El Tren México-Querétaro enfrenta un futuro sin claridad

“El anuncio es positivo, pero deja preguntas porque si se estructura mal, se licita mal y se adjudica mal va a traer más problemas que beneficios“, considera Ignacio García de Presno, socio líder de Asesoría en Infraestructura de KPMG en México.

Menciona que todavía falta información, ya que aunque se entiende que será un proyecto con las mismas condiciones en que fue planteado en el gobierno federal pasado, todavía no se ha aclarado si es así.

Además, refiere que deberán actualizarse los estudios de la obra.

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“Porque incluso en la administración anterior se cuestionó mucho qué tanto estudios se hicieron, la preparación y demás, por lo que sí creemos que tienen que actualizarse estudios técnicos y ambientales“, comenta.

Roberto Ballinez, director ejecutivo senior de deuda subnacional e Infraestructura de HR Ratings, coincide en que el anuncio de reactivar la obra es positivo porque como cualquier proyecto de infraestructura generaría una derrama económica y, en este caso, impulsaría la zona del Bajío, pero asegura que deberá avanzarse en su planeación y ejecución de manera ordenada.

Dicho proyecto, como fue planteando en el sexenio pasado, tendrá un trazo de 210 kilómetros, dos terminales (una en Buenavista y la otra en la ciudad de Querétaro) y correrá a una velocidad máxima de 300 kilómetros por hora, completando el recorrido en 58 minutos, según el documento “Memoria documental. Construcción del Tren Rápido Querétaro-Ciudad de México“.

Sin embargo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), quien tendrá a su cargo la obra, menciona que la reactivación de este proyecto surgió a raíz de una propuesta de la iniciativa privada, por lo que se desarrollaría mediante una concesión.

Hasta ahora, aclara, la IP todavía no presenta el proyecto en general, por lo que se desconoce si tendrá variaciones respecto a la obra que fue licitada en el sexenio pasado.

En noviembre de 2014, el ex Presidente de México, Enrique Peña Nieto, revocó el contrato que asignó para dicha obra, mediante licitación pública internacional, al consorcio liderado por China Railway Construction Corporation (CRCC) por 58 mil 820 millones de pesos.

Finalmente, en 2015, el proyecto se canceló indefinidamente después de que se supiera que Constructora Teya de Grupo Higa, propiedad de Armando Hinojosa y parte del consorcio ganador del contrato del tren, había vendido a la ex Primera Dama Angélica Rivera, la llamada "Casa Blanca".

La concesión genera dudas

Además de la falta de información actualizada sobre el proyecto, la previsión de que se vaya a construir mediante una concesión genera dudas, porque las obras ferroviarias generalmente no se ejecutan con recursos privados, sino públicos, apunta García de Presno.

“Se necesitan estudios profundos económicos y financieras porque no hay muchas concesiones o prácticamente no hay concesiones de trenes de pasajeros en el mundo porque la inversión es tan grande que el boleto no paga la infraestructura, la operación y mantenimiento“, menciona.

En el mundo este tipo de trenes se ejecutan con inversiones mixtas (recursos públicos y privados) y “el único referente que tenemos del tren de pasajeros completamente concesionado es el Tren Suburbano (que va de la Ciudad de México al Estado de México) y recordar que tiene una cantidad importante de recursos de Fondo Nacional de Infraestructura y sigue sin tener ganancias“.

Sin embargo, Ballinez considera que no existe información detallada al respecto y asegura que todavía se desconoce si este también será un proyecto para mover carga.

“Si dentro del proyecto se contempla la parte de carga, pudiera ser mucho más atractivo“, agrega.

Asimismo, considera que iniciar la obra en junio de 2021, como se plantea, es una fecha próxima, pero opina que lo más importante es que el proceso se haga de una forma correcta, transparente y con certeza jurídica.

García de Presno coincide en que esa fecha de arranque es precipitada para una obra de tal magnitud, ya que implicaría realizar en seis meses estudios y un proyecto ejecutivo.

Por otra parte, recuerda que el proyecto no fue cancelado por cuestiones técnicas, sino por irregularidades, pero la revocación del contrato al consorcio que había resultado ganador, podría generar resistencia de las empresas internacionales a participar, por la incertidumbre de que haya respeto al marco normativo.

“Si quieren que invierta 51 mil millones de pesos, pero en el año cuatro me vas a cambiar las reglas, eso es lo que de alguna manera está desincentivando la participación privada en el sector infraestructura. Hace dos años se canceló el aeropuerto de Texcoco, está el tema de las energías renovables con cambio de reglas“, menciona.

Por eso, considera que el Gobierno federal deberá hacer una licitación transparente.

Ballinez añade que esperaría que las bases y proyectos ejecutivos de esta obra fueran nuevas, por una sana práctica, ya que es probable que las empresas que participaron en la licitación pasada, volverán a hacerlo.