Al finalizar el gobierno actual, el pago total conforme el descuento acordado, será de 57,252 millones de pesos, es decir, se ahorrarían 10,106 millones de pesos; "nos va a alcanzar para construir cerca de 400 cuarteles de la Guardia Nacional", explicó AMLO.
Los pagos que se deben realizar a las empresas que administran las prisiones es mensual, sin embargo, Rosa Icela Rodríguez explicó que los montos correspondientes de enero a marzo han sido retenidos, y no se entregarán hasta que se formalicen los nuevos convenios.
Los cambios en los contratos se realizaron luego de que el presidente de México diera a conocer que se pagaba alrededor de 16,000 millones de pesos anuales al sector privado, por el manejo de prisiones federales, lo que resultaba en un costo por persona privada de su libertad (ppl) de 3,500 pesos al día, en promedio; "es un hotel de gran lujo, esto es lo que tenemos que enfrentar", mencionó el 13 de enero.
Su primer propuesta fue eliminar estos acuerdos en su totalidad y de no lograr negociar con las compañías involucradas, se elaboraría una demanda civil. Un mes después, el 12 de febrero, AMLO informó que ya se buscaba un descuento de 20% en los pagos anuales.
A inicios de marzo, Capital Inbursa dijo a Obras y Expansión que los penales bajo este esquema pueden ayudan a reducir el problema de hacinamiento que presentan otras prisiones del país; "su estructura está desaprovechada por la baja utilización de la capacidad para la cual fueron solicitados y construidos", declaró.
Rosa Icela Rodríguez comentó que , en promedio, la ocupación de los ocho centros penitenciarios llega a 61%.
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Antes de la información dada a conocer por el gobierno federal en las conferencias matutinas, se tenía poca información sobre lo estipulado en los contratos, Organizaciones como Documenta han buscado información y, hasta el momento, estos son los datos que se han dado a conocer:
Fueron firmados para tener una duración de 22 años.
- La empresa es encargada de dar el terreno, construir y proveer servicios como alimentación, salud y programas de reinserción.
- La seguridad y custodia siguen a cargo del gobierno.
- Las autoridades deben pagar a la empresa una cantidad anual fija, sin importar el número de personas privadas de su libertad en el interior.
- Al terminar el contrato, el edificio pasa a ser propiedad de la compañía. En caso de que el gobierno lo quiera, debe comprarlo.
- Sólo dos de las empresas que actualmente administran las prisiones participaron en la adjudicación desde el inicio. El resto adquirió los proyectos mediante otros procesos.
- En 2020, en todas los penales de APP, hubo 12,284 personas recluidas.
- Cada uno de los contratos fue firmado por 270,000 millones de pesos, aproximadamente.
María Sirvent fundadora de la organización, detalló en entrevista el mes pasado que la importancia del esquema no radica en cuánto cuesta mantener a las personas privadas de la libertad, si no, que se garanticen sus derechos humanos y reinserción social. Así como la ubicación y estructura de los penales.
"Yo no volvería a firmar este tipo de contratos. En México no ha funcionado. Para justificar los recursos, las empresas construyeron grandes infraestructuras con dispositivos de seguridad robustos, que me parece no son el modelo ideal de prisión. El Comité de la Cruz Roja ha recomendado hacer penales chicos y cerca de las comunidades. Hasta Joe Biden (presidente de Estados Unidos) quiere cancelar las cárceles privadas”, dijo Sirvent.
