Sale concepto de plusvalía de Ley de Vivienda y Constitución de CDMX
Tras críticas que acusaban que las propuestas de plusvalía en la nueva Ley de Vivienda y el proyecto de Constitución de la Ciudad de México representaban un nuevo impuesto inmobiliario y con carácter confiscatorio, los legisladores locales y los constituyentes decidieron retirar las respectivas redacciones de ambos documentos.
El jueves, el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Leonel Luna Estrada, informó que retirarán el término "plusvalía" del Artículo 94 de la Ley de Vivienda de la Ciudad de México, pese a que ésta ya fue aprobada el pasado 6 de diciembre.
Acompañado por la presidenta de la Comisión de Vivienda del órgano legislativo, Dunia Ludlow, principal promotora de esa ley, reconoció que hay un tema de redacción que se debe modificar para que se elabore un texto más claro, de acuerdo con la agencia Notimex.
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El legislador local del PRD comentó que ya tuvieron acercamientos con la Consejería Jurídica del Gobierno de la Ciudad de México para hacer esos cambios.
Indicó que hay una versión sobre una presunta plusvalía que es falsa, toda vez que no puede proceder porque es inconstitucional y "quien afirme lo contrario o no sabe de Derecho o tiene un objetivo malsano".
Reiteró que no se trata de una acción recaudatoria y aseveró que hay el compromiso del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Asamblea Legislativa de no subir ni un centavo los impuestos en la capital.
Se vetará cualquier nuevo impuesto
Sobre el establecimiento de un posible impuesto a la plusvalía en la Ley de Vivienda y el proyecto de Constitución de la capital mexicana, Mancera reiteró el jueves que su administración no aplicará un nuevo impuesto ni lo permitirá, por lo que cualquier propuesta en ese sentido será vetada, según Notimex.
El pasado martes, en medio de las críticas de empresarios, legisladores y la opinión publica, el jefe de Gobierno pidió al Constituyente cambiar la redacción del Artículo 21 del proyecto de Constitución local y adoptar el Artículo 122 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. Esto, con el fin de terminar con las confusiones, pues no existía ninguna intención de imponer un nuevo gravamen.
Ayer jueves, insistió en ello y dijo que el verdadero objetivo es crear mecanismos de contribuciones de mejora y obras de mitigación dirigidos a desarrolladores, quienes a cambio de la autorización para edificar grandes complejos, tendrían que compensar a las colonias cercanas por el impacto que tendrán.
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Por su parte, la diputada priista Dunia Ludlow destacó el jueves que la Ley de Vivienda capitalina se aprobó con 34 votos a favor y 21 abstenciones, principalmente de Morena, pero ninguno en contra, lo que habla del alto consenso que alcanzó.
Aclaró que ninguna Ley de Vivienda puede ser recaudatoria, ya que eso está en el ámbito del Código Fiscal "y eso lo sabe cualquier estudiante de Derecho".
De tal manera que, dijo, quien afirme que es recaudatoria la nueva legislación, "pretende poner en jaque el trabajo de la ALDF".
Y del proyecto de Constitución, también
En tanto, la Comisión de Desarrollo Sostenible y Planeación Democrática de la Asamblea Constituyente dio a conocer que sus integrantes eliminaron por unanimidad el párrafo original del proyecto de Carta Magna local, que se refiere al incremento en el valor de suelo plusvalía inmobiliaria.
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El texto queda, por lo tanto, fuera del dictamen que presentará en el Pleno del Constituyente para su discusión, de acuerdo con un comunicado.
El numeral 7, inciso C, del Artículo 21 decía a la letra: "Los incrementos en el valor del suelo derivado del proceso de urbanización se considerarán parte de la riqueza pública de la ciudad. La ley regulará su aprovechamiento para restaurar los ecosistemas y las zonas degradadas de la ciudad".
Además, se adicionó una reserva que obliga a los desarrolladores inmobiliarios a la compensación y mitigación de impactos urbanos ambientales, y a contribuir y mejorar el equipamiento e infraestructura y el espacio público.
Se aprobó también por mayoría un esquema en el que el Congreso local apruebe solo los cambios de uso de suelo de alto impacto (de más de 250 metros cuadrados).