La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) siempre ha tenido un cuerpo de ingenieros con el que se encarga de edificar obra pública del país, principalmente la que se encuentra en zonas de riesgo o difícil acceso. No obstante, durante la actual administración, su participación en este sector “alcanza un nivel sin precedentes”, de acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
La Sedena ha participado en 2,823 obras públicas este sexenio
En la actual administración el involucramiento del Ejército en la construcción de infraestructura llegó a niveles históricos, de acuerdo al IMCO.
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Entre 2019 y 2023, ha participado en 2,823 obras públicas (civiles y militares), mientras que entre 2006 y 2018 se registraron 851. Es decir, este sexenio ha construido tres veces más lo edificado en los dos gobiernos anteriores.
Actualmente, a finales de 2023, el Ejército trabaja en 74 obras internas y 367 de otras instituciones. De acuerdo al IMCO, las primeras se refieren a hospitales militares regionals, cuarteles y unidades habitacionales. Y de las segundas, 30 son puentes internacionales, 315 sucursales del Banco de Bienestar, y 22 asociadas al Tren Maya, acueductos y aeropuertos.
Si bien, la Ley Orgánica de Administración Pública Federal permite la participación de la Sedena en obras públicas, así como la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea, el IMCO identifica cinco principales desventajas: opacidad en el uso de recursos presupuestales, falta de transparencia en sus convenios de colaboración, irregularidades en la gestión de recursos, reserva de información por razones de seguridad nacional y opacidad en las subcontrataciones.
El Instituto indica que la Sedena ejerce recursos para la construcción con su propio presupuesto y el de otras instituciones. Cuando se realiza con el suyo, se ejerce a través de obras públicas en bienes propios y el Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar (FPAPEM).
En el gasto de obras públicas en bienes propios se ejerció un presupuesto de 2,449 millones de pesos en 2022, con 67% del monto transparentado, mientras que al FPAPEM fueron 36,798 millones de pesos, pero no es posible saber cómo se ejercieron los recursos.
En los recursos de otras instituciones entregados a través de convenios de colaboración, que de 2019 a 2022 significaron 191 millones de pesos, pero no todos se encuentran disponibles para consulta pública, así como tampoco los informes de avance de ejecución de las obras, detalla el IMCO en su análisis .
En la contratación a terceras empresas para terminar las obras de infraestructura, los procesos no se publican en Compranet ni en la Plataforma Nacional de Transparencia, “por lo que no se conoce el destino final del presupuesto para obras públicas que ejerce la Sedena y que otorga a las empresas constructoras!.
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