La CMIC insiste en modificar la Ley de Obra Pública
La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) insiste en que hay que modificar la Ley de Obras Públicas para elevar la competitividad, dar más certidumbre en los contratos y transparencia al sector.
El organismo empresarial presentó a la Cámara de Diputados una serie de cambios a la legislación. De hecho, ya solicitó una reunión para abordar este tema con la recién creada Comisión de Infraestructura que preside Alberto Curi Naime y está en espera de una respuesta, por lo que la cita podría darse en los próximos días.
A principios de diciembre esta comisión, que tiene como objetivos el fortalecimiento del sector de infraestructura, recibió a los representantes de la CMIC, pero se abordaron diversos temas además de las reformas a la Ley de Obra Pública.
En un encuentro previo, llevado a cabo en diciembre de 2012, los empresarios presentaron el documento 'Los Retos de la Infraestructura en México 2013-2018', mismo al que se le dará seguimiento en próximas citas.
Luis Zárate, presidente de la CMIC, pretende que haya mayor transparencia en la asignación de obras públicas y que "se contrate la [propuesta] que más convenga al estado y no las obras más baratas, como actualmente se hace".
El también Vicepresidente de ICA agrega que esta ley busca dar claridad al pago de los servicios de los constructores, los votos de los anticipos y los plazos de la revisión de las estimaciones, de modo que si el Gobierno no cumple con el pago de acuerdo con los tiempos establecidos asuma los gastos financieros de los atrasos.
"La ley es totalmente discrecional, ésta debe ser muy clara, no podemos empezar proyectos de construcción si previamente no están liberados los derechos de vía, los estudios de factibilidad, etcétera", reclama el directivo de la CMIC, en entrevista con Obras.
Indica que las modificaciones a la ley están enfocadas en la asignación de riesgos, ya que el empresario no puede tomar toda la responsabilidad al presentarse fenómenos naturales, manifestaciones sociales y hasta falta de pagos.
"Tiene que estar el dinero perfectamente etiquetado para cada proyecto. No se tiene que pedir permiso al congreso cada año para la construcción de proyectos, tomando en cuenta que las obras duran tres o cuatro años. El presupuesto debe ser asignado por la vida total del proyecto", explica Zárate Rocha.
Destaca que este tema va de la mano con la Ley de Responsabilidades de Funcionarios Públicos, misma que debe estar encaminada a darle autoridad a los servidores honestos. Añade que como esto no sucede se registran obras inconclusas, lo que genera cuantiosas pérdidas al país.
