Un tribunal ordena reabrir el caso de extorsión a Abilia
Un tribunal ordenó a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México reabrir el caso de la presunta extorsión realizada por el abogado Mario Alberto Becerra Pocoroba a nombre de la esposa del periodista Joaquín López Dóriga y de otros habitantes de Polanco, Ciudad de México, a la Inmobiliaria Abilia.
El Octavo Tribunal Colegiado ordenó a la PGJ llevar a cabo las diligencias para determinar si existe o no un delito y quiénes son los probables responsables, publica el diario Reforma este viernes.
Por lo tanto, los condóminos de Rubén Darío 223 -que se oponen a un desarrollo habitacional de Abilia en el número 225 de esa misma calle- deberán ser llamados a declarar en calidad de testigos.
En agosto de 2015, Abilia, propiedad de la empresaria María Asunción Aramburuzabala, denunció a Teresa Adriana Pérez Romo, esposa de López Dóriga, por extorsión. Pérez Romo presuntamente pidió dinero a cambio de no impedir la construcción de la inmobiliaria.
Lee más: Abogado en caso Abilia publica desplegado y niega extorsión
En un escrito presentado por Abilia el 14 de agosto de 2015 en la fiscalía de la delegación Miguel Hidalgo y registrado con el número CI-FMH/MH-5/UI- 3 S/D/00427/08-2015, se incluyó un video, grabado el 16 de junio de ese año, en el que el abogado Mario Alberto Becerra Pocoroba solicita 5 millones de dólares a un representante la empresa desarrolladora en nombre de Pérez Romo y sus vecinos.
La desarrolladora inició desde 2005 los trámites para construir una torre de departamentos en la calle citada, pero la oposición de los vecinos alargó el proceso. En 2013 hubo un acuerdo para construir la obra.
María Asunción Aramburuzabala, quien ocupa el lugar número uno del ránking de Las 100 Mujeres más Poderosas de Expansión, dijo en ese momento que llevaría el asunto "hasta el final de las consecuncias legales que tenga que haber" y aseguró que el periodista Joaquín López-Dóriga amenazó con destruirla con una campaña de medios en su contra.
Aseguró también que a pesar de que el proyecto que desarrollaba en Polanco tenía la documentación en regla, había sido suspendido en varias ocasiones por las autoridades capitalinas.
Lee: Aramburuzabala podrá continuar su proyecto en Polanco: Invea
La Procuraduría General de Justicia cerró el caso bajo el argumento de que no era necesario citar a declarar a los vecinos de los condóminos de Rubén Darío 223 como testigos para determinar si hubo un delito.
Pero la inmobiliaria presentó un amparo y a finales de enero, el juez federal José Díaz de León Cruz determinó que 39 vecinos debían ser citados declarar, pues la Procuraduría prejuzgó el valor de sus testimonios y cometió una omisión que lesiona los derechos humanos y el acceso a la justicia de Abilia.
El proyecto residencial de Rubén Darío 225 consta de 4 torres en un terreno de 10,700 metros cuadrados. Contará con 122 departamentos, alberca, spa, gimnasio, bar, restaurante, salón de niños y salón de eventos.
