Deportaciones encarecen la mano de obra en el sector de la construcción en EU
Al menos una cuarta parte de los trabajadores de la industria son migrantes, por lo que su escasez a causa de las políticas del presidente Donald Trump incrementará el precio de la vivienda.
En estados como Texas, la mano de obra migrante representa hasta 40% de las plantillas.(Mario Tama/Getty Images)
Diana Zavala
Estados Unidos enfrenta una escasez de vivienda estimada en 3.7 millones de unidades. Tras más de una década de construcción insuficiente, los precios de compra y renta se mantienen en niveles récord. Pero el déficit no solo responde a la falta de inversión en nuevos proyectos: el país también carece de trabajadores suficientes para levantarlos.
En julio de 2024 había 248,000 vacantes sin cubrir en la construcción y la industria calcula que necesitará 454,000 empleados adicionales en 2025 para atender la demanda. Frente a ese vacío, la fuerza laboral migrante es determinante.
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De acuerdo con el Urban Institute, en 2023 los migrantes representaban 23% de quienes trabajan en la construcción. Un análisis de KPMG eleva la cifra a cerca de 25% y advierte que en estados como Texas y California la proporción llega a 40%.
“Más de la mitad de los trabajadores en obra negra son migrantes. Si esas labores no se realizan todo el proyecto se detiene desde la base”, señala Blanca Algarra, profesora Tecnológico de Monterrey.
Pero esta "pata" de la mesa se balancea ante las nuevas políticas migrantes de la actual administración de Donald Trump, gobierno que ya expulsó a más de 200,000 personas desde el inicio de su periodo hasta agosto de este año.
"Los latinos forman una gran parte de la industria de la construcción (...) y ahora, debido al aumento de la aplicación de leyes migratorias, están en mucho mayor riesgo de arrestos, deportaciones y detenciones. Eso tendrá efectos negativos relativamente grandes en la construcción", explica el economista senior del Instituto de Política Migratoria de Estados Unidos (EPI, por sus siglas en inglés), Ben Zipperer.
El efecto inmediato de las deportaciones
Este Instituto estima que, bajo un escenario de deportación de un millón de personas por año durante los cuatro años del periodo de Trump, se perderían casi seis millones de empleos en el país. De ellos, 2.3 millones corresponderían a la construcción, lo que equivaldría a reducir 18.8% su fuerza laboral.
La consecuencia no se limita a los migrantes. En una obra, los oficios funcionan como piezas complementarias. Si faltan quienes colocan cimientos o techos también disminuye la demanda de plomeros o electricistas, aunque sean estadounidenses.
“Cuando hay menos inmigrantes techadores y enmarcadores para levantar la estructura básica de las casas habrá menos trabajo disponible para electricistas y plomeros nacidos en Estados Unidos”, concluye Ben Zippeper en su reporte del Instituto de Política Migratoria.
Algarra coincide en que los efectos se extienden más allá de los migrantes: “Prácticamente todas las empresas reportan retrasos en la entrega de proyectos. No es solo que falten trabajadores, sino que los que quedan son más caros y eso impacta toda la cadena productiva”.
En la administración anterior de Donald Trump las deportaciones ralentizaron las edificaciones.(Scott Olson/Getty Images)
Estados en mayor riesgo
El peso de los migrantes en la construcción no es uniforme. Texas y California concentran más de 1.1 millones de trabajadores extranjeros, entre documentados e indocumentados, lo que representa hasta cuatro de cada diez puestos en el sector.
En California, el Economic Policy Institute proyecta que podrían perderse hasta 1.1 millones de empleos en un escenario de deportaciones masivas, equivalentes al 6.2% del total estatal. En Texas, uno de cada cuatro trabajadores de la construcción carece de documentos, por lo que la industria está en riesgo de perder 337,000 empleados.
La dependencia responde también a una transformación generacional. “Los jóvenes estadounidenses no están entrando a trabajos de mano de obra intensiva. Eso ha envejecido a la fuerza laboral local y obligó a que fueran los migrantes quienes mantuvieran viva la industria”, precisa Blanca Algarra, especialista en estudios internacionales.
