El gobierno federal ha lanzado un plan ambicioso para transformar el transporte público en las ciudades del país.
La nueva Política Nacional de Transporte Público Colectivo Urbano (PNTPCU), presentada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), promete mejorar la vida diaria de millones de mexicanos al abordar los problemas que han afectado al sistema de transporte urbano durante décadas.
Según datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), cada día los mexicanos realizan aproximadamente 130 millones de viajes, y 80% de estos se efectúan en transporte público.
La base de la PNTPCU es reconocer el transporte no solo como un servicio, sino como un derecho fundamental.
Esta nueva perspectiva implica que el acceso a un transporte público de calidad es esencial para garantizar otros derechos fundamentales como la educación, la salud y el empleo.
Para abordar la complejidad del desafío, la política propone cinco modelos estratégicos que representan diferentes niveles de integración y gestión del transporte público: esquema básico, atención básica, atención compartida, satisfacción diferenciada e interoperabilidad.
Estos modelos ofrecen un punto de referencia para que las ciudades evalúen sus sistemas actuales y trazar una ruta de mejora progresiva.
La política proporciona una metodología detallada para que las ciudades identifiquen en qué modelo se encuentran y hacia cuál deberían avanzar.
Este proceso implica un análisis profundo de dos dimensiones clave: el esquema de integración (que abarca servicios, infraestructura, información y tarifas) y el modelo de gestión.
Por ejemplo, una ciudad que opera bajo el esquema básico debería aspirar a alcanzar el modelo de atención básica, lo que implicaría cambios como la introducción de servicios de poca y mediana capacidad, una mayor coordinación entre servicios en términos de horarios y puntos de parada, y la implementación de tecnologías como GPS en los vehículos.
Aunque las estrategias no serán las mismas para todas las ciudades. Se han identificado 92 metrópolis donde residen más de 82.5 millones de habitantes, categorizándolas en zonas metropolitanas, metrópolis municipales y zonas conurbadas.
Esta clasificación reconoce la diversidad de las ciudades mexicanas y la necesidad de soluciones personalizadas.
Para las zonas metropolitanas más grandes, como la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, se contempla la implementación o expansión de sistemas de transporte masivo como metro o tren ligero.
En ciudades de tamaño medio, se priorizará la integración de sistemas de autobuses de tránsito rápido (BRT) y la modernización de las flotas existentes. Las ciudades más pequeñas verán mejoras en sus sistemas actuales, con un enfoque en la eficiencia y la calidad del servicio.
Transición del modelo "hombre-camión": Uno de los cambios más notables será el abandono gradual del sistema de concesiones individuales. Este modelo, en el que cada autobús tiene un propietario independiente, será reemplazado por sistemas más organizados y profesionales.
Integración de servicios: Se espera una mayor coordinación entre diferentes modos de transporte. Esto podría incluir la sincronización de horarios, la creación de puntos de transferencia eficientes y la implementación de un sistema de pago unificado para diferentes tipos de transporte.
Modernización de la flota: Las ciudades verán una renovación paulatina de sus vehículos de transporte público. Esto implica la introducción de autobuses más modernos, eficientes y menos contaminantes.
Implementación de tecnología: Se incorporarán nuevas tecnologías como sistemas GPS en los vehículos, aplicaciones móviles para información en tiempo real y sistemas de pago electrónico.
Mejora en la infraestructura: Se anticipan inversiones en la infraestructura de transporte, como la creación de carriles exclusivos para autobuses, mejoras en las paradas y estaciones, y la implementación de sistemas de información para los usuarios.
Adaptación a las necesidades locales: Cada ciudad implementará mejoras según su tamaño y necesidades específicas.
Mayor regulación y participación gubernamental: Se espera un papel más activo de los gobiernos locales y estatales en la planificación, regulación y operación del transporte público.
Enfoque en la seguridad: Se implementarán medidas para mejorar la seguridad de los pasajeros, incluyendo mejor capacitación para los conductores y elementos como la instalación de cámaras de seguridad en los vehículos.
Mejora en la accesibilidad: Se pondrá énfasis en hacer el transporte público más accesible para personas con discapacidades y adultos mayores.
Reducción del impacto ambiental: Con la modernización de la flota y la optimización de rutas, se espera una disminución en las emisiones contaminantes del transporte público.
Integración con la planificación urbana: El desarrollo del transporte público se alineará más estrechamente con los planes de desarrollo urbano, promoviendo un crecimiento más ordenado de las ciudades.
Tarifas más equitativas: Se buscarán esquemas tarifarios que hagan el transporte público más asequible, especialmente para los grupos de menores ingresos.
Estos cambios se implementarán de manera gradual y variarán según las características de cada ciudad. El objetivo final es crear sistemas de transporte público más eficientes, seguros, accesibles y sostenibles que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos mexicanos, dice el documento.
Sin embargo, el sistema enfrenta una serie de problemas graves que afectan la calidad de vida de los usuarios y la eficiencia de las ciudades.
Entre estos desafíos se encuentran los altos índices de siniestralidad, la saturación y obsolescencia del parque vehicular, la superposición de rutas que resulta en ineficiencias, los excesivos tiempos de traslado que afectan la productividad, la falta de capacitación adecuada para los conductores y la inseguridad.
Las estadísticas muestran una disparidad preocupante en el gasto en transporte público entre diferentes grupos socioeconómicos.
Mientras que las familias de ingresos más altos destinan en promedio 11% de su ingreso en transporte, las de ingresos más bajos gastan hasta 21%. En términos absolutos, las familias mexicanas gastan en promedio 1,011 pesos trimestrales en transporte público.
