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Los gobiernos son los peores enemigos de las APP

La mitad de los proyectos que se firman a nivel mundial de APP no se logran porque los gobiernos cambian de parecer.
vie 08 noviembre 2013 03:06 PM
Segundo piso de perif�rico
Segundo piso de perif�rico - (Foto: Tomado de Flickr/ Christian Gonz�lez Ver�n Download)

La principal preocupación de los empresarios al momento de invertir en una APP de infraestructura es que los gobiernos en sus diferentes niveles "entiendan todo lo que sucederá en la transacción, para que se preparen y tengan la voluntad política de llevar a cabo el proyecto", asegura Richard Cabello, gerente para Latinoamérica de International Finance Corporation (IFC).

A nivel mundial, 50% de los proyectos que se firman para crear APP no se logran; de los proyectos no logrados, 99% se deben a que el gobierno cambia de decisión, explica Cabello en el marco de la Sexta Cumbre de Infraestructura y Finanzas Subnacionales en México.

Al momento de hacer una APP, el objetivo principal debe ser que las dos partes estén alineadas, que el proyecto sea una prioridad y que ésta no cambie con las nuevas administraciones, explica Isaac Franklin, director ejecutivo de Ferromex.

Los gobiernos deben de "garantizar un retorno mínimo para hacer atractivo
al proyecto, de otra forma terminan rescatando esos proyectos", pues las empresas buscan un rendimiento y, al ser proyectos a largo plazo, es necesario que se apliquen subsidios, asegura.

José Guillermo Zozaya, presidente de Kansas City Southern Mexico, dice que la mejor forma de evitar estos problemas es institucionalizar al proyecto, coordinar
al sector privado y al público, y comprometer los recursos. "Cuando se conjugan a los diferentes actores del proyecto y el compromiso es firme, (el proyecto) se va a llevar de principio a fin", explica.

Mientras tanto, José San Martín, director general del Instituto Mexicano del Transporte, reconoce  que el sector público en México es de los más complejos en materia de normatividad y reglamentación, por lo que es necesario flexibilizar la función pública, ya que "dentro de un proyecto hay un ejecutor y al menos 20 fiscalizadores" por las diferentes leyes que hay que cumplir.

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