Micromovilidad y Mundial 2026. La política pública detrás de los trayectos de última milla

Lo que ocurrió recientemente en recintos como el Estadio Akron o el Estadio Banorte no es anecdótico, es un anticipo. Aglomeraciones, tiempos de salida desbordados y accesos saturados no son fallas aisladas; son síntomas de un sistema que no ha resuelto la última milla. Y en un evento de escala global, esa omisión deja de ser un inconveniente para convertirse en un riesgo reputacional y operativo.

Aquí es donde la micromovilidad deja de ser una tendencia aspiracional para convertirse en un tema de política pública. Bicicletas compartidas, scooters eléctricos y otros esquemas de movilidad ligera han probado su eficacia en ciudades donde las reglas del juego están claras.

No sustituyen al transporte masivo, pero sí lo complementan de forma estratégica, especialmente en trayectos de uno a cinco kilómetros, donde el automóvil resulta ineficiente y el transporte público no siempre alcanza.

El problema en México no es técnico ni de mercado, es político y regulatorio. La fragmentación normativa entre estados y municipios, la falta de lineamientos homogéneos y la incertidumbre jurídica han frenado el desarrollo de soluciones que, en otros países, se implementaron con rapidez. La conversación sobre micromovilidad suele quedarse en el terreno de la innovación, cuando en realidad pertenece al ámbito de la gobernanza.

El Banco Mundial ha sido claro al señalar que la eficiencia en movilidad urbana incide directamente en la competitividad de las ciudades. Bajo esa lógica, la última milla no es un detalle operativo: es un indicador de capacidad institucional. Resolverla implica algo más complejo que desplegar vehículos; requiere coordinar niveles de gobierno, establecer reglas claras para la operación privada y construir legitimidad social en torno al uso del espacio público.

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Opinión

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El Mundial introduce un elemento que rara vez aparece con tanta claridad: presión política con fecha de caducidad. La necesidad de evitar colapsos logísticos frente a una audiencia global puede acelerar decisiones que, en condiciones normales, tardarían años. Pero la prisa no sustituye al diseño. Regular la micromovilidad implica definir dónde pueden circular estos vehículos, cómo se integran con el transporte existente, qué estándares de seguridad deben cumplir y bajo qué condiciones operan las empresas.

El riesgo es optar por soluciones parciales o improvisadas que funcionen durante el evento, pero que no construyan una política pública duradera. La tentación de resolver “para la foto” es alta cuando el calendario aprieta. Sin embargo, el verdadero valor del Mundial no está en las semanas que dura, sino en las decisiones que deja.

Hablar de movilidad de última milla es, en el fondo, hablar de cómo se toman decisiones públicas en México. Es preguntarse si existe la capacidad para anticipar problemas, coordinar actores y diseñar reglas que habiliten soluciones en lugar de bloquearlas. La micromovilidad no necesita discursos; necesita certidumbre.

El 2026 no es un punto de partida, es una fecha límite. Los problemas ya están sobre la mesa y las alternativas también. Lo que está en juego no es únicamente la experiencia de quienes asistirán a los partidos, sino la posibilidad de que las ciudades mexicanas den un salto hacia modelos de movilidad más eficientes, sostenibles y accesibles.

La última milla, esa que rara vez aparece en los planes maestros, podría terminar siendo el verdadero examen. Y como en todo examen público, no se evalúa la intención, sino la capacidad de ejecución.

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Nota del editor: Andrés Díaz es socio y director general de DAP, Despacho de Asuntos Públicos. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

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