México se hunde en índice de corrupción
Las medidas anticorrupción que adoptó México en el último año no fueron suficientes para elevar la posición del país en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2016, en donde cayó 28 lugares.
En el informe elaborado por Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional, México ocupó el lugar 123 de 176 naciones evaluadas, con un puntaje de 30, en una escala donde 100 significa la menor corrupción. En el índice del año pasado, el país se ubicó en la posición 95 de 168.
Último lugar en la OCDE
Entre los 35 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México ocupó el último lugar.
De acuerdo con el índice, por su ubicación geográfica, México es relevante en la integración económica entre los países de América en donde tiene acuerdos de libre comercio con 11 países, de los cuales solo dos se ubican con una puntuación menor: Guatemala y Nicaragua, mientras que en comparación con sus dos principales socios comerciales, Canadá y Estados Unidos, éstos se ubican muy por encima del país con 82 y 74 puntos, respectivamente.
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Si se compara a México en el bloque de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) y MINT (México, Indonesia, Nigeria y Turquía), considerados así por tener las economías emergentes de mayor importancia, el país ocupa el puesto número 7, arriba de Rusia y Nigeria.
Respecto al Grupo de los 20 (G-20), integrado por las 20 economías mundiales más grandes y dinámicas que en conjunto representan el 88% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, México solo supera a Rusia, ocupando el penúltimo lugar. Este conjunto de países cuenta con un Grupo de Trabajo Anticorrupción (GTA) desde el que asumen compromisos para combatir este delito.
Entre los 11 países –10 con la salida de Chile– que integran el Acuerdo Estratégico Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), que en conjunto integran el 40% del PIB mundial, México ocupa el último lugar.
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Caída sin freno
De acuerdo con las organizaciones que año con año hacen esta medición, la falta de contrapesos reales entre poderes, el número y la gravedad de casos de corrupción expuestos a la opinión pública y los niveles de impunidad fueron determinantes para que el país cayera.
"Las reformas anticorrupción y la primera etapa de implementación del Sistema Nacional Anticorrupción no fueron suficientes para reducir el efecto de los continuos escándalos de corrupción en todo el país y frenar la caída de México en el Índice de Percepción de la Corrupción", dice el informe presentado el martes.
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Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional señalan que no basta con asegurar la transformación institucional, sino que deben acompañarse de acciones sistemáticas para desmantelar las redes de corrupción que afectan a un número importante de las instituciones públicas del país.
Recomendaciones
Las organizaciones hacen cinco recomendaciones puntuales, tales como investigar de manera exhaustiva las redes de corrupción entre empresas y funcionarios; una Fiscalía General de la República capaz, autónoma e independiente que no dependa de la política interna ni de la política externa.
"México debe comenzar la transición de la Procuraduría General de la República hacia una Fiscalía General, asegurando una discusión técnica y abierta, así como apertura en el proceso de designación de su titular", afirma el informe.
Además, señala que tanto el Congreso de la Unión como los congresos locales cumplan con su función constitucional de ser un contrapeso a los poderes ejecutivos y con su función de vigilancia de las decisiones y el ejercicio de los recursos a nivel local.
Como cuarto punto, expone que para la correcta implementación del Sistema Nacional Anticorrupción en el ámbito federal, es necesario iniciar el proceso de creación de los Sistemas Locales Anticorrupción, pues a la fecha 19 de las 32 entidades federativas del país aún no lo han hecho.
Por último, en el contexto económico del país, además de las medidas de austeridad anunciadas, deben incorporarse instrumentos adicionales que fortalezcan la apertura gubernamental, la integridad y la apropiada fiscalización del gasto público.
