un exempleado de Odebrecht.

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A casi dos años de que se destapara la red de sobornos de la constructora brasileña, un presidente, expresidentes y políticos de países como Brasil, Perú y Panamá han sido detenidos.

Específicamente en Perú, el caso le costó el poder al entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien ofreció su renuncia en marzo de este año antes de ser sometido a un voto de destitución en el Congreso.

En México, sin embargo, no se ha sancionado a nadie.

De acuerdo con una investigación de la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), entre 2010 y 2013, la desarrolladora de vivienda Homex exageró sus ingresos en 355%, equivalentes a 44,000 millones de pesos por la venta ficticia de 10,000 unidades.

Las inconsistencias de Homex fueron detectadas porque en 2013 la compañía incurrió en retrasos en la entrega de reportes trimestrales y anuales. No obstante, la investigación se hizo pública hasta mayo de 2016. Apenas seis meses después de formalizado el convenio concursal con los acreedores de la viviendera, que en 2014 se declaró en quiebra e inició un procedimiento de concurso mercantil en México.

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El escándalo de la información engañosa motivó la renuncia de Gerardo de Nicolás, director general, y Carlos Moctezuma, director financiero de la compañía, y ocasionó el desplome del valor de las acciones de Homex en Estados Unidos.

El 3 de marzo de 2017, la SEC presentó una queja contra Homex en la Corte de Distrito del sur de California por violaciones a las leyes bursátiles.

"Homex de manera sistemática y fraudulenta reportó ingresos por la venta de 10,000 casas anuales que no construyó ni vendió", argumentó el ente encargado de la regulación del mercado de valores de EU.

Esta queja se zanjó mediante un acuerdo, informó Homex el 30 de marzo de2017 a inversionistas, sin admitir ni negar los reclamos.

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Como parte de ese acuerdo, Homex no recibió una sanción económica, pero se restringió su acceso por cinco años al mercado de valores de la Unión Americana.

The Rosen Law Firm, especialista en demandas colectivas, interpuso en marzo de 2017 un juicio ante la Corte de Distrito del Este de Nueva York con la finalidad de resarcir los daños ocasionados por la entrega de reportes financieros fraudulentos.

José Alberto Baños asumió la dirección de Homex en 2017. Estableció una política de mayor transparencia. "Esta compañía ya está dirigida por una persona totalmente distinta, y yo me apego mucho al gobierno corporativo", explicó.

En sólo tres días, del 6 al 9 de noviembre de noviembre de 2014, Juan Armando Hinojosa y Grupo Higa se vieron en el centro de la polémica, con los casos del tren México-Querétaro y de la casa de Angélica Rivera, la esposa del presidente.

Entonces comenzó una oleada de noticias que destacó los contratos millonarios que la compañía logró con el gobierno de Enrique Peña Nieto, durante su gubernatura en el Estado de México.

Todo empezó con la revocación de la concesión del proyecto del tren México-Querétaro, que había obtenido el consorcio liderado por la empresa China Railway Construction Corporation (CRCC) y del cual forma parte Teya, filial de Grupo Higa. La inversión se estimó en 3,750 mdd.

Tres días antes se había dado a conocer que la firma mexicana de bienes raíces ganadora en la licitación, era propietaria de la casa de Lomas de Chapultepec en donde vive la familia presidencial y cuyo costo en ese momento se estimó en 86 millones de pesos.

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La esposa del Presidente aclararía en días posteriores que en 2009 inició una búsqueda para construir una casa, que conoció a Juan Armando Hinojosa, presidente de Grupo Higa, y le expuso su intención de adquirir un terreno y construir un residencia a su gusto, lo que pudo concretar a través de esta firma con el compromiso de celebrar el contrato de compra-venta una vez concluida la obra.

Así, en enero de 2012, según declaró Angélica Rivera en un mensaje videograbado, establecieron el acuerdo y ella pudo comprar en 54 millones de pesos, a un plazo de ocho años, la casa donde vive y que seguirá siendo propiedad de la inmobiliaria hasta que no se liquide el monto de la deuda.

Entonces se abrió la caja de pandora. Grupo Higa, directamente o a través de sus filiales, había obtenido contratos millonarios, primero durante el gobierno de Peña Nieto en el estado de México y luego en su tránsito a la Presidencia de la República; incluso durante su campaña rumbo a los Pinos en 2012, cuando le rentó aeronaves.

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Durante las giras de campaña, Peña Nieto, su círculo cercano y familia volaron en aeronaves de Eolo Plus, filial de Grupo Higa. De acuerdo con información que difundió la periodista Carmen Aristegui, el Partido Revolucionario Institucional pagó casi 26 mdp por los vuelos.

