La última suspensión que recibió el proyecto ocurrió en febrero de este 2021, luego de que Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administración con sede en Yucatán respondiera una queja del Fonatur, que la dependencia brindó como respuesta al amparo ganado por las organizaciones el Centro de Justicia y el Derecho Internacional, Kanan Derechos Humanos y Múuch’Xiinbal, quienes dijeron representar a las comunidades indígenas del estado.
Pero las autoridades del proyecto han rechazado esta versión; “aclaramos que, si bien algunos de los quejosos pertenecen a alguno de los pueblos indígenas del sureste, los amparos fueron concebidos, escritos y presentados por organizaciones de la sociedad civil que no los representan”, dijo Fonatur a través de un comunicado.
La dependencia considera que el procedimiento de consulta indígena ha ayudado a tener un acercamiento con los poblados de la zona; “Fonatur no busca minimizar los juicios de amparo interpuestos contra el proyecto, si no aclarar la falsa narrativa que los pueblos indígenas se están amparando contra el proyecto. La Consulta Indígena dio pauta a un proceso de diálogo permanente, frontal, transparente y circular con las comunidades indígenas, al cual se le dará continuidad a través de la fase de seguimiento de acuerdos, acompañado por el Comité Técnico Interinstitucional”.
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