Las lecciones que dejó el NAIM
NOTA DEL EDITOR. Este contenido fue publicado originalmente en la edición Los Proveedores más Rebeldes de la revista Expansión, correspondiente a noviembre de 2018.
La cancelación de la obra del nuevo aeropuerto en Texcoco deja a su paso multitud de incertidumbres sobre las soluciones a la saturación aeroportuaria, a qué pasará con la construcción ya hecha y cómo se resolverán los pagos para la terminación anticipada de los contratos.
Pero también deja una certeza: el camino de la consulta ciudadana para validar decisiones políticas necesita ser perfeccionado. "Si este va a ser el común, tendremos que hacer que las consultas sean legales y vinculatorias para que no generen desánimo entre los que participan", dice Eduardo Ramírez, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).
Lo anterior, puesto que la decisión de cancelar el aeropuerto de Texcoco "se tomó derivada de una consulta muy complicada que a todas luces no vemos legal y que no tiene una vinculación con el ejercicio del gobierno actual, que termina hasta finales de noviembre", agrega el líder de los constructores.
Lo planteado por Ramírez halla sentido de cara al anuncio del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sobre la consulta pública para decidir el futuro del Tren Maya.
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Ana Martínez, investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), comparte al respecto: "Apreciamos muchísimo la participación ciudadana, y el entusiasmo que vimos en los ciudadanos exige a las autoridades que tengamos más rigor metodológico en las consultas".
Tanto la CMIC como el Imco consideran que este tipo de consultas tienen que realizarse antes de que se inicien las obras, durante la fase de planeación. Ahora, tras años de trabajo y cuando la obra del NAIM ya había avanzado 32%, el cálculo de lo que costará anularla oscila entre 100,000 y 120,000 millones de pesos (mdp), según las estimaciones del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, o 220,000 y 270,000 mdp, de acuerdo con Bancomer y el Imco, respectivamente. De cumplirse los pronósticos de este último, cancelar la obra costaría casi lo mismo que terminarla, pese a que uno de los argumentos en su contra eran los altos costos.
Ante este panorama, el presidente de la CMIC insiste en la necesidad de crear el Instituto de Planeación para que evalúe este tipo de decisiones. "Hay que hacer planeación para que esto no siga así. Esta obra fue parte de los discursos de la carrera por buscar la Presidencia, y después de las opiniones técnicas que ofrecimos, nos dimos cuenta de que este tema era netamente político. Eso nos desanimó. Ahora dicen que en tres años la obra (de Santa Lucía) estará lista, pero cómo es posible decirlo si no hay un proyecto ejecutivo", dice Ramírez, tras la reunión con contratistas del NAIM.
López Obrador afirmó que se finiquitarán los contratos y que su administración dará un volumen de obra similar a los empresarios afectados, pero eso último no es legal; cada proyecto debe someterse a una nueva licitación, señala Martínez.
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Al respecto, el jurista Roberto Hernández opina : "No es posible que si tú licitaste para Texcoco bajo ciertas condiciones en una obra específica, de repente se transforme tu contrato a un lugar completamente ajeno. No sabemos si son los mismos volúmenes de obra; no es el mismo proyecto ejecutivo. Aunque sea un polígono similar varían condiciones de suelo, de topografía, de materiales".
Los pasos que siguen
De mantenerse la decisión del presidente electo, deberá anunciarse a los contratistas la terminación anticipada de los contratos, que "es una fórmula prevista de toda la vida en la leyes de obra pública", de acuerdo con el jurista Roberto Hernández García, socio director de la firma de abogados COMAD. (NOTA DEL EDITOR: El pasado 28 de diciembre el GACM dio a conocer que los contratos se cancelarán de forma anticipada).
La terminación anticipada está regulada y se notifica por bitácora. Una vez que se anuncia a los contratistas se suspenden los trabajos, se quedan las cosas en el estado en que encuentran, se resguardan y se transmiten al gobierno, y se empieza a hacer una cuantificación de los gastos no recuperados que tendrá que resarcir el gobierno.
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Por ello, el especialista en derecho de la construcción y solución de controversias mencionó que es previsible que el gobierno opte por la terminación por conveniencia, que es el derecho de los clientes, en este caso el gobierno, de dar por terminada una obra cuando hay una causa que les conviene así. En este caso, apunta el abogado, "la ley habla de las causas de interés general".
Los gastos no recuperados, explica Hernández, son aquellos que le implicaron a los contratistas estar en la obra y que no podrá recuperar: materiales que estaban en camino, en proceso, el personal contratado, y todo lo que implica estar trabajando de lleno en un proyecto y que de repente te digan que ya no".
Al cierre de esta edición de la revista Obras (del 15 de noviembre de 2018), constructores como Guadalupe Phillips, de ICA; Carlos Hank, de Hermes; Hipólito Gerard, de GIA; Antonio Gómez, de CICSA, entre otros (que suman más de 90% de los contratistas en el NAIM), expresaron al presidente electo su disposición a colaborar con él.
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Trascendió que, a cambio, las constructoras tendrían acceso a nuevas obras promovidas por el gobierno entrante. "Ellos van a participar en Santa Lucía, es muy probable (que) en otras obras", declaró López Obrador a la prensa.
(Con información de Irene Larraz, Ariadna Ortega y Anasella Acosta)