Higa realizó operaciones como la de la llamada 'Casa Blanca' o bien la de la vivienda que vendió a Luis Videgaray -primero secretario de Hacienda y luego de Relaciones Exteriores- a un costo de 7.5 millones de pesos. El inmueble se ubica en una zona exclusiva de Malinalco, en el estado de México.

Después se sabría que la casa había sido adquirida por una empresa de Grupo Higa 10 meses atrás, en el mismo precio en el que la vendió al funcionario.

El cisma que provocó el escándalo de la 'Casa Blanca' del presidente Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera, en el marco de la sorpresiva cancelación del multimillonario proyecto del tren de alta velocidad México-Querétaro, generó el recelo inmediato de empresarios de la nación asiática.

No por nada Zhang Nan, representante en México de la automotriz FAW, propiedad del Estado chino, sentenció en abril de 2014 que su firma no tenía planes de invertir en el país y fue más allá: "En este momento las empresas (orientales) no quieren hacer negocios aquí porque lo perciben como algo muy peligroso".

De igual manera, un ejecutivo de China Harbour Engineering Company (CHEC), unidad de la estatal China Communications Construction Co Ltd, dijo que Pekín había congelado todos los proyectos con México en tanto evaluaba las repercusiones del fallido plan.

Así se dio por terminado uno de los proyecto más ambiciosos del gobierno que llega a su fin a la medianoche de este 30 de noviembre.

Ingenieros Civiles y Asociados (ICA) dominó por muchos años el listado de las 100 firmas de la construcción más importantes de México que realiza Obras, pero en 2015 cerró con una pérdida neta de 19,800 millones de pesos (mdp), un flujo operativo negativo por 4,400 millones, una deuda neta de 58,359 millones y efectivo por solo 9,300 millones de pesos, del cual apenas la mitad estaba disponible.

Con esos datos, pagar su deuda fue imposible.

Los intentos de obtener liquidez con la venta de algunos activos no bastaron para calmar a los tenedores de bonos y accionistas, y la mayor constructora que haya tenido México se derrumbó en los mercados.

El hermetismo que mantenía la familia Quintana —con Bernardo como presidente del consejo, un cargo que ocupa desde 1994, y su hijo Alonso como director general— anunciaba una inminente tormenta.

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En septiembre de 2015, Guadalupe Phillips fue a comer con un amigo de la infancia, Diego Quintana Kawage, otro de los hijos del presidente de ICA. Diego conocía la experiencia de Phillips en complejidades financieras y le pidió consejos.

ICA, que fue la gran escuela de los ingenieros mexicanos durante décadas, se acercaba a la suspensión de pagos y al concurso mercantil. No había más que reestructurarse.

En diciembre de 2015, la constructora cayó en suspensión de pagos y los bancos comenzaron a cobrar préstamos con garantías, que iban desde acciones de su grupo aeroportuario, OMA, hasta la propiedad donde planeaba construir Ciudad ICA.

En marzo de 2016, Alonso Quintana dejó la dirección general y fue sustituido por Luis Zárate. En octubre de 2016, ICA tuvo que lidiar además con una tragedia personal, cuando Luis Zárate falleció en octubre. Guadalupe Philips lo sustituyó desde entonces.

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La prioridad desde que tomó el timón del barco que se hundía, agobiado por una oleada de deuda (ahora suma más de 65,000 mdp), ha sido mantener a la empresa en operación. "Seguir pedaleando la bicicleta", declaró Phillips replicando la frase que usaba Zárate durante una entrevista con Obras.

Phillips no ha dejado de trabajar un solo día. ICA ha reconfigurado las actividades de la empresa y ha conseguido recortar pérdidas, generar flujo de operación y ganar contratos de obra pública contando el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, del que AMLO decidió su cancelación.

Si para algunos rescatar a la que fuera la mayor constructora de México parecía misión imposible, no lo ha sido para la nieta de una de las fundadoras de ICA, Dolores Olmedo.

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Hace unos días se anunció la pulverización de una de las vivienderas más importantes: Geo. En un comunicado le viviendera anunció su quiebra y su intención de disolverse.

La empresa fundada en 1973 por el arquitecto Luis Orvañanos lideró el sector de la vivienda de interés social por muchos años. En 2012, poco antes de caer en concurso mercantil, vendió 55,500 casas y obtuvo ingresos por 19,000 millones de pesos (mdp). Sin embargo, sus pasivos alcanzaron 34,000 mdp, más de 54% de su capital.

