En el Plan Nacional de Infraestructura, sumar es mejor que resistir

Después de un desplome de 4.5% en el PIB de la construcción en 2013 y de cero crecimiento en el primer semestre del año, la industria de la construcción comienza a salir del coma y lucha para que su músculo ingenieril se incluya en los 743 proyectos del Plan Nacional de Infraestructura (PNI) y en cualquier obra pública que se licite en el país.

Con base en la aprobación de reformas como la energética y las previsiones del crecimiento económico dadas a conocer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) estima que el PIB de esta actividad crecerá 2% este año, 5.5% en 2015, 6.14% en 2016, 5.1% en 2017 y 4.8% en 2018.

Se trata de un crecimiento que impactará en varios proyectos plurianuales de infraestructura que los constructores nacionales no están dispuestos a dejar en manos de fi rmas extranjeras, ni a conformarse con una mínima parte de los contratos en calidad de subcontratistas, debido a la corrupción o los intereses políticos.

Por esta razón, la CMIC y el Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM) unieron fuerzas para cabildear para que la Cámara de Diputados apruebe la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) en este periodo ordinario y así regularizar la participación de las empresas foráneas en las obras públicas.

De este modo, las empresas mexicanas, en especial las pymes, pasarán de ser contratistas a socios de las firmas extranjeras y éstas tendrán que transferir su tecnología y capacitar a los empleados que traigan de sus países para que aprendan a trabajar como se hace en México.

La LOPSRM también prevé un esquema de reciprocidad, que implica que si las fi rmas extranjeras participan en licitaciones nacionales, sus homólogas mexicanas también pueden colaborar en sus países de origen, y que cuando se trate de alianzas estratégicas se deberá respetar el contenido nacional que marque el proyecto.

No menos importante es que la ley combatirá una serie de vicios por parte de la autoridad, que dejan en la indefensión a los constructores, como obligarlos a firmar contratos en blanco cuando ganan una obra pública, pagarles el primer anticipo meses después de iniciado un proyecto o la discrecionalidad al momento de otorgar las obras.

Luis Zárate, presidente de la CMIC, afirma que el objetivo es balancear los riesgos entre el sector público y privado, al otorgar mayor equidad y transparencia en los procesos de contratación, además de que se aplicarán los recursos y los anticipos en tiempo y forma, y si esto no sucede se pagarán intereses a los afectados, entre otros beneficios que sí otorgan certeza jurídica y económica al sector.

Finalmente, para fortalecer más a la industria nacional, la CMIC y el CICM trabajan con la SHCP para que determine la estructura que tendrá la Coordinación Nacional de Infraestructura, instancia que se encargará de monitorear los proyectos del PNI y de evitar que se sigan dando tratos preferenciales a algunas empresas, particularmente a las extranjeras.

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