En conferencia de prensa online, Fernando Páez, director de Movilidad en WRI, dijo que el transporte público colectivo es la alternativa que permite realizar las actividades cotidianas a hogares que acumulan ingresos mensuales menores a 7,000 pesos, y parte de la reducción en la demanda y en los ingresos de los transportistas ha ocurrido por el cambio en la elección de modo de viaje de los usuarios, por miedo al contagio al interior del transporte público.
De acuerdo con el análisis realizado, 38% de la población cambia su modo de transporte durante la emergencia sanitaria aumenta su gasto al doble o más, lo cual afecta su ingreso disponible e incrementa su vulnerabilidad ante la emergencia.
Asimismo, la reducción de 60% en la demanda se traduce en menores ingresos y el deterioro de la oferta y cobertura del servicio. Aunque se han efectuado acciones como ajustes en días y horarios de servicio como una herramienta para reducir costos de operación, al momento se estima que estos ahorros no superan 25% de los costos de operación, por lo que el sector enfrenta fragilidad financiera para mantener y mejorar la oferta y cobertura del servicio.
Las instituciones participantes prevén que en los tres meses y medio que podría durar la emergencia sanitaria, las pérdidas alcanzarán hasta 40% del ingreso habitual en ese periodo, lo que representa una pérdida acumulada de 9,800 mdp a nivel nacional; poniendo en riesgo los ingresos de miles de conductores y la sostenibilidad del propio sistema.
Urgen a buscar sostenibilidad
Ante esta problemática, “la solución no debe dejarse solo en manos de los gobiernos locales, requiere la concurrencia de varios niveles de la administración pública y el sector privado, así como especialistas en la materia”, indicó Páez.
Por su parte, Angélica Vesga, directora de Comunicación de la Asociación de Mexicana de Autoridades de Movilidad, anunció que la próxima semana la junta directiva de AMAM emitirá un mensaje con relación a políticas públicas que ayuden a crear estrategias y disminuir los impactos a este sector y la movilidad urbana.
Para concluir, Páez aseguró que esta experiencia “debe servir para a futuro tener modelos legales e institucionales debidamente protocolizados que sirvan para reaccionar de manera más inmediata ante emergencias”.
El reto no solo es garantizar la operación, sino que también se mantenga la sostenibilidad económica y financiera en el corto, mediano y largo plazo.
