Pacífico 223: la historia de la reconstrucción que fue inhabitable

Parecía que la pesadilla comenzada cuatro años atrás había terminado, pero en cuanto las cámaras se fueron y los discursos cesaron, las casi 40 familias que vivían en el inmueble se enfrentaron a su realidad, "nos engañaron a nosotros y luego a la Comisión" cuenta uno de los vecinos refiriéndose a la empresa constructora que, entonces, estaba a cargo del proyecto.

Los muros nuevos y pulcros por estar recién pintados no dejaban ver que al interior del edificio los espacios estaban inhabitables. Las puertas de los elevadores brillaban, pero por dentro estaban vacías, ya que el ascensor no había terminado de ser pagado y, a consecuencia, instalado.

Un año después de haber dado por concluida de manera oficial la reconstrucción, en septiembre de 2022 la mayoría de las personas no habían podido regresar al que un día fue su hogar ya que la suma de deficiencias acumuladas hacían el lugar inhabitable.

Actualmente la obra ya está en la fase final, afinando los últimos detalles para que en enero del próximo año los departamentos sean escriturados y totalmente entregados. No obstante, la historia que tuvieron que vivir las familias para llegar a este punto final, estuvo llena de promesas rotas y tragos amargos.

La historia

Uno de los vecinos del inmueble, que ha dado seguimiento a las obras, accedió a hablar con Obras sobre lo ocurrido en los últimos cinco años.

En 2017, tras los daños ocasionados por el terremoto, las familias de los 40 departamentos consultaron a especialistas, quienes dijeron que la mejor opción para el edificio era su demolición Se acercaron a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México (Seduvi), antes de que se creara la Comisión para la Reconstrucción, para ver las posibilidades que existían.

Con el organismo acordaron apoyo para tirarlo y edificarlo a través del esquema de construir 35% más departamentos (dando un total de 53) para recuperar recursos. Después de la resolución todas las partes se pusieron manos a la obra.

El primer paso fue escoger a los participantes. El vecino cuenta que de la lista de proyectistas aprobados por la dependencia se escogió a Oscar Sangines, por sus credenciales, porque en ese momento era vicepresidente del Colegio de Ingenieros de la Ciudad de México. Él, a su vez, recomendó a Armando Diaz Infante Chapa con su constructora Los Oyameles Kapital Inmobiliario (con la que Obras ha buscado entrevista, sin tener respuesta hasta el cierre de esta edición), para hacerse cargo del proyecto.

En 2019, después de haber hecho las estimaciones sobre cómo quedarían las dos torres que se construirían, se presentó el proyecto ejecutivo a la Comisión. Al inicio se solicitaban 98 millones de pesos para edificar el proyecto, pero después de negociaciones con la comisión y ajustes al plan, el presupuesto quedó en 88 millones.

“La obra inició en mayo de 2019. Estaba programada para 18 meses, máximo dos años. Es decir, el compromiso era terminar en septiembre de 2020. Incluso la constructora bromeó con que en 14 meses la terminaba, ¿qué pasó? En enero de 2020 nos dijeron que necesitaban más recursos para meterle velocidad porque iban retrasados”, explica el residente.

Los problemas

El grupo de vecinos aprobó que la Comisión diera más dinero para acelerar las obras y terminar a tiempo, sin embargo, después de haber recibido los recursos pasó lo contrario.

En agosto del mismo año, la Comisión identificó un déficit de 9 millones de pesos en el dinero usado por la constructora, por lo que se decidió cerrar el flujo de dinero hasta que la empresa comprobara el empleo de los recursos, sin embargo, los documentos no fueron suficientes.

“Incluso ahí metieron facturas de cosas que nosotros (dueños de los departamentos) compramos. Como sabíamos que no íbamos a tener pisos ni cocinas adquiridas con el dinero de la Comisión, nosotros decidimos comprarlos y pagar para que lo colocaran. Fueron alrededor de un millón de pesos. Dejamos que las usaran para deducir el IVA, pero no para justificar los gastos. Ahí notamos las prácticas poco éticas”, detalla.

A esto se sumaron retrasos en la entrega del inmueble. Se firmaron cinco documentos entre la empresa y los afectados con compromisos de nuevas fechas de conclusión de la obra, justificando que sin los recursos del organismo la empresa no podía avanzar en la construcción. “Para diciembre de 2020 esto era una broma de mal gusto, porque no se había terminado ni la estructura de la torre A”, agrega.

