La estrategia de desarrollo para México de la presidenta Claudia Sheinbaum contempla, en gran medida, un ambicioso plan de inversión en sectores estratégicos (como el de la energía y el de la infraestructura de trasporte). La expectativa es que con mayor inversión se expanda la actividad industrial y se logren reducir las desigualdades estructurales entre las distintas regiones del país. El Plan México, anunciado el 13 de enero de 2025, establece justo esto; pero además considera como meta principal que nuestro país se ubique entre las 10 economías más importantes del planeta.
Corte de caja: Plan México
La sensación de falta de certeza jurídica ha sido, en los últimos años, uno de los factores que ha ralentizado nuestro crecimiento económico.
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Aproximadamente un mes después, la SHCP presentó el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar; el cual planteó la inversión de 5.6 billones de pesos en obras entre los años 2026 y 2030 (considerando capital público y privado). Para el año 2026 se plantea que adicional al presupuesto público se destinen 722,000 millones de pesos. Según el gobierno, esta estrategia debería impulsar y mantener la inversión pública por arriba del 2% del PIB. Adicionalmente, se considera un portafolio de entre 1,500 y 2,000 proyectos en ocho sectores estratégicos; donde la energía (electricidad, gas y petróleo), trenes de pasajeros y carreteras representan alrededor del 83% de esta cartera.
A un poco más de un año de la presentación de estos planes, la inversión (y con ella el crecimiento económico nacional) parece no haber alcanzado las metas establecidas al cierre de 2025. El Plan México fijó un monto objetivo de inversión de al menos el 25% del PIB a partir de 2025 y de 28% para 2030 (público y privado). Sobre este punto, debemos decir que, durante las últimas 3 décadas, solo en dos años se ha sobrepasado el 25%: 2008 y 2012. En 2024 se alcanzó un 24.4%, que fue resultado de la transferencia de recursos para concluir los proyectos de infraestructura de la administración federal anterior (lo que, por otra parte, aumentó el déficit fiscal). Para 2025, este valor disminuyó a 22.7% (considerando la corrección de la serie histórica del PIB hecha por el Inegi en marzo de 2026).
Sobre los resultados alcanzados en 2025, en nuestra opinión, han sido consecuencia de una variedad de circunstancias (no siempre bajo el control de las autoridades, pero con las que podemos entender porque los inversionistas han sido cautelosos):
1) política comercial de Estados Unidos;
2) contención fiscal por parte del Gobierno Federal;
3) expectativas sobre la revisión del T-MEC (junio de 2026);
4) inseguridad pública y
5) falta de reglas que den forma a la estrategia de inversión.
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Pese a esto, debemos decir que algo que sigue jugando a favor es la estabilidad de ciertas variables macro como el tipo de cambio y las tasas de interés (para 2024, la tasa de referencia cerró en 10.0% y para marzo de 2026 fue de 6.75%).
Asimismo, es justo también resaltar que, durante 2025 y el primer trimestre de 2026, el gobierno ha procurado institucionalizar y establecer el andamiaje legal para su estrategia de inversión sexenal. Los esfuerzos se han centrado en lo siguiente:
1) creación de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado;
2) iniciativa de la Ley General de Infraestructura para el Bienestar (aprobada por los diputados el 25 de marzo de 2026);
3) futura creación del Consejo de Planeación Estratégica de la Inversión; y
4) adecuaciones a la Ley de Simplificación y Digitalización, a las leyes secundarias del sector energético y a Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Si bien estas iniciativas no están libres de debates y posturas encontradas entre diferentes actores sociales, económicos y políticos, en nuestra opinión es loable ver propuestas jurídicas que busquen fortalecer el marco legal para brindar certeza regulatoria, mejorar la planeación del gasto público y reducir la discrecionalidad. Sobre todo porque, a nuestro juicio, debería estar en el interés del propio gobierno llevar a buen puerto su plan y porque justo la sensación de falta de certeza jurídica ha sido, en los últimos años, uno de los factores que ha ralentizado nuestro crecimiento económico.
En este tenor, no podemos pasar por alto el debate sobre la nueva Ley de Infraestructura. Justo porque en ella se establecen los modelos de inversión (contratación a largo plazo e inversión mixta) y los diferentes vehículos financieros para llevarlos a cabo, los cuales funcionarían, en principio, en alianza con el sector privado. En particular, sobre los modelos de inversión, la expectativa del mercado está sobre cómo se estructurarán y financiarán los primeros proyectos bajo el amparo de esta Ley.
En este sentido, la Ley establece que el Estado definirá las reglas de operación y los objetivos sociales, y compartirá de alguna forma los beneficios, costos y riesgos con los privados para no depender sólo del presupuesto federal y comprometer la disciplina fiscal. Asimismo, el Consejo de Planeación sería quien evalúe la viabilidad técnica, jurídica, económica y financiera de los proyectos, así como sus beneficios sociales y su sostenibilidad. En lo que sí tenemos certeza es en que el gobierno participará mayoritariamente en aquellos proyectos definidos como estratégicos. Por todo esto, lo que podemos concluir hasta ahora es que el modelo de inversión, el vehículo de financiamiento y la gestión de riesgos se definirá caso por caso.
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Pese a que aún estamos en la etapa inicial de ejecución, creemos plenamente que el Plan México será viable solo si se considera activamente la inversión privada en la ecuación de crecimiento, pero reconociendo al mismo tiempo que la participación del gobierno ayudará a reducir ciertos riesgos inherentes a proyectos en el sector de energía y de infraestructura. Por otro lado, el éxito del plan será cada vez más tangible sólo si se ejecuta oportunamente, ya que el potencial de crecimiento industrial estimado ejercerá en algún momento presión sobre los sistemas de electricidad, gas, agua y transporte. Asimismo, en nuestra opinión, el éxito del plan también dependerá de la disciplina de la política fiscal, ya que la propia inversión gubernamental es parte importante de la promoción de la inversión privada. En este punto, la Ley establece un nuevo tratamiento para los compromisos plurianuales ligados a proyectos de inversión, donde incluso la SHCP excepcionalmente podrá autorizar contrataciones, aun cuando no se cuente con suficiencia presupuestal.
La urgencia para aumentar la inversión corre en paralelo al interés de mejorar nuestro modesto crecimiento económico. El año pasado, se registró un crecimiento del PIB de 0.8% y una caída en la inversión en obra pública de 27.4% (en términos reales), que representó un 2.2% del PIB. Para 2026, los PreCriterios Generales de Política Económica mantuvieron el crecimiento puntual del PIB en 2.0%, mientras que la SHCP mantuvo su expectativa del déficit presupuestario en 4.1% del PIB, con la intención de asegurar la consolidación fiscal. Recordemos que el déficit presupuestario que en 2025 cerró en 4.3% de PIB, se había previsto inicialmente en un nivel de 3.9%.
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Nota del editor: Roberto Ballínez e s Director Ejecutivo Senior de Finanzas Públicas Estructuradas e Infraestructura. Natalia Sales es Subdirectora de Finanzas Públicas. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a los autores.
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