El Gobierno de AMLO paga liquidación a tenedores de la Fibra E del NAIM
CIUDAD DE MÉXICO. El gobierno de México anunció el jueves que realizó el pago de más de 34,000 millones de pesos a los tenedores de la Fibra E, la cual estaba planeada para realizar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco.
En un comunicado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) dijo que el monto ya fue distribuido a los tenedores y representa la cantidad inicial invertida, además del rendimiento objetivo del 10% en términos reales.
"El 15 de febrero de 2019, la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de GACM, aprobó la amortización anticipada de la totalidad de las Acciones Serie 'P' equivalentes al 20% del capital social de GACM, mediante el ejercicio de la opción de amortización en efectivo", detalló la dependencia.
En un reporte aparte, Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México dijo que los 34,027 millones 215,625.99 pesos ya fueron distribuidos a los tenedores de los certificados.
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La SCT puntualizó que la operación no requirió ningún recurso público. Esta se realizó a través del Instituto para el Depósito de Valores (Indeval).
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el pasado octubre la cancelación del aeropuerto de Texcoco -una obra de 13,300 millones de dólares impulsada por su antecesor, Enrique Peña Nieto- tras una controvertida consulta popular.
La Fibra E es un vehículo financiero con el que se atrae inversión para cualquier empresa, en este caso el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM). De acuerdo con el gobierno de AMLO, fue un mecanismo de financiamiento que obtuvo el gobierno federal anterior para sufragar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), pero que significaba pagar altos intereses a los tenedores, lo que era muy caro.
El 27 de diciembre de 2018, Gerardo Ferrando Bravo, el nuevo director del GACM, concesionario del proyecto de Texcoco, envió a los directores del nuevo aeropuerto un oficio con las indicaciones para que suspendieran o terminaran de forma anticipada todos los contratos de obras y adquisiciones.
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