El último voto de confianza se dio en enero de 2021, cuando se pidió más dinero para comprar calentadores y terminar la obra. Los vecinos accedieron a hacer la solicitud a la Comisión y aceptaron que se dieran los recursos, “pero no los compraron, ni nada de lo que decía en la lista. Sólo adquirieron nueve calentadores de 53. Esa fue la última vez que aceptamos confiar en ellos”, explica.

Al hablar con la constructora ellos argumentaron problemas con el proyecto que el residente confirma que sí existieron, como no incluir en los costos el cable, omitir partes de la estructura o no presupuestar patios de los departamentos extra que ayudarían a la Comisión a recuperar los recursos. Al no estar incluidos en el plan, la constructora decidió no edificarlos.

"No revisaron el presupuesto, aceptaran que la Comisión les rebajara el presupuesto original, después el estructurista tuvo a bien ampliar algunas trabes por tema de seguridad y dices bueno, si el estructurista lo dice se hace, pero el contrato era muy específico en el tema. Cualquier modificación del proyecto que implique un impacto económico se tiene que detener la obra y hablar con la Comisión, pero no lo hicieron… nunca asumieron su responsabilidad en la mala administración", detalla.

La simulación de entrega

En agosto la constructora prometió terminar la obra para realizar la ceremonia de entrega el 19 de septiembre, cuatro años después del terremoto, lo que llevó a que de un día para otro se aceleraran la labores.

“Se dejó venir un ejército de trabajadores y en cosa de tres semanas dieron un levantón impresionante, pero fue simulado”, dice. Se planeó un recorrido para las autoridades y en esas zonas sí se terminó la construcción. Incluso el interior de dos departamentos fue acabado en su totalidad, pero el resto se mantuvieron cerrados con llave porque solo estaba el cascarón.

Cuando los residentes se dieron cuenta de la situación, la constructora prometió que tras la fecha se continuaría con el mismo ritmo y se terminaría el 23 de octubre, pero al día siguiente los trabajos decayeron y la fecha prometida se retrasó hasta nunca llegar.

El relevo

En noviembre, los vecinos cansados de la situación le pidieron a la Comisión para la Reconstrucción que interviniera. Ellos pidieron a la constructora Reyval Arquitectos que terminara los departamentos que se vendieron para recuperar los recursos. Para entonces sólo 13 de las 40 unidades estaban listas.

Tras dar las entregas se encontraron problemas de la construcción estructural que poco a poco se fueron solventando, sin embargo, se identificaron más en el resto de la obra. Reyval tuvo la tarea de realizar un conteo de lo que faltaba por construir y encontraron un déficit de 10 millones de pesos, ya que lo terminado por Oyameles solo estaba colocado de manera provisional.

Para finalizar el proyecto, la constructora Loros entró al proyecto para terminar los faltantes, “Ahorita sí ya están entregados todos los departamentos, pero nunca se terminaron de pagar los elevadores, por ejemplo, entonces se está negociando. Nunca impermeabilizaron las azoteas y cuando empezaron las lluvias se inundó toda la azotea y llovía dentro de los elevadores y demás. Se ve todo muy bonito, pero lo empiezas a rascar y encuentras filtraciones, tuberías rotas, partes inconclusas…”.

Desde entonces la primera constructora no ha estado en contacto con los vecinos, quienes buscan tomar medidas legales. “A pesar de que nos han mantenido el apoyo de renta a las personas que no viven acá (sólo 115 de 40 se han venido a vivir por las condiciones), pero al final no resuelve totalmente el tema de la vivienda, lo que ha representado gastos económicos extra. Se han aventado cinco años fuera de su casa pagando más”.

Jabnely Maldonado Meza, titular de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, explica que en el caso de Pacífico 223 se identificaron omisiones y faltantes en el catálogo de conceptos por lo que se requirieron más recursos para concluirla, también se alargó muchísimo el tiempo en el que se debió haber terminado el edificio, por lo que en un diálogo con las familias tomaron la determinación de que otra constructora terminara la obra”, explica.

El caso ya está siendo analizado por la Contraloría General de la Ciudad de México, en la que,a través del laboratorio de obras, revisan el contrato y la comprobación de los reportes financieros, “emiten un dictamen para que nosotros hagamos el cierre con esta primer aempresa y se sancione por el tiempo de retraso. También nos acompañamos por la Consejería para hacer estos procesos judiciales”, explica.