AL debería invertir 6.2% del PIB anual en infraestructura: Cepal
Los países de América Latina deberían invertir 6.2% anual de su Producto Interno Bruto (PIB) –unos 320,000 millones de dólares (mdd)- para satisfacer sus demandas de infraestructura en el periodo 2012-2020.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) expone que el dato de 6.2% del PIB resulta de aplicar la trayectoria de la inversión a las necesidades esperadas de infraestructura y asume una repetición del patrón histórico de inversiones de los países.
Como tal, apunta, representa una aproximación y no una recomendación taxativa, advierte en un estudio del organismo de las Naciones Unidas preparado por la Unidad de Servicios de Infraestructura de la División de Recursos Naturales e Infraestructura de la Cepal.
Según el informe, el promedio de 2.7% del PIB de la inversión en infraestructura observada en el último decenio muestra que la región no invierte lo suficiente.
Asegura que una adecuada respuesta a los requerimientos en este campo es clave para la inserción regional en la economía global en el siglo XXI y para la calidad de vida de sus habitantes.
El análisis de las cifras de la base de datos de inversiones en infraestructura económica en América Latina y el Caribe, 1980-2012 (EII-LAC-DB, según sus siglas en inglés) revela una tendencia al incremento de la inversión en los cuatro sectores de infraestructura económica antes mencionados en el periodo 2003-2012.
El sector transporte concentra los mayores montos de inversión desde 2005, seguido por el de energía, telecomunicaciones y agua y saneamiento, apunta la Cepal.
Según el informe, en 2012 (último año disponible) la inversión promedio regional en los cuatro sectores fue de 3.49% del PIB.
Ese año, añade, Costa Rica fue el país que más invirtió en infraestructura (5.47% del PIB de inversión pública y privada), seguido por Uruguay (5.08%), Nicaragua (4.93%), Bolivia (4.47%), Perú (4.46%) y Brasil (4.10%).
De acuerdo con la Cepal, las inversiones en obras de infraestructura contribuyen a incrementar la cobertura y calidad de los servicios públicos (salud, educación, esparcimiento, por ejemplo) y reducen los costos asociados a la movilidad y la logística.
Con ello, resalta, se mejora a su vez el acceso a los mercados de bienes, servicios, de trabajo y financieros, otorgando un entorno propicio para aumentar el bienestar general de la población.
Ante dichas circunstancias, la Comisión reitera la necesidad de revisar el patrón de decisiones de inversión para orientarlo hacia nuevas infraestructuras que acompañen el camino a la igualdad, con sostenibilidad e inclusión.
