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Suspenden permisos para vivienda 'popular' en el DF

Seduvi reitera suspensión temporal de la Norma 26, que regula la construcción de vivienda popular y económica, para evitar abusos de los desarrolladores; existen más de 900 asentamientos irregulares, donde viven 2.5 millones de capitalinos.
lun 21 octubre 2013 03:31 PM
Construcci�n
Construcci�n - (Foto: Tomado de Flickr/analines)

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) emprenderá una cruzada contra la especulación de  las desarrolladoras inmobiliarias, al suspender desde ahora y hasta el próximo 13 de diciembre la Norma 26, que regula la construcción de viviendas de interés social y popular.

Dicha norma establece facilidades para la construcción de vivienda de interés social con la condición de que los departamentos midan menos de 65m2 y el agente inmobiliario lo venda hasta 15 salarios mínimos anuales, aproximadamente 350,000 pesos. Sin embargo, es aprovechada por los desarrolladores para construir complejos de lujo.

El titular de la Seduvi, Simón Neumann, planteó la suspensión al comparecer ante la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), con motivo de la glosa del Primer Informe del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa.

Neumann Ladenzon refirió que el 19 de agosto se publicó la suspensión temporal de la recepción y gestión de solicitudes de la Normas 26, para hacer frente a las desviaciones de sus objetivos originales.

Estos eran "asegurar la oferta de viviendas para trabajadores con ingresos inferiores a dos salarios mínimos, que representaban 60% de la población económicamente activa, y desincentivar el mercado informal de suelo, que provoca la expansión de la mancha urbana", agregó.

Sin embargo, sostuvo que "la actuación de los desarrolladores urbanos en el Distrito Federal que desvirtuaron la norma provocó un proceso de especulación del suelo que impide construir vivienda para sectores que tienen ingresos inferiores a tres salarios mínimos".

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En el Distrito Federal existen más de 900 asentamientos irregulares, donde viven 2.5 millones de capitalinos, por lo que se analiza cuáles son las mejores opciones para lograr su reubicación o regularización.

El funcionario aseguró que en su gestión se han autorizado 90,000 certificados de zonificación y de ese monto 398 han solicitado la aplicación de la Normas 26, es decir 1.9% del total, y ninguno ha sido sujeto de denuncia o presunción de violación de la normatividad aplicable.

Precisó que ante este panorama, con apoyo de la Procuraduría Ambiental local y de la Universidad Autónoma Metropolitana, actualizan la norma para garantizar la oferta de vivienda de interés social a los capitalinos que perciben menos de tres salarios mínimos.

La actualización, dijo, también comprende mejorar el diseño de los proyectos y garantizar niveles adecuados de servicios públicos, así como contar con instrumentos de control y vigilancia bajo un enfoque estratégico de políticas de suelo y vivienda para la ciudad de México.

El funcionario detalló que se tienen 176 juicios en investigación y 7 demandas de lesividad sobre la aplicación de dicha norma en igual número de desarrollos inmobiliarios, pero que su dependencia no tiene la facultad de clausura o demoler dichas edificaciones.

Aclaró que en todo caso corresponde al Instituto de Verificación Administrativa local y al Poder Judicial ordenar si esos desarrollos inmobiliarios deben ser demolidos o no, lo que acatará la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.

En su oportunidad, el diputado Fernando Mercado, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pidió al funcionario dar los nombres de las inmobiliarias que han abusado de la Norma 26, así como el de los funcionarios del gobierno capitalino que autorizaron la construcción de desarrollos que no cumplen con dicha normatividad.

Si bien Neumann respondió que "no es tapadera de nadie", no proporcionó los nombres de alguna de esa desarrolladoras, ni de los funcionarios involucrados con esas prácticas.

Por otro lado, el titular de la Seduvi demandó a la ALDF autorizar en 2014 un presupuesto mayor al de este año, que es de 222 millones de pesos, 50% menor que el obtenido en 2009, pues no se cuenta con recursos para llevar a cabo la planeación urbana, labor básica de esa dependencia.

(con información de Notimex)

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