La casa que se deja: propiedades en riesgo tras la deportación de Estados Unidos
Expertos aclaran que la repatriación no implica perder la casa en Estados Unidos, pero trámites costosos, intentos de fraude y falta de apoyo oficial ponen en jaque el patrimonio de los connacionales.
Familias enteras con patrimonio en Estados Unidos vuelven después de décadas de formar una vida fuera del país.(Foto: David Bacon/Cuartoscuro.)
Diana Zavala
En el norte de Mérida, Yucatán, Willy Salazar intenta rehacer su vida después de casi tres décadas en Texas. Fue deportado junto con su esposa y dos hijos pequeños en un operativo migratorio que no le dio tiempo de recoger pertenencias ni documentos.
“Si te agarran sin zapatos o sin pantalón, así te llevan”, recuerda. Ese día llevaba consigo 5,000 dólares producto de su trabajo semanal, pero al llegar a México solo le entregaron 1,500. El resto nunca lo volvió a ver.
Pero además de su dinero, empleo, ropa y otras pertenencias, la familia Salazar dejó una casa que construyó con sus propios recursos y que fue resultado de años de trabajo en Estados Unidos.
Compró un terreno, levantó muros y firmó un seguro, pero ahora esa propiedad está en un limbo legal: no puede venderla ni transferirla hasta que obtenga citas en la embajada estadounidense en Monterrey.
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“Nos dijeron que podía llevar hasta un año para poder hacer todo eso”, explica Willy, quien renta una casa en Yucatán y busca empleo en un call center para sostener a su familia.
El caso refleja una realidad extendida entre migrantes mexicanos: la deportación no solo implica el regreso forzado, sino también la desconexión con el patrimonio acumulado.
Dueños desde México
Luis Francisco Ochoa Corona, gerente de operaciones en Mexus Migración, precisa que la deportación no implica perder un inmueble. “El hecho de haber sido deportado no significa que deje de ser dueño de su propiedad. No se la quitan ni nada por el estilo”, explica.
El dueño puede seguir administrando sus bienes: vender, rentar o transferirlos. Para hacerlo debe firmar documentos ante un notario de la sección de servicios notariales en consulados y embajadas de Estados Unidos en México.
Esos documentos tienen plena validez en el sistema estadounidense y permiten ejecutar ventas, traspasos o contratos de arrendamiento. Cada firma cuesta alrededor de 50 dólares.
La responsabilidad que permanece es el pago de impuestos locales en Estados Unidos. Aunque el propietario viva en México, debe cumplir con el impuesto predial u obligaciones estatales para mantener su situación legal sin complicaciones.
Propiedades en construcción o con hipoteca
Uno de los escenarios más comunes es el de las casas en proceso de pago. Ochoa aclara que, lejos de dificultar la situación, puede facilitarla. “Es un poco más sencillo para las personas que están pagando todavía una hipoteca porque tienen posibilidad de vender la propiedad”, señala.
En este caso, el comprador asume la deuda y el banco reconoce la continuidad del crédito. El problema surge si no hay comprador y se suspenden los pagos: la entidad financiera puede iniciar un proceso legal que obliga a la familia a contratar abogados en Estados Unidos.
Otro escenario frecuente es el de quienes no son propietarios, sino arrendatarios. La deportación no extingue la obligación contractual. “Ahí igual sería lo mismo: hablar con el arrendador para ver si puede existir alguna negociación para poder desocupar el apartamento antes de tiempo”, detalla Ochoa.
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En esos casos, las familias que permanecen en el país deben cubrir la renta o negociar la entrega del inmueble. Los trámites también se pueden validar con la firma de documentos a través del consulado.
De acuerdo con Israel Concha, fundador de la organización New Comienzos, de apoyo a deportados, la gran mayoría de las personas que son deportadas a México rentaba en Estados Unidos, pero no tuvieron tiempo de sacar sus cosas.
“Y las pierden porque, como ya no pagaron (la siguiente renta), se quedan con sus cosas. Estás en otro país, no puedes negociar con el dueño de la propiedad o de los apartamentos. Eso es muy común. Es más, si te quieres ir más profundo, vete a cualquier ciudad grande, vete a Facebook Marketplace y vas a ver cuántos menajes de casa están vendiendo las personas a un precio tan barato”, observa.
Traspaso de propiedades a familiares
Cuando la familia permanece en Estados Unidos, la persona deportada puede transferir su propiedad.
El proceso requiere que los documentos estén firmados en México, certificados por notarios estadounidenses en consulados y enviados a las oficinas locales en el condado correspondiente.
Esto permite que los familiares puedan seguir habitando la vivienda, venderla, o bien, regularizar la titularidad sin que la deportación interrumpa el proceso.
Costos y tiempos de trámite
Mientras las acciones se limiten a la certificación de documentos, el costo se mantiene bajo. Cada firma tiene un precio de aproximadamente 50 dólares en consulados y embajadas.
El verdadero reto comienza cuando se acumulan deudas. En caso de incumplimiento de hipoteca o contrato de arrendamiento se requiere representación legal en Estados Unidos, lo que implica gastos adicionales.
“Donde ya podría empezar un problema un poquito más grande es si, por ejemplo, la persona deja de pagar la hipoteca”, advierte Ochoa.
Willy Salazar dice que la contratación de los abogados también es alta, “solo por darnos información nos cobran 3,000 pesos, imagina cómo nos saldrá lo demás”.
