La Policía Federal detecta una presunta desviación en obras del NAIM
CIUDAD DE MÉXICO. Una investigación de la Policía Federal detectó un presunto desvío de recursos en la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México que asciende a más de 17,000 millones de pesos, de acuerdo con lo que publica este lunes el diario El Universal, que cita documentos a los cuales tuvo acceso.
El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) tenía ese recurso destinado a las obras de la terminal en Texcoco, cuya cancelación oficial fue confirmada el pasado 3 de enero por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
La investigación, según los documentos citados por El Universal, involucra presuntamente a Raúl González Apaolaza, ex director general de Obra del NAIM, y a Carlos Noriega, ex diretor General de Administración del GACM. Además señalan que es necesario investigar los bienes de Manuel Ángel Núñez Soto, antecesor de Federico Patiño como director del GACM y ex gobernador de Hidalgo.
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El informe de la Policía Federal derivó de una investigación iniciada por el Órgano Interno de Control (OIC) del GACM en enero de 2018. El reporte, con fecha del 6 de noviembre, fue entregado al OIC, a la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República. El 12 de noviembre fue entregado al GACM.
El reporte -cuya autenticidad, asegura El Universal, fue verificada con la encargada de la investigación bajo anonimato, y por Renato Sales, ahora ex titular de la Comisión Nacional de Seguridad- detalla que sindicatos y empresas presuntamente controladas por Raúl González Apaolaza resultaron beneficiadas a través del monopolio de viajes de carga y compra de material como tezontle y basalto sin contratos previos y sin que cumplieran con las normas de calidad requeridas.
Entre esos sindicatos está el de Trabajadores del Transporte y de la Construcción, Similares y Conexos de la República Mexicana (Sitram), que junto con el Sindicato Libertad controlaban presuntamente la venta de material de construcción y su transporte al interior del terreno del NAIM.
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De acuerdo con la Policía Federal hay indicios de una acción concertada entre funcionarios y sindicatos con el fin de monopolizar el transporte de materiales y fijar precios, lo que "se podría tipificar como delincuencia organizada".
La investigación también incluyó una revisión de declaraciones patrimoniales de ex funcionarios del GACM en la que presuntamente se detectaron omisiones y adquisiciones discrepantes.
González Apaolaza dijo a El Universal que tiene conocimiento de un documento de la Policía Federal que es supuestamente apócrifo porque el folio no corresponde a la investigación, negó ser miembro del Sitram y dijo que el responsable del manejo sindical es la Dirección Corporativa Jurídico y no él.