Costos en ascenso y vivienda más cara
La falta de trabajadores tiene un efecto inmediato en el precio de la mano de obra. Las empresas compiten por retener a los pocos disponibles, lo que encarece el costo de construcción y se traduce en proyectos más caros.
“Lo que vamos a ver es que al hacerse más caro el trabajo será menos viable la vivienda costeable. Los pocos trabajadores que queden se orientarán a proyectos de alto valor”, afirma Algarra.
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Según el Urban Institute, 42% de los trabajadores del sector se emplea en construcción residencial. La salida de más migrantes, por lo tanto, reduciría directamente la oferta de nuevas casas y limitaría la posibilidad de cerrar la brecha habitacional.
Los efectos ya son visibles. De acuerdo con Ben Zipperer, ya existe una desaceleración en las solicitudes de licencia para construcción. "Eso significa que se van a construir menos viviendas. Tiene sentido: con la ofensiva migratoria será mucho más difícil para los constructores encontrar trabajadores para levantar casas en Estados Unidos", alerta.
El informe de KPMG añade que, sin migración suficiente, la escasez laboral se volverá crónica. La consecuencia será un círculo de retrasos constantes, mayores costos y un freno en el crecimiento de la industria.
Si este aumento en la aplicación de las leyes migratorias continúa a mediano o largo plazo, en unos años veremos incrementos sustanciales en los precios de la vivienda. Cuando aumentan las deportaciones y se reduce la fuerza laboral en construcción, se edifican menos viviendas".
Ben Zippeper, economista sénior de EPI.
Estados Unidos tiene un déficit de vivienda de 3.7 millones de unidades que presionan los precios a la alza.(Mario Tama/Getty Images)
Estrategias insuficientes
Para enfrentar la crisis, algunas compañías optan por elevar sueldos o reducir la semana laboral a cuatro días con pago completo, con el objetivo de retener personal. Pero estas medidas son temporales.
La industria discute la creación de un programa de visas temporales específicas para la construcción, similar al que existe en el sector agrícola, aunque sin avances concretos.
La profesora Algarra advierte que las respuestas son, hasta ahora, locales y reactivas: “Son paliativos para acaparar a los pocos trabajadores disponibles, pero no hay una estrategia integral que permita sustituir la pérdida masiva de mano de obra”.
"Lo más sencillo sería detener el incremento en la aplicación de las leyes migratorias. De por sí, Estados Unidos ya tenía un nivel bastante alto de deportaciones: típicamente se expulsan más de 300,000 personas al año, lo cual no es poco. La administración Trump aceleró esto: quiere deportar un millón de personas al año, lo que devastaría industrias como la construcción, pero también otras como el cuidado infantil", añade Ben Zippeper.
Mientras tanto, los proyectos se retrasan, la oferta se reduce y el déficit de vivienda se amplía. Urban Institute advierte que las deportaciones “profundizarían la crisis de vivienda y socavarían los objetivos de reducir costos y expandir la oferta”.
El primer periodo
Los efectos de endurecer la política migratoria ya fueron visibles con el programa Secure Communities, implementado a partir de 2018, durante la primera administración de Donald Trump.
En olas previas de mayor control migratorio se redujo el empleo de trabajadores inmigrantes porque fueron deportados, porque dejaron de venir o porque no se quedaron, pero también se afectó negativamente a trabajadores nacidos en EU. Los efectos más fuertes fueron en la construcción y en el cuidado infantil".
Ben Zippeper, economista sénior de EPI.
La mayor detención y deportación de migrantes redujo la mano de obra en construcción, ralentizó la edificación de vivienda y elevó los precios.
Un análisis del Urban Institute subraya que los trabajadores indocumentados no sustituyen a los nacidos en Estados Unidos, sino que los complementan. Su ausencia no generó empleos adicionales para ciudadanos, sino que se tradujo en una pérdida neta de puestos de trabajo.
Algarra recuerda que, desde la crisis inmobiliaria de 2007-2008, el sector no recuperó a los más de un millón de trabajadores que lo abandonaron. “Los migrantes llegaron a cubrir ese vacío en las siguientes décadas. Al sacarlos, se repite un problema que ya existía y que nunca se resolvió del todo”.
