15 estados que reprueban en calidad jurídica de la obra pública
De los 15 estados con la mayor población e impacto en el Producto Interno Bruto de México, ninguno cumple con los estándares jurídicos que deberían regir la obra pública, revela el Índice Legal de Obra Pública (ILOP) 2018, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
Esas 15 entidades son: Baja California, Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Sonora, Tamaulipas y Veracruz.
El Imco considera que un buen marco jurídico es imposible desarrollar buena obra pública, por lo cual es preciso revisar las leyes, su implementación y la rendición de cuentas.
En ese sentido, el instituto analizó en cada estado el cumplimiento de altos criterios técnicos, operativos y presupuestales en la ejecución de obra.
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En ese sentido, encontró que las entidades realizan una planeación y seguimiento deficientes, lo que provoca "una discrepancia relevante entre lo presupuestado y lo ejercido para el rubro de infraestructura".
Como resultado, en 2016, cinco entidades excedieron su presupuesto en infraestructura en más de 100 por ciento. En contraste, siete recortaron su gasto en más de 50 por ciento.
Tomada de imco.org.mx
Para medir las calidad de las leyes estatales, el ILOP desarrollo 24 indicadores que se desagregan en 144 criterios mínimos que deben ser contemplados por el marco normativo que regula toda obra pública.
Estos criterios se rigen por siete ejes transversales y en cuatro de ellos, los 15 estados reprobaron: Competencia 38.8%; Responsabilidades administrativas 52.3%; Tecnologías de la información 39.7%, y Transparencia 50.7 por ciento.
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Solo en tres, consiguieron una calificación aprobatoria: Finanzas públicas 61.2%; Fiscalización 71.3%, y planeación 66.1 por ciento.
Los estados más y menos cumplidos
En términos de cumplimiento por entidad en los siete ejes, Veracruz y Sonora figuran como los estados más cumplidos. Nuevo León, en cambio, es el menos cumplido.
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El estudio del Imco destaca también que ningún estado realiza una investigación de mercado previa al concurso ni incorpora prácticas que fomenten la competencia. Tampoco contienen excepciones razonables a la licitación pública; hay una falta de digitalización y publicación de la información desde la planeación hasta la ejecución de la obra, y no conservan esta información por lo menos ocho años.
Las buenas prácticas que se pueden rescatar
Los resultados del ILOP dan a conocer, no obstante, algunas buenas prácticas que sí están presentes en algunos estados.
En Coahuila, por ejemplo, se utilizan medios electrónicos para desarrollar procedimientos, lo que favorece la transparencia, evita la interacción entre los competidores, hace más sencillos los procesos de auditoría y da celeridad al procedimiento.
Ese mismo estado exige manifestación de ausencia de conflicto de interés, lo que permite detectar potenciales riesgos dentro de un procedimiento.
En los casos de Chihuahua y Jalisco, hay uso de medios alternativos para la solución de controversias, lo cual disminuye los costos y los tiempos relacionados con la ejecución de la obra.
Con el objetivo de detectar irregularidades en el desarrollo de la obra, Sonora prevé la intervención de un Comité de Contraloría Social que coadyuva con el órgano interno de control.
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El Estado de México exige que residentes y supervisores de obra aprueben la evaluación de confianza, lo que genera incentivos para la observancia de las normas durante la ejecución de la obra.
Veracruz, Tamaulipas y Querétaro cuentan con un marco jurídico que regula a los tres poderes estatales y a los órganos constitucionalmente autónomos. Eso permite aplicar las mismas reglas al mayor número de autoridades.
