6 prioridades para el éxito de la nueva Ley de Desarrollo Urbano
Impulsar instrumentos financieros, la renovación urbana y una estrategia de movilidad son tres de los seis temas prioritarios para lograr una adecuada implementación de la nueva Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, de acuerdo con el Centro Mario Molina (CMM), el World Resources Institute México (WRI México) y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
En un comunicado conjunto, las tres instituciones compartieron un análisis sobre la nueva legislación, aprobada por el Congreso a mediados de octubre pasado y que abroga la anterior Ley, que estuvo vigente por 20 años.
El objetivo es, según las instituciones, "alcanzar la verdadera Reforma Urbana" y retomar "los canales de colaboración que durante la última fase y versión de esta Ley no fueron considerados".
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En ese sentido, recordaron las propuestas que organizaciones especializadas y de la sociedad civil "hemos promovido desde 2012, a partir del ejercicio 100 ideas para la Reforma Urbana, que contó con la participación de 500 actores".
Las tres organizaciones pusieron a disposición de las autoridades dicho documento y reiteraron su disposición para contribuir a la implementación de la nueva ley.
6 temas prioritarios
1. Un involucramiento multisectorial
Para garantizar la continuidad de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, que tendrá vigencia durante cuatro administraciones, es fundamental una perspectiva transveral donde se involucren al menos la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Secretaría de Desarrollo Social; Economía, Educación, Salud y Secretaría de Gobernación, así como sectores especializados, privado y de la sociedad divil.
2. Renovación urbana como estrategia
El carácter compacto de las urbes debe ser el principal objetivo y junto con ello debe considerarse el redesarrollo del suelo, el reciclaje o la renovación urbana para alojar el crecimiento poblacional proyectado y evitar nuevos centros de población o el crecimiento de los existentes, explican los tres institutos.
3. Estrategia de movilidad
El derecho a la ciudad, un concepto novedoso en la Ley, debería incorporar explícitamente el componente de equidad en el disfrute de la ciudad y sus servicios, especialmente en pro de la población más desfavorecida.
La ley debería contribuir a garantizar derechos fundamentales como el de la vivienda asequible, con buena calidad y bien ubicada, y a un medio ambiente sano.
Y como la movilidad es un habilitador de estos derechos, la legislación tendría que hacer énfasis en el desplazamiento seguro, equitativo, cómodo, universal y asequible como objetivo de las políticas públicas en este rubro. Además, debe favorecer los modos masivos y no motorizados.
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4. Establecer atribuciones a las instancias metropolitana y megalopolitana
Con la Ley se crean instancias para la coordinación metropolitana y de centros de población. Es fundamental definir sus atribuciones y asegurar recursos para que operan plenamente.
Las tres instituciones advierten además de un posible conflicto de interés, puesto que las Comisiones de Ordenamiento Metropolitano o de Conurbación tendrían funciones no solo de formulación, aprobación y gestión de sus programas, sino de evaluación.
Además, habrá que preve instancias de cordinación megalopolitana, principalmente por la dimensión e impacto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México y el Tren Interurbano México-Toluca.
5. Financiamiento urbano
Se requieren financiamientos novedosos que ayuden a detonar las capacidades locales de financimiento del desarrollo urbano.
Entre esos mecanismos, se enlistan: como el predial base suelo, la sobretasa a predios baldíos, los bancos de suelo, la captura de plusvaías, la contribución de mejoras y las contribuciones incrementales.
El documento señala también que sería deseable incluir la corresponsabiliad del gobierno federal en la adquisición de reservas territoriales estratégicas.
6. Definir espacios formales de participación ciudadana
La legislación establece el derecho ciudadano a seguir y evaluar las políticas urbanas, pero se deben generar los espacios para que los habitantes lo hagan de manera ordena y en todas las etapas.
En pro de la transparencia "sería deseable además que la información relativa a la implementación de la Ley cumpla con los principios de datos abiertos".
