El desdoblamiento de la Consulta indígena del Tren Maya alrededor de los municipios del proyecto, y la atención a los compromisos generados en la estrategia, ha costado 650 millones de pesos al gobierno federal.
“Con esta histórica inversión en los pueblos originarios, se ha dado atención y cumplimiento al 62% de los acuerdos levantados y firmados en cada una de las asambleas regionales realizados a lo largo de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo”, dijo Fonatur en un comunicado.
De este mecanismo se han recibido 4,632 peticiones y se ha llegado a 296 acuerdos con las comunidades.
Se han emprendido acciones en materia de agua potable, alcantarillado, ambulancias, economía social, entre otros, a través de dependencias como la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), la Conagua, el Insabi, la Secretaría de Trabajo y la Secretaría de Cultura, por lo que los recursos han provenido de estas distintas dependencias.
El plan comenzó en 2019 para conocer qué necesitaban las comunidades indígenas del sureste del país respecto a la construcción del megaproyecto ferroviario y hasta el momento se han realizado 75 asambleas en 1,140 localidades y en las que han participado 14,000 personas.
No obstante, organizaciones han solicitado amparos en contra del proyecto, con el argumento de que perjudicará la calidad de vida de los habitantes. Fonatur ha respondido a las acusaciones y desconocido a las organizaciones proveedoras de los recursos legales, como representantes de las comunidades indígenas.
