Constructores respaldan nueva ley de infraestructura, pero exigen participación en planeación y ejecución

Luis Méndez Jaled , presidente del organismo, señala que con la legislación anterior hubo “una distribución inequitativa de riesgos”, así como contratos con baja transparencia y proyectos diseñados bajo criterios de rentabilidad financiera por encima de su utilidad social. Esto es algo de lo que la propuesta presidencial pretende cambiar.

En entrevista para Expansión, el diputado Alfonso Cuéllar, afirma que este rediseño se inscribe dentro de una estrategia más amplia. Forma parte del Plan México, que busca alcanzar una inversión cercana a 6 billones de pesos entre 2025 y 2030 , con participación en sectores como carreteras, trenes, puertos, aeropuertos y conectividad.

Un giro al enfoque de la infraestructura

La iniciativa plantea modificar el eje de los proyectos, con un nuevo enfoque que busca dejar atrás la lógica centrada en la rentabilidad financiera para priorizar el desarrollo regional y la atención de zonas rezagadas.

Para la CMIC , este es uno de los principales cambios del proyecto de ley, pero además identifica elementos institucionales que pueden incidir en la forma en que se planea y ejecuta la infraestructura.

Entre estos, destaca la propuesta de crear una Comisión de Infraestructura para el Bienestar, con participación de distintas dependencias, lo que, de acuerdo con la Cámara, puede fortalecer la planeación, la ejecución y la evaluación de los proyectos bajo un mismo esquema.

Otro punto es la incorporación de propuestas privadas al proceso de implementación. Para el organismo, este mecanismo abre la puerta a innovación y desarrollo tecnológico, además de permitir que las empresas demuestren impactos sociales medibles.

Mecanismos y certidumbre en los contratos

La CMIC valora como positivos los cambios que la iniciativa plantea sobre la resolución de los conflictos, con mecanismos como paneles de expertos, conciliación y arbitraje.

Estos instrumentos, señala la Cámara, pueden aportar certidumbre jurídica, reducir retrasos y sobrecostos, y mantener la continuidad de los proyectos incluso en escenarios de disputa.

A diferencia del modelo de Asociaciones Público-Privadas, que concentraba riesgos en el Estado y aseguraba retornos para los privados, la nueva propuesta plantea esquemas con responsabilidades compartidas y utilidades bajo condiciones de equilibrio entre las partes, de acuerdo con el diputado.

A ello, se suma la propuesta de crear un Fondo de Infraestructura para el Bienestar , enfocado en detonar proyectos en comunidades marginadas, lo que introduce un componente de política pública dentro de la asignación de recursos.

Las condiciones para que funcione

Pese a los elementos que considera favorables, la Cámara advierte que el resultado dependerá de cómo se definan las reglas.

Uno de los puntos centrales es la asignación de riesgos, es decir, quién asume la responsabilidad cuando hay incidencias, retrasos o problemas con una obra determinada. Esto era una problemática de la legislación anterior.

“La importancia de preservar la viabilidad contractual mediante una asignación de riesgos proporcional a la capacidad de cada parte”, señaló la CMIC en su posicionamiento.

También plantea la necesidad de contar con metodologías claras para el Índice de Medición de Bienestar, con el objetivo de dar certidumbre a los participantes y evitar criterios discrecionales en la evaluación de proyectos.

A esto se suma la exigencia de transparencia en la asignación de recursos y mecanismos de rendición de cuentas, como condición para que la participación privada se mantenga en el nuevo esquema.

Uno de los ejes centrales es la movilización de recursos que actualmente se encuentran en fondos, fideicomisos, banca de desarrollo y ahorro privado, con el objetivo de canalizarlos hacia proyectos de infraestructura. La lógica es detonar inversión sin depender únicamente del gasto público, apuntó Cuellar.

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Planeación y continuidad, el pendiente estructural

Más allá de la discusión inmediata, la CMIC pide considerar la planeación de largo plazo, como una manera de atender el pendiente estructural que hay en la materia.

Para ello, propone la creación de un Instituto de Planeación que fortalezca el desarrollo técnico de la infraestructura y evite que los proyectos dependan de ciclos administrativos.

En su posicionamiento, el organismo resume el momento como una oportunidad para redefinir el modelo de infraestructura en el país. El alcance de la reforma, advierte, dependerá de que se construyan reglas claras y que se mantenga la participación privada.