“Frente al escenario que estamos viviendo, representa una muy buena estrategia ya que el gobierno federal no tendría que desembolsar esos recursos a través del Fonadin y Capufe para emprender esas acciones. La rehabilitación y operación se la deja al privado y es el privado el que corre el riesgo y aunque corra riesgo se debe comprometer a cumplir ciertos estándares”, detalla.
La zona, por las condiciones climatológicas que provocan un ambiente húmedo, caluroso y con inundaciones, podría demandar mayores recursos para su conservación y, aunque Caminos y Puentes Federales (Capufe) cuenta con la experiencia técnica para llevarlo a cabo, como indica la SCT, podría haber dificultades en obtener los recursos necesarios.
“Es un tema de prioridades. ¿Hoy por hoy tienes recursos para hacerlo? Pues hazlo, pero no, hay otras necesidades que pudieran demandar esos recursos. El tema es la eficiencia de la asignación”, considera Roberto Ballinez.
La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) que representa a empresas del sector privado, también lamenta la decisión de no llevar a cabo la APP, aunque considera que lo fundamental es que el gobierno invierta en infraestructura carretera.
“Entendemos que el gobierno de alguna forma quiere tomar el control a partir del Estado de una serie de infraestructuras y si tienen los recursos suficientes o se puede hacer de financiamiento directamente para que se construya la infraestructura, yo creo que todos los ciudadanos van a estar de acuerdo”, dice Eduardo Ramírez Leal, presidente nacional de la CMIC.
