Las polémicas vías del plan ferroviario
El gobierno federal ha previsto de manera sigilosa, asertiva y un tanto maquiavélica, la promoción y la aprobación de leyes que blinden de posibles amparos su estrategia para resucitar el ferrocarril de pasajeros por medio de las rutas DF-Querétaro, DF-Toluca y el transpenínsular Yucatán-Quintana Roo. Y es que la autoridad pretende ejecutar estas obras sobre las vías existentes y concesionadas.
El mayor obstáculo para operar los trenes de pasajeros no son los esquemas para obtener el financiamiento, ni la falta de especificaciones técnicas, de espacio, o de suelo. El meollo radica en convencer 'por la buena y de manera legal' a las empresas ferroviarias de transporte de carga de compartir, a través de los derechos de paso, las vías férreas que les fueron concesionadas a mediados de los 90 por 50 años y con derecho a otros 50.
De esta forma, el Congreso de Unión aprobó la nueva Ley de Amparo que, entre otras cosas, limita el otorgamiento de amparos a concesionarios de los sectores telecomunicaciones, minero y transportista, entre otros, "cuando ello impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo". Al cierre de edición, la nueva ley estaba en espera de ser promulgada por el Ejecutivo federal.
Ahora bastará que la autoridad demande el paso de los trenes de pasajeros, sin lidiar con la resistencia de las ferroviarias de carga, ni caer en procesos legales entablados por las mismas, gracias al abuso de los amparos, que por más de una década utilizaron con el fin de consensuar el cobro de tarifas por derechos de paso y salvaguardar hasta el más mínimo de sus intereses.
Para meter en cintura a los concesionarios, la bancada priista del Congreso de la Unión presentó una iniciativa para poder reformar la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario de 1995, que regula la intervención del sector social y privado en las vías férreas, bienes de la nación.
Clara y tajante, la iniciativa busca modificar los artículos 21 y 46 de dicha ley para considerar como causal de revocación de la concesión el incumplimiento de las obligaciones fiscales, hacer a la SCT responsable de fijar las tarifas que las ferroviarias cobran, y facultar a la ASF para revisar el correcto funcionamiento del sistema ferroviario y la explotación de las concesiones.
Lo anterior implicaría modificar los títulos de concesión actuales, que sin duda arrojarían una serie de enconadas negociaciones o incluso la demanda de fuertes indemnizaciones por parte de las ferroviarias, en especial de Kansas City Southern, en cuyas vías se operarían las rutas de pasaje a Querétaro y Toluca.
Quizás ello pondría en entredicho el éxito y las garantías del esquema de privatización ferroviaria, pero también es cierto que tras 15 años de concesión las ferrocarrileras han explotado la infraestructura a diestra y siniestra al cerrar algunas rutas por falta de rentabilidad, sin haber agregado un kilómetro de nuevas vías.
Así de osados y ambiciosos suenan los planes del presidente Enrique Peña Nieto en materia ferroviaria, falta esperar si logrará sus metas de beneficio social con el servicio de pasajeros.
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