Ferroviarios en peligro
El Senado no quiso arriesgar al modificar la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario (LRSF) para eliminar la exclusividad de las vías en las concesiones a 30 años, que se otorgaron a las firmas Kansas City Southern México (KCSM), Ferromex y otras líneas, entre 1997 y 1998, pues se estancaría el desarrollo de la infraestructura ferroviaria de carga y se afectaría la inversión foránea, en especial en los trenes de pasajeros, por falta de certeza jurídica.
El 14 de diciembre se devolvió la minuta a los diputados. No se abrirá el sector a nuevos jugadores bajo la figura de permisionarios que no estarían obligados a invertir en el mantenimiento y la conservación de la infraestructura. La autoridad podría revocar las concesiones, cuando sus titulares omitan el mantenimien
to, impidan y limiten la interconexión de las vías, y cobren tarifas sin registro oficial.
Parece que los legisladores, lejos de impulsar políticas públicas para incentivar y regular de manera eficiente el uso del ferrocarril, respondieron al capricho de los industriales del hierro y el acero, quienes vieron la oportunidad de subirse al negocio sin costo y sin alguna aportación.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) destaca que tras la privatización el servicio mejoró en calidad y equipo rodante, y aumentó el nivel de tráfico y cuotas de mercado. El Banco Mundial indica que la carga creció de 37,613 millones de toneladas/kilómetro, en 1995, a 79,353 millones, en 2012.
Ignorar que las ferroviarias pagaron más de 2,000 millones de dólares (mdd) por sus concesiones, que han invertido 7,000 mdd en infraestructura y que son una arteria vital para el comercio con Estados Unidos frenaría las inversiones del sector, afectando el servicio y la competitividad del país.
De aprobarse la ley, en las condiciones que pretenden los diputados, las concesionarias recurrirían a un panel de controversias en el TLCAN para hacer valer su estado de derecho, amén del poder y la influencia que Union Pacific, socia de Ferromex, tiene en el país vecino del norte.
KCSM y Ferromex concentran prácticamente el transporte de carga, estableciendo las tarifas y los servicios con fuertes ganancias. El gobierno avaló las reglas del juego y diluyó su papel, de autoridad reguladora a observador del sistema, sin facultad para regular e intervenir en los conflictos legales de las empresas, derivados de los derechos de paso, arrastre e interconexión.
Valdría la pena que los legisladores evalúen las consecuencias de sus decisiones, pues más allá del ‘hueso’ empresarial que puedan recibir, no ganarían con prender fuego a un conflicto internacional que le podría costar mucho dinero a México y que a todas luces no beneficia a nadie.
Al cierre de esta edición, la Cámara de Diputados no había emitido ninguna opinión ni votación del análisis de la minuta, por lo que sería bueno que estudiaran un poco el sector ferroviario, para que no repitan, por segunda ocasión, otro ridículo que nadie creerá.
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*Desde 1997 cubre los sectores de infraestructura y transporte en diferentes medios de comunicación.
