Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad

13 ciudades mexicanas pronostican afectaciones de movilidad por el coronavirus

El transporte público de estas ciudades puede enfrentar hasta 40% de pérdidas en ingresos y una caída en la demanda de 60% durante los tres meses de mayor contagio por el coronavirus.
vie 17 abril 2020 05:00 AM
Digital network connection lines of Sathorn road, Bangkok Downtown, Thailand. Financial district and business centers in smart urban city in Asia. Skyscraper and high-rise buildings at night.
El transporte público podría enfrentar una caída de 60% en demanda.

El Instituto de Recursos Mundiales México (WRI México), en su calidad de secretaría técnica de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad (AMAM), con el apoyo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), llevó a cabo un ejercicio de análisis para dimensionar el impacto social, económico y financiero de la emergencia sanitaria por coronavirus COVID-19 en el transporte público colectivo.

Los efectos estimados fueron calculados con datos aportados por autoridades de movilidad de Aguascalientes, Campeche, Cancún, Colima-Villa de Álvarez, Hermosillo, Guadalajara, León, Manzanillo, Mérida, Oaxaca de Juárez, Pachuca, Querétaro y Zacatecas.

Publicidad

En conferencia de prensa online, Fernando Páez, director de Movilidad en WRI, dijo que el transporte público colectivo es la alternativa que permite realizar las actividades cotidianas a hogares que acumulan ingresos mensuales menores a 7,000 pesos, y parte de la reducción en la demanda y en los ingresos de los transportistas ha ocurrido por el cambio en la elección de modo de viaje de los usuarios, por miedo al contagio al interior del transporte público.

De acuerdo con el análisis realizado, 38% de la población cambia su modo de transporte durante la emergencia sanitaria aumenta su gasto al doble o más, lo cual afecta su ingreso disponible e incrementa su vulnerabilidad ante la emergencia.

Asimismo, la reducción de 60% en la demanda se traduce en menores ingresos y el deterioro de la oferta y cobertura del servicio. Aunque se han efectuado acciones como ajustes en días y horarios de servicio como una herramienta para reducir costos de operación, al momento se estima que estos ahorros no superan 25% de los costos de operación, por lo que el sector enfrenta fragilidad financiera para mantener y mejorar la oferta y cobertura del servicio.

Las instituciones participantes prevén que en los tres meses y medio que podría durar la emergencia sanitaria, las pérdidas alcanzarán hasta 40% del ingreso habitual en ese periodo, lo que representa una pérdida acumulada de 9,800 mdp a nivel nacional; poniendo en riesgo los ingresos de miles de conductores y la sostenibilidad del propio sistema.

Urgen a buscar sostenibilidad

Ante esta problemática, “la solución no debe dejarse solo en manos de los gobiernos locales, requiere la concurrencia de varios niveles de la administración pública y el sector privado, así como especialistas en la materia”, indicó Páez.

Por su parte, Angélica Vesga, directora de Comunicación de la Asociación de Mexicana de Autoridades de Movilidad, anunció que la próxima semana la junta directiva de AMAM emitirá un mensaje con relación a políticas públicas que ayuden a crear estrategias y disminuir los impactos a este sector y la movilidad urbana.

Para concluir, Páez aseguró que esta experiencia “debe servir para a futuro tener modelos legales e institucionales debidamente protocolizados que sirvan para reaccionar de manera más inmediata ante emergencias”.

El reto no solo es garantizar la operación, sino que también se mantenga la sostenibilidad económica y financiera en el corto, mediano y largo plazo.

Publicidad

7 medidas emergentes

Ante este escenario, WRI recomienda llevar a cabo las siguientes acciones:

  1. Reconocer al transporte público colectivo como un componente esencial para la superación nacional del impacto de la crisis sanitaria, así como sus dimensiones sociales y económicas. Se requiere una visión de Estado, una intervención conjunta con el liderazgo del gobierno federal, en coordinación con los gobiernos locales.
  2. Priorizar el diseño y la implementación de medidas que brinden seguridad laboral a las personas trabajadoras del sector.
  3. Asignar fondos de emergencia entregados a través de mecanismos transparentes y eficientes, que aporten a la sostenibilidad financiera y operativa de largo plazo.
  4. Diseñar esquemas de apoyo federal que contribuyan a la reactivación financiera, económica y social del transporte público, que consideren las necesidades de las distintas ciudades y los diferentes tipos de modelos de operación de transporte público colectivo, siendo los más importantes por su participación en el sector el modelo hombre-camión, el modelo de cooperativas y las pequeñas empresas.
  5. Priorizar la aplicación de recursos en sistemas que cuenten con mecanismos de ejecución transparentes y eficientes para la aplicación de los recursos de emergencia, como son las cuentas concentradoras de recursos, los sistemas de recaudo, las tarjetas personalizadas para estudiantes y personas de la tercera edad.
  6. Prever la recuperación del sector, tomando en cuenta no sólo la compensación de las pérdidas, sino la inversión que reactive su transformación y mejora.
  7. Establecer esquemas legales e institucionales futuros que prevean la ocurrencia de contingencias y otras emergencias.
Publicidad

Tags

Infraestructura general Industria del transporte movilidad movilidad Coronavirus
Newsletter
Recibe en tu email nuestro contenido.

Publicidad
Publicidad