Los desarrolladores de las construcciones se habrían beneficiado económicamente al edificar más viviendas de las permitidas o al hacerlo en sitios en donde el uso de suelo original era distinto, esquivando las autorizaciones necesarias para hacerlo.
Derivado del análisis se cancelaron proyectos y se giró una orden de aprehensión contra Felipe de Jesús Gutiérrez, ex secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la capital del país y quien es acusado por uso ilegal de atribuciones y facultades.
Pero él no habría actuado solo. Según la denuncia actual, otros cuatro notarios habrían ayudado al otorgamiento de permisos. Los acusados, pertenecientes a las notarías 215 y 244 se habrían visto beneficiados con predios, propiedades y cambios de uso de suelo, informó el diario El Universal, basados en documentos de la UIF. Además, a su grupo están sumados los representantes legales de las desarrolladoras Baita y Dekah, allegados a Miguel Ángel Mancera.
Esta última empresa fue a comercializadora de Vista Azcapotzalco, conjunto residencial que solicitó en 2012 la aplicación de la Norma 26, con la que se le permitió construir más pisos y departamentos de los que el uso de departamento establece, con la promesa de realizar vivienda de interés social y popular con un precio de 29.9 veces el salario mínimo anualizado. Sin embargo, las viviendas llegaron a venderse hasta en un millón 200 mil pesos.
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También han sido señalados el excoordinador General de Gestión para el crecimiento y Desarrollo y su pareja sentimental. quien también fue representante de las empresas inmobiliarias.
El grupo habría simulado operaciones en las que se ocultaban los folios reales y números de escrituras para que no pudieran ser localizadas en el Registro Público de la propiedad, asimismo como usar prestanombres para realizar procesos de cambio de suelo, señaló el medio de comunicación mexicano.
Este jueves 22 de octubre, la Contraloría General de Justicia de la Ciudad de México inhabilitó a Miguel Ángel Mancera, ahora senador, para ocupar cargos en la capital por lo menos durante un año, ya que es señalado por intervenir en las elecciones presidenciales del 2018.
