¿Será 2014 el año de la infraestructura?
Este año la industria de la construcción podría ver florecer grandes proyectos de infraestructura si se realizan cambios sustanciales en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM), pues se evitará la discrecionalidad y la opacidad en las licitaciones, las invitaciones o las adjudicaciones directas.
Más allá de la falta de licitaciones, el problema de las vivienderas, la tardanza de las reformas que se aprobaron y un largo etcétera que han frenado las obras en el pasado, la construcción no ha crecido al ritmo deseado debido a la incertidumbre y a la ausente transparencia en los contratos de obra pública.
Prueba de ello son grandes obras como la carretera Durango-Mazatlán y el Túnel Emisor Oriente con un costo de 28,600 y 20,388 millones de pesos (mdp) respectivamente, que se ejecutan o se han ejecutado sin los estudios suficientes y sobre plazos indefinidos, provocando modificaciones sobre la marcha, retrasos y sobrecostos.
En enero de 2013 la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) presentó a la Cámara de Diputados el "Proyecto de Reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas" en el que propone adicionar y derogar diversas disposiciones.
En concreto, la iniciativa busca mayor transparencia en la asignación de obras públicas donde se contrate la propuesta que más convenga al Estado en términos de tiempo, costo y calidad, y no las obras más baratas; que se invierta en estudios y proyectos antes de su ejecución para evitar sobrecostos y retrasos, así como el pago oportuno a los constructores, la eliminación de trámites, la asignación de riesgos y un presupuesto etiquetado para cada proyecto.
La propuesta de la CMIC cuenta con la venia de Alberto Curi, miembro de la bancada priista y presidente de la Comisión de Infraestructura del Congreso de la Unión. Él se ha dado a la tarea de cabildear con los legisladores de otros partidos políticos los cambios a la LOPSRM.
El reto es que se logre aprobar la iniciativa en el periodo ordinario que comienza en febrero para que se puedan cumplir los tiempos de ejercer el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) en el segundo trimestre del año.
De aprobarse las reformas de la LOPSRM, los constructores tendrán más oportunidades de participar en las obras de infraestructura que requiere el país, pues no todas las constructoras, en especial las pymes, tienen el conocimiento, la capacidad, la técnica, la administración ni las finanzas para trabajar bajo el esquema de la Ley de Asociaciones Público Privadas (APP).
Más aún cuando en las disposiciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2012 se destaca que todas las solicitudes de autorización de proyectos APP deben de presentarse a más tardar el último día hábil de junio de cada año, para ser consideradas en el PEF del ejercicio fiscal siguiente.
Urgen los cambios a la LOPSRM, ya que no será sino hasta el año 2015 cuando seamos testigos de la ejecución de algunos proyectos APP, siempre y cuando los autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