Salió de concurso mercantil en 2015, al llegar a un acuerdo para reestructurar 29,000 mdp de sus pasivos y cancelar impuestos y otros adeudos. Orvañanos quedó fuera de la empresa y Banorte se convirtió en su principal accionista, con 71% de la desarrolladora.

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La nueva Geo buscó retomar sus proyectos inconclusos y comenzar a crecer, sostenidamente, con un nuevo consejo de administración y un nuevo equipo directivo, con Juan Carlos Díaz Arelle al frente. Pero en el primer año de esta 'nueva' operación, empezó a incumplir sus metas.

Retomar los proyectos que dejó inconclusos no fue sencillo, por el gran número de casas y las deficiencias en infraestructura básica, explica Eduardo Torres, director ejecutivo de la consultora ai360. "En la mayoría habría que replantear los proyectos", dice.

Entre 2015 y 2017, sus ingresos cayeron 2% y la pérdida neta aumentó 16 veces. Estos resultados encendieron las alertas de sus accionistas, auditores y acreedores en 2018. A esto se sumaron, en junio pasado, procedimientos mercantiles por parte de Banorte, por el incumplimiento del plan de desarrollo, urbanización y venta de casas de un portafolio valuado en 2,888 mdp.

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Una revisión a los contratos adjudicados en obras emblema de la gestión de Peña Nieto, realizada por México Evalúa, puso el dedo en la llaga en lo que denomina 'licitaciones disimuladas'.

De acuerdo con la asociación civil, con base en investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación, los contratos en el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), el Tren México-Toluca y el Paso Exprés, muestran que la adjudicación de dinero para obra pública se realiza en su mayoría a través de licitaciones, pero en los procesos internos no existe una "real competencia", una "rivalidad esperada".

En el Paso Exprés, los fallos de la licitación revelan que existió la descalificación de 13 propuestas sin que se aclarará el motivo de ello, lo que derivó en una competencia muy baja en su proceso de adjudicación de contratos.

La construcción del Paso Exprés en Morelos, donde en julio de 2017 se abrió un socavón que causó la muerte de dos personas, tuvo una serie de irregularidades como falta de supervisión, deficiencias en los materiales utilizados y pagos por trabajos que no fueron ejecutados, advirtió la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Aldesa, Epccor, Orva Ingeniería y SACC Ingeniería estuvieron involucradas en la planeación y construcción de la obra.

El socavón se abrió en el kilómetro 93 del Paso Exprés debido al colapso de una tubería tras un periodo de lluvias. El peritaje oficial concluyó que la tubería debio haberse cambiado al realizar la construcción de la vialidad, algo que no se llevó a cabo. Los dos hombres murieron por asfixia tras pasar entre 90 y 120 minutos atrapados, de acuerdo con los peritos.

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En octubre pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exigió sanciones penales contra los funcionarios responsables de la construcción.

En el caso del NAIM, México Evalúa revisó los contratos de la barda perimetral que se empezó a construir sin tener un proyecto ejecutivo terminado. Esa prisa derivó en un aumento presupuestal de 89% y un tiempo adicional al estimado de 53.5 por ciento.

Diana Nava, investigadora de Gasto Público y Rendición de Cuentas, anotó que 73% de los participantes en las licitaciones del NAIM para la barda perimetral fueron descalificados por criterios formales y administrativos.

En octubre pasado, como resultado de una consulta pública organizada por el gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador, este anunció que el resultado de la misma decidía la cancelación del proyecto en Texcoco con más de30 % de avance.

Aunque el ejercicio de participación ciudadana no era vinculante, en una decisión excepcional que marca el inicio de la nueva gestión, López Obrador decidió que una vez que él entrara en funciones las obras del aeropuerto en Texcoco pararían.

Organismos como el Instituto Mexicano para la Competitividad han señalado que el costo de la cancelación de las obras equivale al costo que tendría terminar la obra.

En el caso del Tren México-Toluca, el desfase de tiempo de la muestra de contratos estudiado asciende a 11 por ciento. Además el estudio destacó el inicio de obras sin proyectos completos, el otorgamiento de licitaciones con menos de 5 participantes y una tasa de descalificación de 67 % de los participantes.

Con todo, el plan de quien partir de este 1 de diciembre de 2018 será el presidente constitucional de México, destaca que el Tren México-Toluca será clave para su proyecto de sistema aeroportuario, integrado por el aeropuerto de Toluca, como complementario al Benito Juárez en la Ciudad de México y al que se prevé adaptar en la Base Militar de Santa Lucía, en Zumpango.

Con información de Ana Valle, Jorge Cervantes, Amanda Solís y Anasella Acosta