Las claves de la termoeléctrica de Morelos que será sometida a consulta

CIUDAD DE MÉXICO. El desabasto o la calidad del agua no es lo único que preocupa a ciudadanos sobre la construcción del Proyecto Integral Morelos (PIM) también les inquietan los riesgos que representa por su cercanía con el volcán Popocatépetl.

La lucha contra el megaproyecto data de 2009, cuando este fue aprobado por las secretarías de Energía (Sener) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) sin ser sometido a una consulta entre los pobladores y pese a las advertencias de impacto ambiental.

En los últimos 10 años, el PIM ha sido suspendido en diversas etapas debido a amparos interpuestos por los habitantes de las tres entidades que se verían afectadas por su edificación: Morelos, Puebla y Tlaxcala.

Ahora, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador someterá a consulta ciudadana la posibilidad de continuar con la obra, planteando adecuaciones que, para los pobladores, siguen sin contemplar lo más elemental: la zona de riesgo.

Además, los momentos previos a este ejercicio convocado para el 23 y 24 de febrero se ven empañados por el asesinato del activista Samir Flores, quien se oponía al proyecto .

En este marco, retomamos en qué consiste el PIM y por qué genera polémica.

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¿Qué es el PIM?

El proyecto consiste en la construcción de:

• Dos centrales termoeléctricas en la comunidad de Huexca, Morelos.
• Un gasoducto de 150 kilómetros que atravesaría Tlaxcala, Puebla y Morelos.
• La instalación de una línea eléctrica de 20 kilómetros a la subestación de Yautepec y un acueducto desde Cuautla, con una longitud de 10 kilómetros.

Esto implica una inversión total de 1,600 millones de dólares, aproximadamente. Se proyectaba que para noviembre de 2012 la primera etapa del proyecto comenzaría a funcionar.

De acuerdo con la descripción del proyecto —presentada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en 2011—, el gasoducto atravesaría 24 municipios, tendría una vida útil de 25 años y su inversión sería de alrededor de 170 millones de dólares.

Si bien el PIM pertenece a la CFE, fue concesionado a tres empresas españolas: Elecnor y Enagas, para la construcción del gasoducto, y Abengoa, para los trabajos y la operación de las termoeléctricas.

El PIM cuenta con dos manifestaciones de impacto ambiental: una correspondiente al gasoducto, en la que sí se contemplan zonas de actividad volcánica, y otra sobre la construcción de las dos termoeléctricas y el acueducto, con lo que logró el permiso de la Semarnat.

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La planta de Huexca quedó terminada en septiembre de 2017, pero no entró en operación por falta de conexión a la planta de tratamiento de aguas residuales de Cuautla, Morelos.

Las observaciones

En la carpeta del PIM —publicada en julio de 2011 por la CFE— se destaca la "seguridad" del gasoducto.

"Es muy seguro, ya que es una tubería que va enterrada aproximadamente a dos metros, no afecta a las actividades diarias de la comunidad, por ejemplo: el arado, incendio de maleza, realizar zanjas para desagües menores a un metro, entre otras, y cuenta con sistemas que lo protegen contra la oxidación de la tubería, evitando posibles fugas", dice.

Sin embargo, no se mencionan las medidas de seguridad que se tendrían por su cercanía con el volcán Popocátepetl.

El 16 de enero de 2018, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), a solicitud del gobierno de Morelos —entonces encabezado por Graco Ramírez—, emitió una opinión técnica acerca de los riesgos por la instalación del gasoducto:

• Peligros derivados de la actividad del Popocatépetl.
• Susceptibilidad de deslizamiento de laderas.
• Riesgo químico por escenario de explosión e incendios generados por la presencia del gasoducto.

El Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales (Cupreder) también advirtió de los riesgos que representaría el gasoducto para quienes habitan a las faldas del volcán.

Además, la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable de Morelos establece: "Las zonas que se hayan visto deterioradas por fenómenos naturales o por explosión o aprovechamiento de cualquier género, que representen peligros permanentes o accidentales para los asentamientos humanos quedarán restringidas al uso urbano (...) Solo se autorizarán aquellas construcciones y obras que aseguren los servicios de bienestar social y carácter común".

La consulta ciudadana

En ninguno de los tres estados implicados se consultó a los habitantes de las comunidades, tampoco se notificó a los ejidatarios que serían afectados y no se les presentaron detalles del proyecto.

Por tal motivo, el 27 de febrero de 2018 —siete años después de anunciado el megaproyecto—, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la Semarnat, a la CFE y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) por violaciones a los derechos a la consulta libre, previa e informada adecuada para pueblos y comunidades indígenas.

Tras recibir cerca de 45 quejas de habitantes de Puebla, Morelos y Tlaxcala, el organismo nacional acreditó que no se cumplieron los parámetros nacionales e internacionales del derecho a la consulta, toda vez que la Semarnat difundió el proyecto a través de internet.

Además, destacó la CNDH, la CFE no realizó esa consulta, lo que resultó insuficiente para dar cuenta del proyecto y sus implicaciones.

La oposición y AMLO

El presidente López Obrador anunció que los próximos 23 y 24 de febrero se realizará una consulta ciudadana sobre la termoeléctrica en Huexca. Si los resultados favorecen a la obra, dijo, se pedirá un estudio de un organismo internacional para descartar cualquier tipo de riesgo.

Según el primer mandatario, por cada año que no opera la planta termoeléctrica, el país pierde cerca de 4,000 millones de pesos, por lo que es urgente resolver "lo más pronto posible".

En un acto público celebrado este mes en Cuautla, Morelos, varios asistentes levantaron la mano en contra de la consulta.

El 2 de mayo de 2014, el entonces dirigente nacional de Morena visitó Tlalquiltenango, Morelos, y prometió que apoyaría a los habitantes para que no se construyera la termoeléctrica. Luego, en Yecapixtla, calificó de ofensa y agravio que quisieran "imponer una termoeléctrica".

"Qué les pasa a estos. Es como si fueran a Jerusalén y construyeran un basurero toxico o una planta nuclear", dijo en esa fecha.

Organizaciones como el Frente Popular Revolucionario y el Congreso Nacional Indígena —que también se opusieron a la construcción del Nuevo Aeropuerto en Texcoco—, así como pobladores y ejidatarios, señalaron que la consulta ahora promovida por López Obrador es una simulación, pues "no se puede votar para decidir si vivimos o morimos, eso sería irresponsable".

Adelantaron que seguirán luchando contra la construcción del PIM, aun cuando los resultados de la consulta den el "Sí".