Pero, ¿por qué es relevante? El medioambiente y la legalidad son la clave, coinciden expertos.
Primera clave: confusión desde el origen
“Tenemos que partir de la base. Primero se planteó como si (el Tren Maya) fuera un desarrollo turístico, pero no lo es. También es un tema de desarrollo inmobiliario e infraestructura”, explica Daniel Basurto, presidente de la Academia Mexicana de Impacto Ambiental (AMIA).
Es decir, los estudios previos que se desarrollaron para sentar las bases de los 1,500 kilómetros de obra, sólo toman en cuenta uno de los ejes del proyecto, lo que genera confusión en los análisis e insuficiencia en ellos.
“Las estaciones no sólo impactarán en donde se pare el tren, deben haber instalaciones sanitarias, en donde las personas puedan dormir y comer, lo que impactará a la zona”, explica.
En segundo lugar, el experto apunta que las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) se llevaron a cabo por tramos (el proyecto cuenta con ocho), cuando para calcular la influencia real de las obras, se debió haber hecho de todo el proyecto ejecutivo como uno solo, “para que con base en eso y de acuerdo con la ley, se analizaran los impactos sinérgicos, acumulativos y residuales”, detalla.
Al mecanismo se sumó que en algunas secciones se presentaron exenciones de manifestación, lo que provocó omisiones, esto derivado a que el gobierno federal argumentó que el tren se desarrollaría sobre vías férreas ya existentes, “sin embargo, sólo 18% de estas eran las existentes, el resto no. Además, tenían más de 100 años de existencia, por lo que no iban a ser sujetas a ser utilizadas con el tipo del tren que es para este caso”, apunta.
El especialista también considera que la falta de transparencia es uno de los mayores defectos, ya que hay información reservada a la que la AMIA no pudo acceder, por lo que no pudieron contribuir y proponer a los impactos ambientales.
