La batalla del gobierno por cancelar contratos para prisiones apenas comienza

El 13 de enero del 2021, AMLO dijo en su conferencia matutina que eliminaría las concesiones debido a que el costo diario por cada persona recluida en los centros era de 3,500 pesos diarios; “es un hotel de gran lujo, esto es lo que tenemos que enfrentar”, dijo, y agregó que de no llegar a un acuerdo, se elaboraría una demanda civil para dar finalizada la relación con la IP, ya que consideraba los pagos como un abuso.

Un mes después del primer anuncio, el 12 de febrero, AMLO retomó el tema y dijo que, en conjunto con la Secretaría de Seguridad, busca un descuento de 20% en los pagos que deben realizarse anualmente, para lograr un ahorro de 3,000 millones de pesos.

Las empresas que son parte de este acuerdo de Asociación Público Privada son EXI Quantum, empresa de gestión de infraestructura, que administra los Ceferesos de Sonora y Guanajuato. En el mismo estado, Black Rock también opera un penal.

Concesionaria de Infraestructura Penitenciaria en Michoacán provee un centro de reclusión en el estado. La constructora GIA, está a cargo de una prisión en Oaxaca, en tanto que Capital Inbursa gestiona el penal femenil de Morelos y uno en Chiapas.

Esta última, empresa que forma parte del conglomerado de negocios de Carlos Slim, dijo a Obras y Expansión que los penales bajo este esquema pueden ayudar a reducir el problema de hacinamiento que presentan otras prisiones del país.

También, aclararon que la compañía ni ninguna relacionada participó en la adjudicación de los contratos. Estos fueron pactados con Grupo Homex en 2010, sin embargo, tres años después la empresa tuvo problemas financieros y pasaron a ser pago de deuda con Banco Inbursa.

Por otro lado, GIA, dijo que no harían declaraciones por el momento ya que las firmas se encuentran en negociaciones con el gobierno federal.

Radiografía del contrato

A pesar de la voluntad del gobierno y del negocio fallido , cancelar los contratos será bastante complicado y podría representar grandes costos, explica María Sirvent, directora de Documenta, organización civil que busca un sistema de justicia respetuoso con los derechos humanos.

Sin embargo, estas penalidades no se conocen porque hay poca transparencia en los contratos bajo el argumento de estar resguardados por razones de seguridad. La información que se conoce ha sido recolectada por la asociaciones y, recientemente, revelada por el gobierno federal. Estas son las claves:

• Fueron firmados para tener una duración de 22 años.
• La empresa es encargada de dar el terreno, construir y proveer servicios como alimentación, salud y programas de reinserción.
• La seguridad y custodia siguen a cargo del gobierno.
• Las autoridades deben pagar a la empresa una cantidad anual fija, sin importar el número de personas privadas de su libertad en el interior.
• Al terminar el contrato, el edificio pasa a ser propiedad de la compañía. En caso de que el gobierno lo quiera, debe comprarlo.
• Sólo dos de las empresas que actualmente administran las prisiones participaron en la adjudicación desde el inicio. El resto adquirió los proyectos mediante otros procesos.
• En 2020, en todas los penales de APP, hubo 12,284 personas recluidas.
• Cada uno de los contratos fue firmado por 270,000 millones de pesos, aproximadamente.

Más allá del contrato

Para María Sirvent, el problema no es cuánto cuesta cada persona recluida, sino la poca información respecto al acuerdo acerca del cumplimiento de sus obligaciones.

“Si dar una buena alimentación, si garantizar la salud, todos los derechos humanos, salud,programas de reinserción, cuesta equis cantidad, eso es lo que cuesta. Lo que sí pongo sobre la mesa es que el gobierno paga una cantidad a las empresas y en algunos penales tenemos documentado que no se garantizan servicios mínimos”, explica”.

La organización tiene documentado que hay casos en los que es la familia la que tiene que pagar por atención médica o comida.

Otro de los inconvenientes de origen es la ubicación de los centros de reclusión. Generalmente se encuentran en zonas alejadas de las ciudades, lo que dificulta desde la visita de familiares hasta la llegada de trabajadores.

“Yo no volvería a firmar este tipo de contratos. En México no ha funcionado. Para justificar los recursos, las empresas construyeron grandes infraestructuras con dispositivos de seguridad robustos, que me parece no son el modelo ideal de prisión. El Comité de la Cruz Roja ha recomendado hacer penales chicos y cerca de las comunidades. Hasta Joe Biden (presidente de Estados Unidos) quiere cancelar las cárceles privadas”, dijo Sirvent.

Aunque es complicado que se logre deshacer los acuerdos, en caso de lograrlo haría falta una estrategia más robusta; “para empezar se tendría que negociar con las empresas para quedarse con los terrenos y construcciones. En caso de que no se quede con el lugar, pensar a dónde trasladar a las personas, esto se debe saber antes de la cancelación, hay que tener certeza jurídica”, explica.

La opción sería trasladar a las personas a las prisiones estatales, debido a que las federales han sido cerradas poco a poco. Durante esta administración se ha cerrado Islas Marías, Puente Grande y el penal de Ciudad Juárez.

El problema es que se debería garantizar que no hubiera sobrepoblación y hacinamiento, problemas que ya son graves en las prisiones.