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Estas son las claves sobre las irregularidades señaladas al Tren Maya por la ASF

La Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por gastos injustificados por 135 mdp y dudas en la rentabilidad y la planeación. Fonatur responde que cumple con la normatividad.
lun 22 febrero 2021 01:04 PM
tren maya
La Fonatur dijo actuar con transparencia.

Uno de los proyectos más grandes y caros de la actual administración federal, el Tren Maya , presentó irregularidades en la fiscalización de la Cuenta Pública 2019, informó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La dependencia a cargo del proyecto emblemático es el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), debido al carácter turístico de la obra, que se construye en el sureste del país, por lo que se le realizaron siete auditorías al respecto.

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En ellas, la entidad fiscalizadora encontró inconsistencias en la planeación del proyecto, en la consulta realizada a comunidades indígenas que viven en la zona, su rentabilidad y costos injustificados —que debe aclarar en 30 días hábiles después de que se notifiquen los informes individuales— por un monto total de 135 millones 389,793.21 pesos.

Fonatur respondió que “entregó en su debido momento las respuestas a las pre-recomendaciones y resultados emitidos por la ASF. La ASF dictaminó las respuestas remitidas por parte de Fonatur, aunque dichos insumos no fueron incluidos en su totalidad en el informe para valoración pública”.

Los 135 millones sin justificar

Injustificación de adjudicación: el Fonatur celebró el contrato No. C-TM-008/2019 por prestación de servicios de ingeniería básica con las compañías Key Capital, Senermex Ingeniería y Sistemas, Daniferrotools, así como geotécnia y supervisión técnica.

Sin embargo, la auditoría señaló que la adjudicación se realizó sin justificación, ya que se realizó bajo la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, cuando, por su naturaleza, debía estar apegada a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Gastos injustificados: respecto al mismo contrato, la ASF también detectó una incorrecta integración de precios unitarios equivalente a 50 millones 270,000 pesos en el contrato.

Es decir, el importe total que debe cubrirse al contratista por concepto terminado y ejecutado de acuerdo al plan. “El precio unitario se integra sumando todos los cargos directos e indirectos correspondientes al concepto de trabajo, el cargo por la utilidad del contratista y aquellos cargos adicionales estipulados contractualmente.”, indica la Secretaría de Gobernación (Segob).

Además de una duplicidad en pagos del personal directivo y técnico detectada, que generó un pago indebido de 8 millones 888,800 pesos.

Por las irregularidades detectadas en el contrato de ingeniería básica, la ASF considera que hubo pagos injustificados por deficiencias en los servicios a cargo del contrato C-TM-005/2019 –adjudicado a la empresa Mextypsa– por un importe de 33 millones 74,100 pesos.

También señaló que hubo 6 millones 208,400 pesos en gastos innecesarios por la falta de trazo en la determinación de derecho de vía.

Además, la ASF también consideró que el pago de 2 millones 732,800 pesos, en la contratación de asesoría legal externa fue injustificado, ya que podrían haber acudido con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

En la auditoría también se observó la falta de comprobación y justificación de un pago de 14 millones 953,300 pesos por un estudio de telemetría con duración de 43.6 minutos.

Otras anomalías expuestas por la ASF tienen que ver con pagos en exceso sin verificar en un contrato no especificado por 4 millones 249,000 pesos, y la falta de un dictamen que justifique la firma del contrato C-TM-006/2019, entre el Fonatur y ONU Habitat, por un monto de 1 millón 823,300 pesos.

En el documento de prestación de servicio se describe la asistencia técnica de la Organización de las Naciones Unidas en el desarrollo de un programa integral territorial de la región sureste, además de insumos estratégicos para fortalecer la integración de las vocaciones económicas de las micro regiones.

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Confusión en la planeación

Rentabilidad: también se señaló que, a pesar de que la empresa PwC realizó los estudios de Costo-beneficio sobre la rentabilidad del proyecto, estos se llevaron a cabo por cada uno de los siete tramos que componen el Tren Maya, y al no realizarse de manera integral, se desconocen los resultados del total del proyecto.

Además, al realizarse modificaciones a la ruta del Tramo 4, denominado Golfo 3 Izamal-Tulum, se presentaron cambios en la rentabilidad del proyecto y su valor disminuyó 8% (16,602,424.4 pesos menos).

También se señaló que respecto a la demanda para el transporte de pasajeros, “algunos supuestos establecidos tampoco fueron razonables”, debido a que en el análisis se incluyó demanda adicional que podría presentarse en 18 polos de desarrollo vinculados al proyecto”, además que las modificaciones a la ruta podrían influir en este factor, ya que al haber mayor tiempo de recorrido podría desincentivar su uso.

La ASF consideró que las observaciones ponen en riesgo la viabilidad financiera del proyecto, ya que la sobrestimación en la demanda podría repercutir en variaciones significativas respecto a la viabilidad.

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Sin visión integral del proyecto: la ASF señaló que la Fonatur, en 2019, no dispuso de un programa regional con el análisis del estado actual de las problemáticas; “dicha deficiencia, impidió articular la visión integral del proyecto, lo que podría ocasionar riesgos programáticos y operativos”, indica el ente fiscalizador.

Sin cuantificar: la dependencia realizó estudios previos para identificar los problemas de la zona en donde se construirá el Tren Maya, y así justificar su edificación. Entre los resultados dijeron encontrar que la región sureste no cuenta con infraestructura requerida para detonar la actividad turística.

Además, identificó que la pobreza, alta dispersión poblacional y los costos elevados de transporte eran un obstáculo para mejorar el desarrollo económico de la zona.

No obstante, en ninguno de los estudios de inversión se cuantificó los bienes y servicios demandado de la región “lo cual impidió conocer la importancia y la magnitud de las necesidades de los usuarios”, además de que los datos respecto a la oferta turística no estuvieron actualizados, por lo que la Auditoría calificó de “incompleto” al análisis.

Comunidades indígenas: uno de los compromisos del gobierno federal fue priorizar el derecho a la consulta y consentimiento previo de la población maya de la zona. Por lo que la Fonatur creó una estrategia de cinco fases para estar en contacto con las comunidades y realizar la consulta. En octubre de 2020 se señaló que ya se había informado información y continuaban en la etapa informativa.

Sin embargo, la Auditoría señaló que no se evidenció el programa o proyecto que estableciera las fechas del plan, por lo que se desconocieron los alcances. Tampoco se mostraron mecanismos para corregir y mitigar los riesgos de la inconformidad, como dificultades en el desarrollo de las obras.

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