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La autoridad en la obra

OPINIÓN: La sociedad y los licitadores de obras han caído en la nefasta impresión de que (los DRO y C) se limitan a tramitar permisos.
Columna Franco Bucio (NUEVO)
Columna Franco Bucio (NUEVO) - (Foto: Archivo Obras)

La mayoría de obras nuevas, remodelaciones, reestructuraciones, ampliaciones o demoliciones relacionadas con edificios de cualquier índole, requieren de permisos o licencias que se tramitan ante las administraciones municipales y/o estatales y, según su magnitud y destino, requieren de la responsiva de uno o varios profesionistas registrados como Directores o Peritos Responsables de Obra (DRO).

Comúnmente la administración local cuenta con un padrón de DRO integrado por quienes han demostrado cierta experiencia y que son auspiciados por un colegio de profesionistas. Los DRO son quienes suscriben la petición de permisos, licencias o manifestaciones de construcción y se hacen cargo del apego a la normatividad durante la ejecución de las obras y hasta por un plazo que oscila entre cinco y 10 años después de finalizadas.

Los reglamentos de construcción comprometen a los Responsables de Obra y, en su caso, a los Corresponsables (C) en determinadas especialidades (estructuras, instalaciones, desarrollo urbano, etc.) para vigilar y asegurar que durante el proceso, el proyecto ejecutivo aprobado cumpla con toda la normatividad aplicable.

La "normatividad aplicable" –concepto muy trillado– es muy amplia y se relaciona con los propios reglamentos de construcción y sus normas técnicas; los temas inherentes al uso y el destino de los inmuebles; el contexto urbano
y ambiental; las regulaciones relativas a la eficiencia energética: los recursos naturales; la seguridad, la salud y la protección civil; las normas de calidad que caracterizan a los materiales, productos, equipos y maquinaria a utilizar; y la pertinencia de los contratistas y subcontratistas participantes.

Lamentablemente este conocimiento y acervo no forma parte del bagaje de la mayoría de los DRO y C, lo que causa descrédito y falta de reconocimiento. La sociedad y los licitadores de obras han caído en la nefasta impresión de que se limitan a tramitar permisos y para ello se requiere de su firma, de ahí que despectivamente les llaman 'firmones', calificativo merecido en algunas ocasiones, puesto que no se preocupan por el cumplimiento de la normatividad y ofrecen sus servicios por centavos, lo que limita su actuación y presencia en las construcciones.

La relevancia de esta figura privada es su papel como auxiliar de la administración pública que debe asegurar que, en las obras en que ofrece su responsiva, se cumpla con las leyes, los reglamentos, las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), las Normas de calidad (NMX) y, por supuesto, con el proyecto aprobado. Es quien debe tener la máxima autoridad y, por ende, garantizar a los inversionistas el buen uso de sus recursos.

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En mi carácter de DRO y C exhorto a las autoridades de la administración pública y a los colegios a procurar una mínima actualización profesional anual para garantizar la seguridad, la habitabilidad y la operación de los edificios, y así dignificar nuestro aporte a la sociedad.

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*Consultor en normas, regulaciones y capacitación para la construcción. Director de CORPICO.

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