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Tren Maya, un parteaguas para revalorar los impactos climáticos de megaproyectos

AMLO presentó como un acto histórico el primer viaje del Tren Maya y ahora los vagones ruedan sobre el suelo de la Península de Yucatán sin tomar en cuenta derechos humanos en materia ambiental.
mié 07 febrero 2024 06:00 AM
Activists from the group Cenotes Urbanos explore the underground caves of the Aktun T'uyul System, in Playa del Carmen
En la ruta del Tren Maya se instalarán alrededor de 10,000 pilotes.

A partir del año 2019 se promovieron diversos amparos por parte de organizaciones de la sociedad civil y asociaciones en contra del Tren Maya. En dichos recursos legales se señalaron esencialmente transgresiones al derecho a la consulta, libre, previa a informada de los pueblos y comunidades indígenas, campesinas y urbanas, así como violaciones al marco jurídico en materia ambiental. Por ejemplo, la carencia o extemporaneidad de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

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Si bien en gran parte de estos juicios de amparo se concedió la suspensión provisional y la suspensión definitiva a las organizaciones que se ostentaron como parte quejosa de estos juicios, para el efecto de detener la construcción de determinados tramos de la obra del Tren Maya, es importante enfatizar que la obra siguió su curso y que dichas suspensiones no constituyen sentencias definitivas firmes con el carácter de cosa juzgada que impliquen una protección jurídica plena.

En otras palabras, la mayoría del número de amparos existentes a la fecha aún no han sido resueltos mediante una sentencia definitiva firme. Esto significa que la disputa en los tribunales sigue abierta y podría terminar todavía con una derrota para quienes defienden la selva.

A pesar de lo anterior, el presidente presentó como un acto histórico el primer viaje del Tren Maya y ahora mismo los vagones ruedan sobre el suelo kárstico de la Península de Yucatán sin tomar en cuenta los derechos humanos en materia ambiental. ¿Está este proyecto poniendo en riesgo el ecosistema y biodiversidad de la selva maya? Muchas personas consideramos que sí, pero es la justicia la que tiene que fallar al respecto con base en el marco legal nacional e internacional vigente, así como en la evidencia científica.

En ese sentido, el escenario respecto a los amparos que se encuentran pendientes de resolución se vislumbra poco esperanzador en cuanto a obtener una sentencia firme favorable que impida y/o detenga los impactos ambientales y vulneración de derechos humanos a los pueblos y comunidades indígenas.

Cabe destacar que entre los impactos ambientales más severos que se prevén y están teniendo lugar ahora mismo —como lo ha documentado el Centro Mexicano de Derecho Ambiental — se encuentran desabasto de agua en la zona de Calakmul, pérdida de hábitat, fragmentación, atropellamiento, bloqueos de paso de fauna y la deforestación de 2,500 hectáreas de selvas húmedas y secas, que equivalen a casi cuatro veces el bosque de Chapultepec. Impactos que marcarán la vida de muchas personas y especies en México.

Por otra parte, no debemos perder de vista el decreto presidencial del 18 de mayo de 2023, por el cual se determinó que la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructura, los espacios, bienes de interés público, ejecución y administración de la infraestructura de transportes, de servicios y polos de desarrollo para el bienestar y equipo del Tren Maya son una cuestión de seguridad nacional y de interés público, cuestión que claramente atenta con el derecho de la ciudadanía al acceso a la información pública a no navegar a ciegas ante los actos del gobierno o de cualquier otra forma de poder. No es opcional ceder la información de proyectos de tal magnitud como el Tren Maya.

Las personas abogadas confiamos en lo que hacemos y apostamos nuestra vida profesional al respeto de la ley. Dicho esto, tememos que las leyes son insuficientes ante el tamaño de la tragedia y del reto, es decir, la vía jurídica no parece ser la idónea para subsanar los impactos ambientales que ha generado el Tren Maya.

Por lo anterior, urge la participación de la ciudadanía organizada. Actualmente tenemos al alcance un plan transversal desde una perspectiva del respeto, protección y garantía a los derechos humanos en materia ambiental, el cual constituye en sí mismo una oportunidad de contrarrestar la vulneración sistemática de derechos que conlleva este megaproyecto en nuestra sociedad. Y este plan a su vez busca hacer frente a la crisis climática en México procurando evitar megaproyectos que acrecienten los impactos de la crisis climática.

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Entre las diversas propuestas del Plan Nacional de Descarbonización y Resiliencia Climática en México se encuentra el replantear las políticas urbanas y territoriales desde una visión de las políticas de suelo, que asegure un manejo justo y democrático y toma de decisiones sobre el uso, valoración, aprovechamiento, conservación y protección de la naturaleza y el territorio. Así como adoptar un plan nacional para acelerar una implementación consistente del Acuerdo de Escazú, que contemple acciones en el orden federal, estatal y municipal, además de congruencia estratégica entre acciones de los tres poderes del Estado y que aplique a las practicas público y privadas. También asegurar el acceso a la justicia y mecanismos de reparación de violaciones a los derechos humanos, así como la definición de compromisos reales respecto de las medidas de no repetición.

El hecho de que en México se haya llevado a cabo una obra como el Tren Maya en tiempo récord no es motivo para festejar, menos considerando el deterioro que ha implicado dicha obra y considerando que nuestro país y el mundo en general enfrentan un alto grado de vulnerabilidad ante la crisis climática. Por eso, independientemente de que hoy el Tren Maya exista, el próximo sexenio no podemos darnos el lujo de permitir proyectos que no respeten las leyes ambientales, que no garanticen los derechos humanos y que no atiendan la crisis climática.

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Nota del editor: Janeth Ugalde es Coordinadora de Operaciones en el Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe, abogada por la Facultad de Derecho de la UNAM y activista contra la crisis climática y por derechos de los animales. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

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Opinión Tren Maya Protección al medio ambiente
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