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El COVID-19 y la inseguridad afectan los ingresos del sector carretero

Al cierre de 2020, la toma de casetas provocó una pérdida de 3,600 millones de pesos para estas vías de comunicación.
mié 17 marzo 2021 05:00 AM
Road through the Tehuacan-Cuicatlan Biosphere Reserve in Mexico
La actual red nacional carretera en México abarca 397,312 kilómetros, de los cuales 51,418 kilómetros son de propiedad federal y 129,350 kilómetros estatal.

El sector carretero en México se enfrenta a múltiples baches. La crisis sanitaria provocó un descenso de 23% en el aforo de vehículos de autotransporte, mientras que el rubro de pasajeros se desplomó 68.2%, de acuerdo con datos de Caminos y Puentes Federales (Capufe).

Sin embargo, la pandemia de COVID-19 no solo ocasionó la disminución del tránsito, también golpeó el pago de peaje de carreteras. Al cierre de 2020, los ingresos de Capufe se desplomaron más de 40%, al ubicarse en 19,516 millones de pesos. Este quebrando es el primero que se reporta en los últimos seis años.

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Fernando Gómez, analista de infraestructura y transportes, atribuye esta caída a una menor afluencia de automóviles particulares en las carreteras por diversos factores.

“La pandemia ocasionó que muchas personas trabajaran en casa, entonces no tenían necesidad de salir salvo para lo más necesario y a esto se sumó que tampoco salieron de vacaciones por las restricciones sanitarias provocando un impacto no solo en el sector carretero, también turístico”, precisa.

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Huachicolero carretero sin freno

La toma de casetas o también conocido como huachicoleo carretero deja pérdidas millonarias y el delito va en aumento. Al cierre del año pasado se reportó un quebranto superior a los 3,600 millones de pesos en todo el país por esta actividad ilegal, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial (AMCIV).

El millonario desembolso es el más alto desde que se tiene registro y los concesionarios temen que los grupos dedicados a esta actividad ilegal crezcan.

Víctor Hernández, analista independiente de infraestructura pública, comenta que la toma de casetas y la petición de una “aportación” tiene un trasfondo social que por años se ha dejado desatendido y mientras no se ponga el foco de atención el delito persistirá.

“La problemática tiene sus raíces en movimientos sociales que recurren a esta medida para que cierta exigencia sea visibilizada o atendida y con esto no se debe confundir que está bien realizar la práctica, al contrario, se transgrede el derecho al libre tránsito, pero es importante diseñar mecanismos jurídicos que permitan dar una solución inmediata”, agrega.

 

La actual red nacional carretera en México abarca 397,312 kilómetros, de los cuales 51,418 kilómetros son de propiedad federal y 129,350 kilómetros estatal, el resto se divide entre caminos de cuota, libre, rural y brechas mejoradas.

En el segmento de cuota existen 10,794 kilómetros, en los que para poder circular los transportistas y usuarios en general deben pagar tarifas de caminos y puentes, que a partir del 3 de febrero de 2021 el Fondo Nacional de Infraestructura ajustó 3% promedio.

Las entidades donde más tomas de casetas se reportan son Estado de México, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Sinaloa y Sonora.

El 15 de diciembre la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa que reforma la Ley de Vías Generales de Comunicación, en la que se propuso sancionar con hasta siete años de cárcel y 43 mil pesos en multas a quien resulte responsable por la toma de casetas con fines lucrativos.

“El costo que tiene la toma de casetas es muy alto: los concesionarios pierden dinero y los recursos que se obtienen de las aportaciones obligatorias de los usuarios no son fiscalizados, por lo tanto se quedan en manos de estos grupos”, añade Fernando Gómez, analista de infraestructura y transportes.

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Con el arma en el camino

El último factor que se suma a la ecuación es la delincuencia organizada que afecta de manera directa a los automovilistas y transportistas, ya que se pone en riesgo su integridad y de manera indirecta los ingresos de los concesionarios de carreteras.

Dentro de la lista de los lugares con mayor incidencia delictiva se encuentran el Libramiento Sur de Celaya, la Autopista Salamanca Celaya y la carretera Pénjamo-Irapuato-Guanajuato, además de la Carretera Orizaba-Veracruz, y la Carretera La Antigua-Veracruz- Sayula de Alemán.

De 2015 a enero de 2021, el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) reportó 63,016 denuncias por robo a transportista, de los cuales 81% fueron con violencia. El año en que se registró la mayor cantidad de carpetas de investigación fue en 2018, con 13,068.

A pesar de que la tendencia se había mantenido al alza, al cierre de 2020, la autoridad tuvo conocimiento de 9,527 averiguaciones previas.

En enero de este año, se abrieron 701 denuncias, de acuerdo con el SNSP y las cifras de febrero se conocerán a finales de este mes.

Víctor Hernández, analista independiente de infraestructura pública, manifiesta que la percepción de inseguridad ocasiona que los mexicanos dejen de transitar por ciertos lugares y por ende los concesionarios pierden esos ingresos.

“La mancha de los grupos delictivos creció en los últimos años por todo el país y la alternativa de algunos automovilistas particulares fue dejar de transitar por esas zonas, sin embargo, el autotransporte no puede hacer eso, entonces se vuelve un círculo vicioso porque ese sector pierde dinero por los daños a su personal y a la mercancía, y también los concesionarios de carreteras”.

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