El Tren Maya cambia de plan: podrá recibir hasta 80% de dinero público
CIUDAD DE MÉXICO. El gobierno federal cambió el plan de financiamiento previsto originalmente para el Tren Maya, que buscaba una participación de 90% de recursos privados y 10% públicos. Ahora se maneja la posibilidad de que 80% del proyecto se financie con dinero público, de acuerdo con declaraciones del Rogelio Jiménez Pons, director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, publicadas este martes por el periódico El Economista.
El funcionario federal dijo que el cambio se da por instrucciones de Andrés Manuel López Obrador.
Agregó que se dará una buena noticia en cuanto a la rentabilidad del proyecto, pues el turismo está repuntando en ingresos y el sureste es una zona que urge salvar en esa materia.
Ya desde octubre, Jiménez Pons comentó que la participación de recursos presupuestarios en el proyecto del Tren Maya podía aumentar de 10% hasta 40% para evitar un alto endeudamiento.
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El gobierno federal estima una cifra de 120,000 a 150,000 millones de pesos para la construcción de la ruta de casi 1,500 kilómetros a través de cinco estados con un total de 18 estaciones.
En octubre también había informado que acudiría al Banco Interamericano de Desarrollo para buscar créditos para el proyecto.
Las negociaciones con dueños de ejidos se han complicado en los últimos meses. Y es que gobierno federal necesita tierras para derechos de vía y estaciones, y también para los desarrollos inmobiliarios que se edificarán alrededor de cada estación.
En el caso de los terrenos para los desarrollos, el gobierno planea asociar a los ejidatarios bajo la Fibra (fideicomiso de inversión en bienes raíces) del Tren Maya, que inicialmente se buscaba lanzar en la Bolsa Mexicana de Valores este mismo año. No obstante, ante el retraso en las negociaciones, Jiménez Pons ha dicho que la colocación se retrasará a finales de 2020 o principios de 2021.
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En ese sentido, el titular de Fonatur mencionó a El Economista que de no convencer a los ejidatarios de integrarse al proyecto, se optará por modificar planes de vía y de estación. Se refirió específicamente al ejido de Bacalar, donde se busca incorporar 1,000 hectáreas de terreno, no como expropiación sino como asociación la fibra. Con ello, los ejidatarios rentarían a quienes inviertan en el desarrollo inmobiliario que se edificará alrededor de la estación.
La consulta indígena sobre el proyecto -que mandata la ley- se llevará a cabo el 14 y 15 de diciembre. La primera etapa, de asambleas informativas con las comunidades, finalizó el domingo pasado.
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El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que si los pueblos indígenas rechazan la obra, ésta no se realizará. No obstante, en agosto se licitó el primer contrato, correspondiente a la ingeniería básica del proyecto. Desde entonces también se han adjudicado contratos para llevar a cabo estudios preliminares y conceptos arquitectónicos de diversas estaciones del tren y sus polos de desarrollo; así como la asignación de los contratos para los estudios de capacidad de carga turística y de seguridad de la ruta.
