El Ejército se convierte en la gran constructora de México

Santa Lucía

En el caso de la terminal aérea, este recurso se respaldó en la urgencia de construir un nuevo aeropuerto debido a la saturación del Internacional de la Ciudad de México (AICM), además, de que en que el terreno en el que se realiza la construcción pertenece a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ya que en la zona se encontraba construida la Base Aérea Militar No. 1.

Para la edificación se creó al Agrupamiento de Ingenieros “Santa Lucía” el 22 de enero del 2019, formado por militares que ya tenían experiencia en la construcción, ya que las Fuerzas Armadas siempre han realizado edificaciones en todo el país, pero caracterizadas por ser pequeñas y ubicarse en zonas a las que las empresas no han podido acceder debido a conflictos sociales, armados o a la geografía.

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Aunque la capacidad constructiva de la Sedena se ha demostrado, así como su velocidad en la realización de las obras —en un año el AIFA lleva 53% de avance—, su participación presenta inconvenientes en materia de transparencia y contratos.

De acuerdo a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en el Artículo 42, Fracción IV, se menciona que “las dependencias podrán contratar obras públicas o servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa”, siempre y cuando se realicen con fines exclusivamente militares o su contratación mediante licitación pública ponga en riesgo la seguridad nacional.

Esta misma figura, de seguridad nacional, ha impedido que se conozcan detalles del gasto.

En 2020, el Ejército tuvo egresos de 32,175 millones de pesos en compras de materiales, suministros, contratación de servicios, bienes muebles e inmuebles, además de construcción de obras públicas. Sin embargo, en el portal de Compranet la Sedena sólo reportó contratos por 6,715 millones de pesos, del resto no hay información, dijo el medio El País en febrero de este 2021.

Mientras que el dinero registrado se llevó a cabo, en su mayoría, por medio de asignación directa. De acuerdo a la plataforma, 41% de los recursos del 2020, gastados por las Fuerzas Armadas, se llevaron a cabo de esta manera.

Tren Maya

Las primera sorpresa sobre la participación de la Sedena en el Tren Maya fue cuando se anunció que la dependencia se haría cargo de la construcción de los tramos 6 y 7 del proyecto.

Rogelio Jiménez Pons, director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), organismo que lleva la tutela del proyecto, dijo que el Ejército colaboraría en estas zonas debido a que eran las más complicadas por las condiciones del terreno, además de que sería más económico. Por estas características se prevé que se subcontraten a empresas privadas.

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Posteriormente también se informó que la dependencia edificará el Tramo 5 Norte del Tren Maya, luego de que se cancelara la licitación en la que participaron 10 consorcios de 52 empresas. El Fonatur comunicó que se eligió a las Fuerzas Armadas debido a que terminarían el proyecto en siete meses menos que las empresas y a un menor precio.

Y este 16 de marzo de 2021, El Financiero dio a conocer que todo el Tren Maya será patrimonio de la Sedena. Es decir, los recursos que se obtengan servirán para pagar las pensiones de los militares retirados y no Hacienda como anteriormente se realizaba.

Para su participación, también se usó el recurso de Asunto de Seguridad Nacional, dijo Jiménez Pons, debido a que en las zonas del sureste de México hay lugares de conflicto con el narcotráfico y venta ilegal de ganado. Por lo que la Sedena también podrá reservar información sobre los contratos.

¿La participación del Ejército se traduce en menos corrupción?

Una de las razones por las que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha descartado el uso de empresas constructoras para diversos proyectos federales — como la construcción de carreteras a cabeceras municipales— ha sido la corrupción.

“Ni imaginar que con el sistema de antes de contratación de obras se iba a poder terminar un cuartel en tres, cuatro meses y en 25 millones de pesos. Desgraciadamente, durante el periodo neoliberal se corrompieron también las empresas constructoras, al grado que tenían más abogados que ingenieros, porque eran muy buenos para el litigio, no para la construcción, muy buenos para el influyentismo y desde luego muy buenos para robar”, dijo en febrero de este año.

Sus alternativas son recurrir a la autoconstrucción o a la participación de los ingenieros militares. Sin embargo, administraciones anteriores han hecho lo mismo y aún así han habido irregularidades.

Entre 2007 y 2018, durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, la Sedena realizó 851 obras encargadas por administración directa. E medio de comunicación El Universal realizó una revisión a 17 de ellas y encontró que se destinaron 891 millones de pesos a contratar empresas proveedoras de bienes y servicios a más de cien empresas que tuvieron inconsistencias.

Ninguna de las empresas estuvo inscrita a un padrón de proveedores, 20 fueron creadas sólo para las obras, nueve se disolvieron después del contrato, siete no cuentan con registro en la Secretaría de Economía y tres más han sido sancionadas por la Secretaría de la Función Pública.

Asimismo, cinco estaban registrados en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como firmas que simulan operaciones, de ocho más habían socios beneficiados por programas sociales, y nueve tenían incumplimientos fiscales. Además, 70 negocios tenían direcciones falsas.