Arquitectos buscan revalidar su práctica en reforma a la Ley de Obras

La reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados se encuentra en la cancha del Senado, tras su aprobación por la Cámara de Diputados, y el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y la Sociedad de Arquitectos Mexicanos (CAM-SAM) dan los últimos pasos para lograr que en el documento se incluya la conceptualización del proyecto arquitectónico y urbanístico.

El arquitecto Antonio Gallardo explica que la solicitud del sector es que se abra un capítulo especial para proyectos urbano-arquitectónicos y que la asignación de proyectos sean por concurso de diseño, no por licitación de precio. “Con el concurso de diseño se tiene en cuenta la propuesta urbano-arquitectónica y los costos de obra, pero no concursan costos profesionales”, afirma en entrevista.

Con ello, habría más transparencia y se promovería que exista una cultura de proyecto y planeación previa al desarrollo de las obras. Asimismo, agrega el arquitecto, se evitarían procesos como el del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, “que fue un estudio de mercado y debió ser un concurso; pero la ley no contempla los concursos, sólo las licitaciones de obra y servicios relacionados con la misma”.  

El arquitecto Francisco Treviño, también de la CAM-SAM, apunta que el objetivo es revalorizar el ejercicio de la profesión. “En la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados se habla del proyecto y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) contempla que para cualquier presupuesto o asignación de partidas presupuestales tiene que haber un proyecto ejecutivo, pero no queda claro en ninguna parte que este proyecto es exclusivamente arquitectónico. El proyecto arquitectónico nunca es tomado en cuenta como tal y quedamos remitidos a un servicio relacionado, cuando no lo es”.

Por ello, el objetivo de la CAM-SAM es que haya una legislación específica sobre la materia, ya que “el proyecto arquitectónico no va implícito en el ejecutivo”.

“Lo que pretendemos es que exista una cultura del proyecto y planeación previa al desarrollo de las obras y transparencia en la asignación”, insiste Gallardo. El colegio cuenta además con recomendaciones para organizar los concursos de arquitectura basados en las mejores prácticas internacionales, que incluyen las políticas de la Unesco y la Unión Internacional de Arquitectos.

Para ambos arquitectos, la inclusión de estos puntos en la reforma a la Ley es fundamental para que exista un marco jurídico “adecuado a los tiempos actuales. La ley de la profesión data de 1946”, recuerda Gallardo.

“En la práctica, esto se vería reflejado en menos sobrecostos, más transparencia y más calidad en las obras”, concluye Treviño.