Vivimos en una región donde los terremotos no son una posibilidad lejana: son realidad, historia y lamentablemente, un recordatorio constante de nuestra vulnerabilidad. En México, como en el resto de América Latina, la conversación pública sobre sismos suele aparecer después del susto y desaparecer con el paso de los días. Pero este debate no debe limitarse a la emergencia; debemos trasladarla a la cotidianidad de nuestras decisiones, a la forma en que concebimos, mantenemos y gestionamos la infraestructura que nos protege.
Cada edificio, cada puente, cada infraestructura esencial representa algo más que acero y concreto: representa un contrato de confianza con quienes los habitan, con quienes trabajan en ellos, con quienes transitan por sus alrededores. Ese contrato de confianza exige que la infraestructura no sólo resista el próximo temblor, sino que funcione durante y después de él. Que mantenga su integridad, que soporte a las comunidades y que no se convierta en una fuente de tragedia.
Este contrato se sostiene sobre tres pilares que, aunque sencillos en el papel, requieren voluntad política, educación ciudadana y aplicación de tecnología avanzada: actualización normativa, concientización preventiva y mantenimiento continuo.
Este primer pilar, la normativa de construcción ha avanzado, especialmente en la Ciudad de México, donde las reformas recientes y las actualizaciones de normas técnicas complementarias han fortalecido los criterios de diseño sísmico. Estas herramientas técnicas son cruciales para construir nuevas infraestructuras resistentes a los sismos y a otros riesgos naturales que enfrentamos.
Las normas no bastan por sí solas, la resiliencia exige llevar esta conversación a las comunidades. La concientización ciudadana es clave, porque ciudadanos informados saben exigir inspecciones, mantenimiento preventivo y participar en la gestión del riesgo. Sin atención continua, las estructuras envejecen, acumulan daños y se vuelven más vulnerables ante el siguiente sismo.
