La constructora ICA fue sentenciada a pagar 23 millones de dólares a 154 ciudadanos europeos por un conflicto inmobiliario que comenzó hace diez años, sin embargo, no ha habido respuesta de la compañía, por lo que el Juez Quinto de Distrito en Materia Civil ordenó notificarle con uso de la fuerza pública, informó el despacho Rovirosa, Ordoñez y Asociados.
ICA tendrá que pagar 23 millones de dólares a 154 ciudadanos europeos
El Juez Quinto de Distrito en Materia Civil ordenó usar a la fuerza pública para notificar la sentencia a la empresa.
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En 2004, el Grupo inmobiliario español MALL creó en México la empresa Proyecto Esmeralda Resort, con el objetivo de construir un complejo turístico y residencial de 295 hectáreas en Champotón, Campeche. Ese mismo año comenzó la venta de viviendas en preventa, pero nunca fueron construidas.
“La constructora incumplió reiteradamente con la fecha de entrega. Sorpresivamente, el 11 de diciembre de 2008 informaron a los compradores que habían acordado con ICA la constitución de un fideicomiso de garantía, con el fin de incrementar y complementar los recursos financieros que ICA les había prestado previamente para terminar el Desarrollo”, explicó el despacho.
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Los bienes transferidos fueron los ingresos de la comercialización, departamentos vendidos previamente, acciones de PER y los inmuebles en el desarrollo, así como los acuerdos llevados a cabo con los compradores, sin embargo, la compañía los desconoció.
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“Ante ello, los compradores decidieron promover un juicio. Finalmente, después de 10 años y de pasar por distintos tribunales e instancias, el 5 de abril del 2021, ICA finalmente perdió el proceso legal y la sentencia del Juez en Materia Civil quedó firme e irrevocable”, agregó Rovirosa, Ordoñez y Asociados.
La sentencia se conforma de un pago de más 12 millones de dólares más 10 millones de intereses a razón de 6% anual, calculados desde el 1 de enero de 2011 hasta el 17 de enero de 2022.
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Los demandantes y sus representantes comentan que ICA no ha tenido comunicación con ellos evitando la notificación, lo que ha impedido que se ejecute la sentencia, por lo que se ordenó el uso de la fuerza pública en el domicilio de la compañía, ubicado en la caldía Miguel Hidalgo.
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