Legisladores, constructores y gobierno analizan reformas a la Ley de Obras
CIUDAD DE MÉXICO. Legisladores, funcionarios federales y constructores analizaron el miércoles reformas a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas con el objetivo de combatir la corrupción, la falta de transparencia en el sector e impulsar su competitividad.
En la reunión estuvieron integrantes de la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados, funcionarios de las secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT), de Educación Pública (SEP) y constructores del país.
Francisco Raúl Chavoya Cárdenas, director general de Carreteras de la SCT, afirmó que deben revisarse los procesos que se acostumbraban en la contratación de obra pública respecto a extorsiones y peticiones de apoyos.
Chavoya Cárdenas enfatizó la necesidad de hacer efectivos los castigos tanto al funcionario que incurra en una falta, a través de inhabilitaciones o rescisión de contrato, como a las constructoras. También mencionó la necesidad de crear un Instituto Autónomo de Planeación.
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Jorge Jiménez Alcaráz, director general del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (Inifed) de la SEP, consideró vital la inversión pública en infraestructura para mejorar la competitividad de los servicios en el país y como detonante de la economía interna, a fin de generar empleo, equilibrio y derrama económica.
Jiménez Alcaráz resaltó la importancia de fortalecer la infraestructura educativa que no requiere importar ingenieros ni materiales y generar una integración de insumos nacionales al 100% a través de micro y pequeñas empresas, que son las que generan más fuentes de trabajo.
También pidió analizar el ejercicio del Capítulo 4000 de la Ley de Obras Públicas, relativo a los fondos para la reconstrucción por fenómenos naturales, ya que las dependencias están impedidas de aplicar ese marco jurídico.
Sobre la falta de cumplimiento de empresas 'patito' que cobran el anticipo y después se desaparecen o no ejecutan la obra, Jiménez Alcaráz expresó que hay gran complejidad para aplicar adelantos, fianzas de garantía y resolver vicios ocultos.
En vez de rescindir un contrato que implicaría meses en un proceso judicial, cuando urge la obra, se prefiere negociar las mejores condiciones o las menos inadecuadas para no suspender la construcción, ejemplificó. Son factores que inciden en el buen ejercicio del presupuesto, agregó.
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Los constructores apoyan cambios
Eduardo Ramírez Leal, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), celebró que se analice una reforma a este marco legal, ya que todos los participantes padecen problemas de corrupción y falta de transparencia.
Solicitó castigar a funcionarios y empresarios que no cumplan. Si hay extorsiones se debe ser más ágil con las denuncias, porque es un tema crítico en el país.
"Los empresarios estamos muy contentos que se diga todos los días que se va a combatir la corrupción", dijo y pidió la participación de los legisladores y de todos los sectores para generar mejor calidad de obras.
Demandó enfocarse en modificaciones concretas para corregirlas y aplicarlas de inmediato, a fin de adecuarlas a la modernidad, avances tecnológicos e innovación.
Francisco Islas Vázquez del Mercado, presidente de la Sociedad Mexicana de Ingenieros Administradores, resaltó que como constructores es importante lograr mayor eficiencia en la aplicación de recursos en la obra pública que beneficie a todos los mexicanos, por eso una planeación es vital.
Propuso diseñar una nueva ley sin descartar los artículos que han dado resultados. Se tiene que promover un marco jurídico que impulse la infraestructura, mediante una adecuada planeación y contratación eficiente, añadió.
