Los 5 miedos de los constructores ante la Ley Antilavado

Los constructores desconocen cómo se aplicará la Ley Antilavado que entra en vigor el día de hoy, pues aseguran que todavía presenta vacíos legales que se aclararán cuando se dé a conocer su reglamento, en agosto.

A esto agregan que la medida les generará gastos adicionales en materia administrativa, y posiblemente el cumplimiento de más obligaciones fiscales, laborales y legales, las cuales implicarán más costos. 

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, publicada el 17 de octubre de 2012 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), cataloga como actividad vulnerable al sector construcción, de desarrollo inmobiliario o de intermediación en la transmisión de propiedad. 

Como consecuencia, impuso nuevas obligaciones a las empresas, entre las que destaca la restricción para realizar operaciones de compra-venta en efectivo, identificar a los clientes y reportar mediante avisos electrónicos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) cuando las transacciones excedan 519,699 pesos. 

Restricción al pago en efectivo
Oscar de los Reyes, profesor investigador del TEC de Monterrey, Campus Santa Fé, asegura que la Ley Antilavado ayudará a que las personas físicas o morales de la industria de la construcción no eludan algunas obligaciones fiscales, administrativas y legales, al realizar actividades o prácticas informales, como en la contratación de trabajadores, lo que implicará una merma en sus ingresos. 

"Estamos analizando la posibilidad de sacarle una tarjeta bancaria al maestro de obra y depositarle ahí su salario, y ver cómo utilizamos el comprobante fiscalmente. (..). Como está la Ley Federal del Trabajo, si aplicas lo de las tarjetas estás generando una relación laboral mucho más fuerte. Tratamos de ver estrategias para no caer en problemas por la misma naturaleza del trabajo", explica Daniel Miranda Mayans, director Comercial de Desarrollos de Grupo Mirsa Construcciones.

Papelito habla
La Ley Antilavado incluye a los notarios, abogados, agentes y corredores inmobiliarios, entre otros, como sujetos obligados para cumplir sus requerimientos y reportar periódicamente las operaciones que realicen a partir de 519,699 pesos en el proceso de compra-venta de la construcción y el sector inmobiliario.

Antes de que entrara en vigor la disposición, los notarios aconsejaban que en algunas operaciones de compra-venta, "te pagaran o pagaras" en efectivo para pagar menos de ISR, agrega Miranda Mayans.

Guillermo Salgado Castañeda, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI): "Tal vez tengamos un gasto mayor en la administración, porque debemos ser más organizados en la documentación y los expedientes antes de realizar una operación, ya que muchas veces los inmobiliarios somos muy dados a dejar las cosas para después".

¿Constructores tras las rejas?
La Ley Antilavado busca proteger el sistema financiero y la economía nacional, al establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita. 

Un estudio publicado por la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados, titulado 'Lavado de Dinero', revela que en 2012 se blanquearon en México 10,000 millones de dólares, equivalente a 3.6% del Producto Interno Bruto (PIB).

Guillermo Aguayo Garza, abogado del despacho Santamarina y Steta, recomienda a todos los involucrados en los sectores inmobiliario y de la construcción, capacitarse y alinearse a los requerimientos que les corresponde de acuerdo a lo que marca la ley, para no incumplir por ignorancia y caer en una omisión sujeta de sanción económica o prisión.

"Quien no cumpla no queda fuera del mercado, pero puede ser acreedor a sanciones que van desde multas por 4 millones de pesos, así como sanciones de privación de la libertad de hasta 10 años de prisión", agrega Luis Zárate Rocha, presidente de la Cámara Mexicana de la Construcción (CMIC).

¿Quién paga el pato?
El notario esta obligado a certificar que las operaciones no se paguen en efectivo y el corredor inmobiliario tiene que llevar el expediente de identificación del cliente. 

"Ello tiene un costo administrativo para todos. Hay que designar un oficial de cumplimiento que es el responsable ante la autoridad de cumplir con la ley. Es algo que no muchos pueden hacer, en especial las pymes, tienen que contratar a alguien para hacerlo", comenta Aguayo.

Miranda señala que para cumplir con los requerimientos de la Ley Antilavado, su empresa calcula un gasto de 200,000 o 300,000 pesos en la instalación de un sistema que permita llevar el nuevo control administrativo, aunque todavía está ‘en veremos’, pues depende de que sea compatible con la plataforma que aplique el órgano desconcentrado de fiscalización de la SHCP. 

Por su parte, Zárate Rocha afirma que la Ley Antilavado generará una carga administrativa y económica para la industria formal -sin detallar montos- ya que tienen que capacitar bien a la industria para cumplir la ley.

Le pega a las ventas
Miranda Mayans dice que esto impactaría en 2% o 3% el precio de las ventas, aunque lo más probable es que no suban sus precios y absorban el gasto, para no quedar fuera del mercado, a pesar de que en los últimos siete meses no ha habido la fluidez de recursos ni las obras que se esperaba para participar.

"Es posible que también disminuyan las ventas o la actividad de la industria, en la medida en la que los sujetos obligados empiezan a familiarizarse con la ley y su reglamento", subraya Reyes. 

La baja en las ventas podría amortiguarse, porque la ley establece la posibilidad de no aplicar multas en caso de cometer una omisión por primera vez bajo determinadas circunstancias, siempre y cuando haya un reconocimiento y el cumplimiento del sujeto obligado.