“Decidimos conjuntamente ejercer nuestro derecho de acceso a la justicia, debido a las violaciones a nuestros derechos humanos fundamentales, como el acceso a un medioambiente sano para nuestro desarrollo y bienestar, ocasionando por los graves impactos ambientales y sociales”, informaron en un boletín.
La construcción de este tramo inició en junio pasado, a cargo de las empresas Operadora CICSA y FCC Construcción,. Se estimaba que las obras durarían 28 meses y costarían 18,000 millones de pesos.
En caso de que el amparo resulte favorable para la demanda de las comunidades, el Fondo del Fomento al Turismo (Fonatur) tendría que cambiar la ruta del Tren Maya, opción a la que ha estado abierta la institución en caso de que se demostrara que su edificación tuviera repercusiones negativas en la zona. Sin embargo, la dependencia no ha querido realizar más comentarios al respecto.