Ochoa también señala que la desinformación es uno de los principales problemas. Muchos creen que perderán su casa automáticamente al ser deportados.
Muchas veces el miedo que les da es que, si los llegan a deportar, que su casa vaya a quedar varada en Estados Unidos y no la puedan vender porque ellos estén acá en México. Y eso no es una realidad".
Luis Francisco Ochoa, Gerente de Operaciones en MEXUS Migración
Difundir estas alternativas (firmar en consulados, pagar impuestos a distancia, mantener contacto con autoridades locales) puede reducir el impacto de la deportación en el patrimonio de los migrantes.
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La falta de apoyo institucional
El fundador de New Comienzos, subraya que la deportación no termina con el cruce de la frontera: es apenas el inicio de un entramado de problemas para el que los migrantes no suelen estar preparados.
Los programas oficiales como "México te Abraza" tampoco cumplen su promesa, asegura. Aunque se anuncian boletos de autobús gratuitos o apoyos inmediatos de 2,000 pesos, en la práctica muchas personas solo reciben un folleto y un descuento en transporte.
“Camión gratis no hemos visto, tampoco las tarjetas en tiempo real. Llegas con tu vida en una maleta y no hay un programa federal que te dé un mismo lineamiento para todos”, critica.
El resultado es que miles de personas retornan a comunidades donde no existen empleos ni programas de reinserción, salvo casos aislados en ciudades grandes.
Los pleitos familiares por viviendas construidas con remesas, la pérdida de cuentas bancarias por desconocimiento del proceso de repatriación y la imposibilidad de vender propiedades en Estados Unidos por falta de asesoría profesional, son problemas recurrentes.
Las políticas migratorias de Donald Trump han provocado que familias planeen su retorno a su país de origen ante el miedo de ser sorprendidos y regresar sin nada.(Foto: Carlos Sánchez Colunga/Cuartoscuro.)
A esto se suma la posibilidad de ser víctimas de fraudes. Concha advierte que proliferan despachos sin escrúpulos que prometen arreglar papeles migratorios o deslindar de deudas a cambio de pagos elevados, sin ser abogados. “Estamos viendo más abusos, incluso dentro de industrias que supuestamente apoyan a los migrantes”, alerta.
Frente a esta ausencia de acompañamiento oficial, New Comienzos lanzó el programa "Dream in Mexico", una caja con guías paso a paso, contactos de abogados y psicólogos, playlists motivacionales y hasta un directorio para repatriar mascotas.
Incluye acompañamiento durante 30 días por parte de trabajadores sociales y mentores que ya pasaron por el mismo proceso.
Nadie habla de esto, pero muchas personas han tenido intentos de suicidio. Por eso incluimos herramientas de salud mental, para que sepan que hay una luz después de la deportación".
Israel Concha, fundador de New Comienzos.
El activista subraya que todo se hace sin apoyo gubernamental e incluso con obstáculos: consulados que se niegan a colaborar en la distribución de estas cajas o a facilitar trámites básicos como pasaportes o matrículas consulares. “Hay falta de voluntad política. No vemos un programa integral que atienda la emergencia”, sostiene.
El impacto en las familias y las comunidades
La deportación también repercute en los hogares que permanecen en Estados Unidos. Un estudio de la Universidad de Cornell muestra que la repatriación de un integrante clave incrementa el riesgo de embargo.
En condados con políticas de colaboración migratoria, las tasas de ejecución hipotecaria entre familias latinas fueron 68% más altas que en otras regiones.
La dinámica trasciende a la familia: casas vacías reducen el valor inmobiliario de vecindarios y afectan la recaudación local de impuestos.
Además, de acuerdo con el American Immigration Council, más de 11.6 millones de inmigrantes en Estados Unidos son propietarios de vivienda. En conjunto acumulan un patrimonio de 6.6 billones de dólares y pagan 167,000 millones de dólares en rentas cada año.
México es el país de origen más común de esa población. Cualquier cambio en las políticas migratorias impacta de manera directa en la estabilidad económica de comunidades enteras.
Preparación como estrategia
Israel Concha insiste en que los deportados deben pensar en la prevención incluso antes de que ocurra el proceso. Recomienda designar a una persona de confianza en Estados Unidos para recibir notificaciones, guardar dinero de emergencia o incluso representar legalmente al afectado.
También sugiere mantener abogados de referencia en ambos países para atender trámites de venta o traspaso de viviendas en caso de una salida repentina.
La experiencia de Salazar demuestra lo contrario: él no tenía esas previsiones y ahora debe pagar rentas en Mérida, contratar abogados locales y esperar meses para poder disponer de lo que construyó en Estados Unidos.
Para familias como la de Willy Salazar, la deportación significa una doble carga: reconstruir su vida en México y, al mismo tiempo, sostener trámites legales en otro país. En su caso, la esperanza es vender la propiedad y recuperar algo del capital invertido, aunque acepta que tardará meses antes de conseguirlo.
Mientras tanto, sobrevive con lo que puede conseguir en Mérida, en busca de apoyos en despensa para él y su familia, sin acceso a los recursos que acumuló en tres décadas en Estados Unidos.
Los testimonios y la asesoría legal coinciden en una idea: la deportación no borra la propiedad, pero la distancia convierte cualquier trámite en un proceso largo, costoso y lleno de incertidumbre. La casa que se deja no desaparece, pero se vuelve inalcanzable mientras la familia aprende a vivir con un pie en cada país.
