CIUDAD DE MÉXICO. La Secretaría de Turismo (Sectur) deberá dar a conocer los costos y los estudios de factibilidad del Tren Maya, determinó el domingo el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
El instituto determinó que se deben precisar los nombres de las empresas beneficiadas, los montos a pagar, los entregables y las fechas de entrega de cada uno de los estudios y servicios contratados, enumeró el comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, al presentar el asunto ante el pleno.
Toda la información que se genere en torno a ese proyecto debe transparentarse y ponerse a disposición de la población, como un verdadero ejercicio de rendición de cuentas, que permita la participación democrática de la sociedad en la toma de decisiones.
“Conocer los impactos ambientales y los estudios de factibilidad respectivos, permiten valorar los posibles deterioros y consecuencias de orden ambiental”, señaló el comisionado.
La resolución se produjo después de la respuesta que la Secretaría de Turismo dio a un particular, a quien le dijo ser una instancia incompetente ante la solicitud de la información hecha, y le recomendó remitirse a la Unidad de Transparencia del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, o bien, a su filial, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) Tren Maya, S.A. de C.V.
Sin embargo, de acuerdo con el criterio 015/13, emitido por el pleno del INAI, al sí existir la competencia concurrente, la dependencia deberá agotar el procedimiento de búsqueda de la información para entregarla, o en caso contrario, declarar la formal inexistencia a través de su Comité de Transparencia.
El instituto indicó que de conformidad con la Ley Federal de Transparencia, las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo con sus facultades, competencias y funciones.
Rosendoevgueni consideró que las solicitudes de acceso a información de este tipo, abonan al debate público "en torno a las decisiones gubernamentales de gran calado”. Y se refirió al caso del aeropuerto de Santa Lucía; el 7 de junio un juez federal otorgó una suspensión definitiva de las obras, esa es la segunda resolución a favor del colectivo #NoMásDerroches; y no necesariamente se prohíbe la construcción, sino que la suspende hasta que se demuestren las autorizaciones ambientales y patrimoniales.